La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se mostró satisfecha este miércoles ante la decisión de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenó su reincorporación como fiscal suprema titular del Ministerio Público, once meses después de que el Congreso la inhabilitara por cinco años.
“[Quiero] felicitar al Poder Judicial porque ha dado muestras de que todavía hay espacios de autonomía e independencia, porque si bien es cierto que nadie niega que el Congreso pueda hacer control político, siempre tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de la persona”, dijo en una entrevista con RPP.
Ávalos fue fiscal general de la Nación interina de 2019 a 2022. Desde su inhabilitación, en múltiples entrevistas, ha denunciado que hubo una motivación de “carácter político” y un “canje de votos” entre congresistas y su sucesora, Patricia Benavides, a cambio de cerrar investigaciones abiertas a parlamentarios.
En diálogo con la emisora, la magistrada indicó que aún no ha recibido la notificación de reposición, pero recalcó que es inmediata y no requiere otra instancia. También anunció un eventual proceso legal contra los congresistas que estuvieron detrás de su inhabilitación el año pasado. “Eso es algo que estoy evaluando, pero no quiero adelantar juicio”, dijo escuetamente.
“Una vez que tú tienes una sentencia estimatoria en primera instancia, la ejecución es inmediata. Entonces, yo supongo que el Ministerio Público tendrá que reincorporarme [...] La sentencia es de cumplimiento obligatorio. El plazo es lo que demore, pero ya es una formalidad”, siguió.
“Bueno, yo jamás estaría de acuerdo. Ya lo he dicho. Yo no creo que en el Ministerio Público las cosas están como dicen ellos. Como en toda institución, hay personas que fallan; fallan en el Congreso también, y no por eso hemos pedido una reorganización del Congreso”, afirmó.
El actual fiscal general interino, Juan Carlos Villena, manifestó a inicios de año que esta inhabilitación no fue correcta, puesto que se fundamentó en la interpretación discrecional de una norma por parte de la magistrada. “Es una decisión que no era la correcta porque se trata de una interpretación de una norma, y por ello, jueces (y) fiscales no podrían ser sancionados (…) Si uno interpreta una norma, ¿constituye delito? No”, zanjó.
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