La detención de catorce personas, por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder y efectivos de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional (PNP), al estar vinculadas a la red criminal ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, reveló los graves actos de corrupción que se realizaban en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros.
Según la resolución del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a la que Infobae Perú tuvo acceso, en la ARCC se orientó partidas presupuestales a la municipalidad distrital de La Unión (Piura), donde se recibió más de 39.1 millones de soles que las empresas pagaron a fin de verse beneficiadas con las adjudiciaciones de contratos para reconstruir seis colegios dañados por los efectos del fenómeno del Niño Costero en el 2017.
Las beneficiadas con las obras fueron Lenus SAC y Corporación Aries Minería y Construcción (S/17.7 millones); HYTV Corporación Empresarial (S/13.5 millones); N&N SAC (S/2.7 millones); Constructora San Sebastián Piura (S/2.6 millones) y Constructora San Sebastián y La Torre Contratistas Generales (S/2.4 millones).
De hecho, algunos representantes de las citadas empresas también fueron detenidos por la Fiscalía y la PNP en el megaoperativo desarrollado ayer en Lima, Piura, San Martín, Áncash y Huánuco. Estos son Jesús Acosta Martínez, de la constructora Lenus SAC, Augusto Naquiche Yovera, de la constructora San Sebastión, y Jorge Bernal Barranzuela, operador de las firmas.
La red criminal
Según el Ministerio Público, las empresas se vieron beneficiadas con las obras en la municipalidad distrital de La Unión si no fuera por el detenido exalcalde Fernando Ipanaqué. A él se le señala como el cabecilla de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ que se gestó tras su elección como burgomaestre de La Unión en las elecciones municipales y regionales del 2018.
“Luego de tomar el poder, habría desplegado acciones tendientes a la convocatoria de sujetos en común con sus intereses para los efectos de designarlos en puestos y funciones claves que se vincularían a decisiones relacionadas al erario público municipal, es decir, a las unidades municipales por las cuales transitaba el iter documental para impulsar la conducción de dinero proveniente de la recaudación interna municipal y fondos provenientes del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun) que conformaban el presupuesto institucional”, se lee en el documento fiscal.
Para lograr su objetivo, Ipanaqué nombró a los siguientes funcionarios que formarían parte de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’:
- Juan Carlos Alvines Sosa como asesor en la alcaldía.
- Omar Neyra Torres en la gerencia municipal.
- Jesús Ruesta La Roca en la gerencia de Administración y Finanzas.
- Teresa del Carpio Sánchez en la gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
- Raúl Paulini Aguilar en la gerencia de Desarrollo Urbano.
- Máximo Palacios Lazo en la subgerencia de Obras.
- Joseph Lombardi Lizano en la subgerencia de Abastecimiento.
La tesis fiscal señala que Ipanaqué “habría dispuesto a sus socios criminales proceder con la búsqueda de presupuesto público del gobierno central”.
“Es así que los funcionarios, contando con información privilegiada, de primera mano, dado los cargos que ostentaban advierten la existencia de diversos proyectos que se venían impulsando a través de la ARCC, que se estaban gestionando a través del Pronied del Ministerio de Educación con el objeto de realizar cambios de unidad ejecutora a favor de la municipalidad de La Unión”, menciona.
Los colaboradores de Ipanaqué se acercaron a los altos funcionarios del Estado para lograr las partidas presupuestales para el distrito de La Unión. En ese plan es que se relacionan con el encarcelado expresidente Pedro Castillo, el detenido exdirector general de la ARCC, Robert López; el asesor de este, Mario Espinoza; el congresista Guillermo Bermejo (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), y sus ‘asesores en la sombra’ Francisco Jara Aguirre y Yul Valdivia Beteta.
La Fiscalía sostiene que luego de lograr el direccionamiento de partidas presupuestales para las obras en el distrito de La Unión y el acercamiento a empresas del sector privado, el exalcalde Fernando Ipanaqué promovió de manera directa la conformación de comités de selección integrados por funcionarios nombrados por él y parte de ‘Los Operadores de la Reconstrucción’ con el fin de flexibilizar los controles para direccionar las bases de los procesos de selección, el otorgamiento de la buena pro, la suscripción de los contratos y la ejecución contractual.
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