Este miércoles, el Congreso de la República aprobó, con 102 votos a favor, la ley que garantiza respuestas inmediatas y adecuadas para enfrentar emergencias ambientales.
La norma surge a raíz del derrame de los 11 mil barriles de petróleo que fueron derramados al mar a través de una de las estaciones de la Refinería La Pampilla en enero de 2022, operada por la empresa Repsol, que evidenció la necesidad urgente de mejorar la capacidad de respuesta y coordinación entre las autoridades para prevenir daños ambientales mayores y proteger a la población afectada.
Ahora, con la legislación aprobada, se espera optimizar el proceso de declaratoria de emergencia ambiental, además de promover la participación de las autoridades de diferentes niveles de gobierno, así como la implementación de instrumentos específicos, para gestionar estas situaciones de emergencia de manera adecuada. La normativa se aplicará antes, durante y después de estos sucesos críticos.
¿Cuál es el impacto que tendrá?
De acuerdo a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la normativa garantizará que las respuestas ante este tipo de eventos sean “concretas, inmediatas y suficientes”.
Inicialmente, se presentaron los proyectos de ley 7002-2023-PE y 4173/2022-CR que propusieron modificaciones al régimen vigente de declaratoria de emergencias ambientales (DEA).
Estos proyectos buscaban reducir el tiempo para la declaratoria de 25 días a 24 horas tras el conocimiento del hecho, permitiendo una respuesta más oportuna y eficaz. Además, resaltaban la importancia de una coordinación multisectorial para atender tanto la salud pública como la remediación ambiental.
Asimismo, el dictamen también incluyó la creación de herramientas de planificación y gestión con un enfoque preventivo, con instrumentos como el Plan Institucional para la Atención de Emergencias Ambientales y el Plan Integrado de Acción Inmediata y de Corto Plazo, los cuales promueven una intervención planificada y seguimiento continuo de las emergencias.
Estas herramientas reducen el impacto ambiental a mediano y largo plazo, asegurando además que las acciones se monitoreen y evalúen adecuadamente.
Ley exigirá transparencia al Gobierno sobre impactos ambientales
En esa misma línea, otro punto clave es la claridad en los roles de las diferentes autoridades involucradas, pues, las entidades como el Ministerio del Ambiente, Presidencia de Consejo de Ministros, Ministerio de Salud, entre otros, tendrán roles definidos y deberán actuar con un enfoque intercultural, considerando las características de las comunidades afectadas.
Además, se establece que la información ambiental generada debe ser precisa y accesible tanto para el Ministerio del Ambiente como para la ciudadanía, promoviendo la transparencia y coordinación interinstitucional.
Amazonía, la región del país más golpeada
En el marco de la aprobación de esta ley, los especialistas en materia ambiental indican que esta podría favorecer de manera significativa en la Amazonía peruana, que solo el año pasado registró 28 emergencias ambientales de derrames de petróleo, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
No obstante, a pesar de la frecuencia de estos eventos, aún no se conoce el volumen exacto de petróleo derramado, lo cual genera inquietud sobre los posibles efectos en los ecosistemas acuáticos de los ríos amazónicos.
En ese sentido, con la nueva ley, se espera que la falta de datos precisos para la evaluación de los impactos ambientales se agilice de manera que se gestionen a tiempo las acciones de remediación y prevención.
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