La decisión del Poder Judicial de dar por sobreseídas las imputaciones de asociación ilícita y usurpación de funciones que pesaban en contra del expresidente Martín Vizcarra ha generado desazón entre los mismos magistrados de la institución. Según un informe del periodista César Romero, que confirma lo inicialmente advertido por este medio, la decisión de retirar los cargos contra el exmandatario no habría sido de agrado de los jueces, sino que se dio a raíz de un pedido de la Fiscalía que termina por debilitar la acusación fiscal.
Según el informe del periodista, la decisión final de la jueza a cargo del caso Obrainsa, que comprende el pago de un soborno de más de un millón de soles en favor de Martín Vizcarra por las obras Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua, no fue completamente de su agrado. Ello, debido a que se había resistido “durante varios meses” a aceptar el pedido del fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche de desestimar (absolver) al exmandatario.
Este hecho es detallado por la misma Margarita Salcedo en la resolución final que dispone archivar las investigaciones por asociación ilícita y usurpación que pesan contra Vizcarra Cornejo; en la que habla respecto a un pedido realizado a la Fiscalía Superior del caso Lava Jato el 3 de noviembre, solicitando su opinión sobre el pedido de Juárez Atoche.
Los motivos para absolver a Vizcarra en dos delitos
El periodista Romero afirmó que los fiscales llegaron a una conclusión específica sobre el caso de Vizcarra en la que, pese a esta renuencia por parte de Salcedo, no se habían encontrado elementos contundentes que acrediten que el expresidente haya integrado el Club de la Construcción; ni que se había coludido con los dos funcionarios implicados en el cobro de la coima; sino que actuó por su cuenta.
Según los datos obtenidos por Romero, la jueza acreditó el pedido del Ministerio Público, señalando que “no se podía establecer que la conducta de Martín Vizcarra haya sido estable y permanente, que tampoco se ha podido establecer la concurrencia de más de un investigado que se asocie a la misma voluntad criminal”; dejando de lado la posibilidad de que “la conducta del acusado fuera producto de un acuerdo asociativo”; es decir, eximiéndolo de la pena de asociación ilícita.
Por otro lado, el colegiado recibió la explicación de la fiscal sobre el delito de usurpación de funciones, la cual la llevó a resolver que los otros dos coimputados, José Luis Herrera y otra funcionaria conocida bajo sus iniciales ‘NAST’ “sí contaban con instrumentos legales que les permitía realizar funciones como intervenir en la suscripción de contratos de licitaciones públicas”.
Este hecho se lleva abajo la teoría del Ministerio Público de que Martín Vizcarra, quien entonces ejercía como Ministro de Transportes y Comunicaciones, habría intentado aprovecharse del cargo de ambos funcionarios.
La resolución de Margarita Salcedo donde muestra su incomodidad
Según la información a la que pudo acceder Romero, la misma jueza Margarita Salcedo se mostró contrariada ante el pedido y los fundamentos planteados por el Ministerio Público, sobre todo por la idea de que se la pueda percibir como acorde a Vizcarra. Por ello, no desaprovechó la oportunidad en expresar esta incomodidad mediante su resolución.
Otro hecho que también genera contrariedad sobre la decisión de absolución es que este requerimiento fiscal genera precedentes que pueden hacer flaquear la acusación que se ha presentado contra Martín Vizcarra, pues, si bien queda pendiente el delito de colusión agravada; sin embargo, esta acusación se sustentaba de acuerdo con lo que declararon los dos colaboradores eficaces Herrera y ‘NAST’; quienes alegaban usurpación de funciones, hecho del que Vizcarra ha sido absuelto.