El Ejecutivo ha zanjado su posición este lunes respecto a la radicalización de la huelga en el distrito de Machu Picchu, que se mantiene totalmente paralizado y sin la presencia de turistas, mientras sus pobladores rechazan una propuesta de diálogo para solucionar el paro que impide el acceso al famoso sitio arqueológico.
En una rueda de prensa, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, señaló que solo en este día se ha perdido “más de un millón de soles por mantener esta actitud” y remarcó que, con apoyo de la Policía Nacional (PNP), se hará efectivo el decreto legislativo n.° 1589, que impone hasta 15 años de cárcel para quienes bloqueen carreteras, infraestructura portuaria, bienes culturales muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural de la Nación, entre otros.
Tras una reunión realizada este domingo, el autodenominado ‘Colectivo popular del distrito de Machu Picchu y comunidades’ acordó radicalizar la huelga y exhortó a Urteaga a declarar la nulidad del contrato con la empresa, una demanda que ha sido rechazada de plano.
En la misma comparecencia a la prensa, el premier Alberto Otárola remarcó que el Ejecutivo “no dará ni un paso atrás en la necesidad de cambiar este modelo de corrupción que ha venido funcionando ilegalmente desde hace años” y señaló que la intención gubernamental es “romper con una mafia”.
“Lo que vemos acá es un pequeño grupo de intereses ocultos que han visto afectado un negocio ilegal y además la toma de una vía de acceso a Machu Picchu, debiendo recordar que está vigente el decreto n.° 1589, vigente desde diciembre (...) No vamos a perder el principio de autoridad, no vamos a tomar una decisión distinta y hacemos una invocación a la población, que insisten en que se regrese al esquema anterior, para decirle que eso no va a ocurrir”, indicó.
Cuestionamiento
Para la legisladora Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos Por el Perú), representante de Cusco, el problema de Machu Picchu, sin embargo, parte de un “error político” de la ministra, quien, bajo su óptica, “ha decidido ser la vocera de Joinnus y de un empresariado que asume (la ciudadela inca) como su botín”.
“Lo que corresponde es que el Gobierno ofrezca una plataforma virtual digital libre de corrupción, castiguen a los funcionarios corruptos, generen recursos para conservar nuestro patrimonio cultural y a ver si también deciden enfrentar el maltrato que los cusqueños sufrimos de Perú Rail (empresa operadora del transporte ferroviario a Machu Picchu)”, anotó en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales.
De igual modo, recordó que la ministra firmó una resolución que permitió el aforo de hasta 4,500 personas por día en el complejo arquitectónico, y 5,600 personas por día en temporada alta. “Si tanto les preocupa el patrimonio cultural, ¿por qué permitieron el incremento de aforo al ingreso a Machu Picchu? (...) ¿A quién beneficia este incremento de aforo?”, cuestionó.