Pese a que en el Congreso de la República los casos de los parlamentarios conocidos como mochasueldos han sido exitosamente blindados, varios de ellos no han logrado hacer lo mismo con sus casos en la vía penal; uno de ellos es el de la congresista de Alianza Para el Progreso, Magaly Ruiz, quien se encuentra en el ojo de la tormenta. El motivo de los cuestionamientos que ahora se ciernen en su contra es la revelación hecha por uno de sus exsubalternos, en la que se le vincula con un miembro de la Fiscalía de Lavado de Activos, Richard Rojas.
Según lo denunciado por Johnny Romero, uno de los investigados por el caso iniciado en contra de Ruiz por el recorte de sueldos a varios de sus trabajadores tanto dentro de su despacho como de comisiones bajo su designación; el fiscal Rojas se había contactado con la congresista por medio de su hermano, quien trabajaba en el Congreso a fin de “apoyar” a la legisladora en las investigaciones en su contra.
Y es que en el ámbito penal, las investigaciones contra Magaly Ruiz avanzan sin problema y se suman cada vez más testigos y colaboradores en su contra. Uno de ellos es Johnny Romero, quien fue acusado por un trabajador de una de las comisiones de haber pedido porcentajes del sueldo de los trabajadores a nombre de la legisladora apepista. Por estas acusaciones, Romero no solo fue despedido del despacho de Ruiz; sino también fue comprendido en las pesquisas fiscales en calidad de investigado.
El investigado Johnny Romero y la reunión con el fiscal Richard Rojas
Es tras estas acusaciones, que Romero decide, no solo admitir su injerencia en el delito de concusión por el que se investiga a Magaly Ruiz, al señalar que sí pidió un porcentaje de los sueldos de varios de los trabajadores bajo órdenes de la legisladora, pero que no se quedó con ni un sol; sino que también reveló las movidas hechas por su antigua jefa para, en primer lugar, controlar la situación, y posteriormente, para ser favorecida en el ámbito judicial, como lo hizo en el Congreso. Es en este caso en el que ingresa el fiscal Richard Rojas.
Según lo relatado por Romero, quien afirmó haber sido testigo directo de todos estos hechos, cuando aún trabajaba al lado de Ruiz, fue llevado con ella a una reunión con Rojas para asegurar el apoyo desde dentro del Ministerio Público.
Tras este hecho, Romero confirma también la realización de una reunión en la que él mismo participa en compañía de Magaly Ruiz y Richard Rojas. Para entonces, Rojas contaba con una labor interesante en la fiscalía, pues estaba a cargo de las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte en el marco del caso de los aportes ilícitos de Perú Libre; sin embargo, sus intenciones con Ruiz no comprendían precisamente la revisión de sus labores en el Ministerio Público.
Alex Rojas, el beneficiado por Magaly Ruiz
En cambio, Romero habla de una reunión en la que Rojas negoció la adhesión de su hermano menor, Alex, al despacho de la congresista con un mejor sueldo.
Dicho y hecho, posteriormente Alex Rojas, quien hasta la fecha de la reunión, marzo del 2023, trabajaba en áreas de labores menores con sueldos que no superaban los S/6.000 soles; pasó a ganar en calidad de asesor II del despacho de Magaly Ruiz un total de S/9.311 todos los meses y sin bonos. El contrato de Alex Rojas, así como el acuerdo de Ruiz con el fiscal se mantuvo hasta agosto de ese mismo año.
Sin embargo, Johnny Romero no pudo conocer más respecto a las acciones que Richard Rojas habría realizado a fin de “apoyar” a la congresista Magaly Ruiz. Ello, debido a que fue retirado del cargo en los días siguientes; pero lo que sí aclaró es que todo el encuentro del que fue testigo se encontraba ceñudamente documentado ante la Fiscalía de la Nación
“El solo nos dijo que nos va a ayudar, pero la ayuda no la especifica. Esto está contado y está evidenciado. Hay unas hojas de ruta que coinciden con todo lo narrado, estas fueron obtenidas mediante mi GPS”; corroboró el exasesor de Magaly Ruiz.
La denuncia habría calado, pues posteriormente, Richard Rojas fue sacado del área de lavado de activos y transferido a la fiscalía de Miraflores. Todo esto, durante la gestión del titular del ministerio Público, Juan Carlos Villena Campana.