La fiscal general, Patricia Benavides, presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC) en la que solicita la nulidad de dos de “veinte investigaciones” que enfrenta en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a un “conflicto de competencias y atribuciones” que afectan las facultades asignadas al despacho que lidera.
Las pesquisas de las que busca librarse están asociadas a presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que sigue la red de corrupción en la Judicatura, conocida como ‘Los cuellos blancos del Puerto’; y al supuesto uso de su cargo para beneficiar a su hermana, la jueza Emma Benavides, acusada de cobrar sobornos para liberar a reos imputados por narcotráfico, y cuyo caso se encuentra en el Poder Judicial a esperas de atender pedido fiscal de archivarlo.
El oficio, citado por La República, mencionó, de igual modo, que la JNJ “viene ejerciendo potestad de manera indebida, con evidente exceso”, y que no le corresponde cuestionar o revisar los actos de administración interna y actos de gestión dentro del Ministerio Público.
“[Se ha] trocado un instrumento de indebido ‘control político’ y de mediatización de las facultades de la fiscal de la Nación”, sigue el texto.
Por ello, busca que el TC establezca límites en su actuación y, como efecto, anule las pesquisas aludidas. La corte constitucional, que ya ha recibido la demanda, debe resolver antes de diez días si la admite o la rechaza. De ser admitida, tiene hasta tres meses para emitir su decisión.
“[Pedimos] la nulidad de los demás actos adoptados por la Junta Nacional de Justicia, procediendo al archivo definitivo de estas dos investigaciones preliminares acumuladas en los extremos correspondientes, garantizando la competencia del Ministerio Público, tal como se encuentra ya regulada en el artículo 158° de nuestra Carta Magna”, se lee en el documento.
“Ahora tiene un cúmulo de denuncias en donde pretenderían destituirla por cosas absurdas que, en el fondo, esconden una lucha ideológica y política [...] No es posible que la JNJ sea una caja de resonancia para afectar al Ministerio Público”, dijo el letrado en diálogo con Canal N.
Además de Quiroga, los intereses del Ministerio Público serán defendidos por el procurador Alfonso Carrizales. “La fiscal fue designada por la JNJ, tiene poco más de 14 meses en el cargo. Es una cosa inédita que una persona que está en funciones y tiene un mandato constitucional tenga tantas denuncias y procesos disciplinarios que terminan perturbando su función”, siguió.
En mayo pasado, anticipó que no haría públicos estos documentos académicos. “He guardado prudente silencio para no seguir alimentando la campaña y para no responder ni ser parte de un circo de aquellos que buscan cinco minutos de fama a cambio de los que sí trabajamos y luchamos contra la corrupción [...] Si tengo los grados es porque sustenté y presenté las tesis, pero no seré yo quien las entregue”, zanjó.