Rafael López Aliaga beneficia a la PNP con las 400 motos pero sin autorización del Concejo Municipal, según especialistas

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga ha sido señalado de contravenir la Ley Orgánica de Municipalidades con el último acto para intentar cumplir al menos una de sus promesas de campaña. Ello, debido a que, luego de un intrincado proceso de contratación que fue frustrada en dos oportunidades; el titular de la Municipalidad de Lima y secretario general de Renovación Popular decidiera realizar la ceremonia de entrega de lo que debían ser 10 mil motocicletas y terminaron siendo apenas 400 y con un costo de S/ 54 mil millones de soles sin autorización del Concejo Municipal.

Según lo alertado por el periodista Wilber Huacasi, esta actividad fue celebrada el pasado 22 de marzo, en la que estuvo acompañado por tres funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Se trata del gerente de seguridad ciudadana, Abdul Miranda Mifflin; el jefe de la oficina general de administración, Pablo Paredes Ramos; y Ernesto Blanco Serrano, quien ejercía la labor de jefe de bienes e inventario.

Sin embargo, el procedimiento que fue presidido por el mismo López Aliaga no se ajustó a la normativa legal, pues no se convocó al concejo municipal para un acuerdo previo, como estipula la ley. Esta falta sería conocida por el especialista en derecho municipal Martín D’Azevedo como un proceso que podría implicar responsabilidades legales para los involucrados en la autorización de esta entrega.

La controversia respecto a esta actividad que López Aliaga tanto se esforzó en publicitar, surge alrededor de la inexistencia de este evento en la agenda de la sesión del Concejo Municipal antes de la entrega del 22 de marzo. En cambio, la decisión respecto al otorgamiento de las 400 motos para la Policía Nacional del Perú recién será revisada en la sesión de este 4 de abril.

De hecho, en conversación con el regidor Arón Espinoza, Huacasi confirmó que detalló “que nunca antes, en ninguna otra reunión similar, se abordó el tema del acuerdo para la transferencia de las motocicletas”.

Para resolver el conflicto y la palpable actividad irregular advertida por D’Azevedo, este cuerpo colegiado fue citado de manera extraordinaria recién para este jueves, con un punto en agenda relacionado con la aprobación del uso de las motocicletas por un año.

Según Martín D’Azevedo García, ha calificado este proceder como irregular. Aclaró que, bajo las normas usuales de operación, primero se debe obtener el acuerdo del concejo y luego proceder con la aprobación de este tipo de acciones. Sin embargo, López Aliaga ejecutó una movida distinta y cuestionable que tiene que ver con la aprobación “con eficacia anticipada al 22 de marzo del 2024″.

Para D’Azevedo, esta figura de la eficacia anticipada no debería ser concebida cuando se trata de bienes públicos. “En la disposición de los bienes de una entidad pública no puede haber eficacia anticipada; esa figura es para tratos entre privados, pero los bienes de una entidad pública no pueden ser entregados con eficacia anticipada y regularizarlos después”, explicó el especialista al hombre de prensa.

Por estas mismas afectaciones, Azevedo incluso explica que, mínimamente, “hay una infracción administrativa, por parte de los funcionarios que aprobaron esa entrega y que firmaron esas actas. Y si el concejo lo aprueba mañana, también van a incurrir en infracción administrativa, al estar regularizando algo que no se puede regularizar”.