En la Amazonía norte peruana, exactamente en el departamento de Loreto, se encuentra el puente más extenso del país. Una impresionante construcción que se erige sobre el río Nanay, como parte de un proyecto a gran escala que tiene como meta unificar las ciudades de Iquitos y El Estrecho, en la frontera con Colombia.
Sin embargo, a pesar de su envergadura y de los recursos invertidos, el puente no lleva a un lugar específico. De acuerdo a un reportaje de Associated Press —la agencia de noticias internacional— hoy en día, esta situación genera interrogantes sobre la planificación y ejecución de la infraestructura en la región, así como sobre el futuro del ambicioso proyecto de conectar puntos estratégicos en la Amazonía peruana.
Opinión de comunidades indígenas nunca fue tomada en cuenta
Iquitos —la única ciudad del país que no tiene carretera y solo se puede llegar por avión o río— es una de las ciudades más importantes de la selva peruana que ha estado históricamente aislada debido a su ubicación geográfica. La construcción del puente tenía como propósito cambiar esta realidad, pero hasta ahora no ha cumplido su objetivo inicial.
En esa línea, además de la falta de una conexión funcional para impulsar el desarrollo regional, se han develado otros problemas vinculados a las comunidades indígenas que viven debajo del puente, cuya atención no ha sido efectiva por parte del Gobierno a la fecha.
Específicamente, líderes del pueblo indígena Maijuna —cuyo territorio abarca las riberas de los ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo, Loreto— han expresado su descontento por la falta de consulta previa sobre la construcción, que ya está generando efectos negativos en su vida diaria.
“El Gobierno nunca nos consultó nada sobre la carretera, no tuvimos una consulta previa en nuestra comunidad y queremos que nuestros derechos sean respetados”, contó Artur Francis Cruz Ochoa, líder de la comunidad nativa Centro Arenal a AP.
Asimismo, la autoridad indígena advirtió sobre un aumento en el consumo de drogas entre los jóvenes de la comunidad desde el inicio del proyecto, entre otras preocupaciones que también temen quienes viven a orillas del río Sucusari. En dicho punto, 180 maijunas, que subsisten mediante actividades como la pesca, la caza y el cultivo de frutas, ven el proyecto como una amenaza para su modo de vida.
Comunidades advierten sobre incremento de invasión de tierras
Bajo el mismo contexto, las comunidades indígenas agregan que existe otro proyecto en marcha que les preocupa en gran medida. Se trata de una nueva carretera que atraviesa dos áreas naturales protegidas: Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, que suman aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados de bosque.
De acuerdo a Zoila Ochoa Garay, una ciudadana de 58 años de la comunidad indígena de Centro Arenal, expresó su desesperación frente a la situación, pues, esta ha conllevado el aumento de invasión de tierras y deforestación en sus territorios. “Desde que comenzó el proyecto de la carretera, mucha gente está invadiendo la tierra comunitaria que nos pertenece”, declaró.
Sobre ello, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) sostiene que el proyecto, si bien promete mejorar la conectividad, despierta dudas sobre sus costos ambientales y sociales que impactarían en la protección del ambiente y los derechos de las comunidades.
¿Qué dice el Gobierno?
En un comunicado dirigido a la agencia de noticias que recogió los testimonios de la población indígena amenazada, el Ministerio de Transportes defendió el proyecto, argumentando que tiene como objetivo conectar a las poblaciones a lo largo de la ruta, promover las economías locales, fortalecer el comercio y mejorar la seguridad en las zonas fronterizas.
También, la cartera señaló que, según las leyes peruanas, al ser un proyecto de infraestructura para servicios públicos, no está obligado a someterse a consulta previa con las comunidades indígenas que viven en la zona de afluencia.