El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) realizó una adjudicación directa por más de cuatro millones de soles en paquetes de comida para personal militar desplazado durante las manifestaciones antigubernamentales, un contrato que registra irregularidades y deficiencias, según una denuncia difundida este domingo en Punto Final.
La compra, aprobada por el jefe del CCFFAA, Manuel Gómez de la Torre, fue firmada el 9 de junio, aunque desde abril ya se conocía el ganador del convenio. De acuerdo con la investigación, la entidad adscrita a Ministerio de Defensa decidió contratar de manera directa, es decir, comprar primero y regularizar después con los fondos destinados por la cartera que preside Jorge Chávez.
Además, el costo por cada empaque al ingresar al Perú —5.95 dólares— fue menos de la tercera parte de lo que le pidió Lealto Pharma a la institución, que los recibió con retraso considerable, pese a que fueron requeridos para los soldados que apoyaban a la Policía Nacional durante las movilizaciones.
La orden de compra se giró con “sentido de urgencia” el 19 de abril, aunque las raciones de campaña finalmente llegaron el 31 de mayo, cuando las protestas ya habían bajado. En un oficio cursado al CCFFAA, la empresa adujo retrasos sanitarios por parte de Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), lo cual impedía el desaduanaje.
Sin embargo, solo cinco días antes del decreto que aprobaba la transferencia de partidas al sector de Defensa, cambió de rubro en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y añadió venta de alimentos, bebidas y tabaco.
De igual modo, el dominical halló que, el mismo día en que el CCFFAA pedía cotizaciones a otras empresas, ya había girado la orden de venta a la firma de Alvarado. Julio Ramos, jefe de la Oficina de Administración, no supo responder ante esta incoherencia.
“Se podría considerar irregular, pero por la necesidad del producto por el Estado de Emergencia era necesario que esté en los almacenes”, dijo. Por su parte, Lealto defendió la legalidad de su participación bajo la modalidad de contratación directa y sostuvo que el registro de Digesa no era parte de las bases para regularizar el contrato.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, anunció en el mismo dominical que “en cualquier momento” expondrá los resultados de esta pesquisa, abierta en enero, que implica a la presidenta Dina Boluarte, dos ministros y tres exministros.
“Estamos yendo con fuerza. Los elementos de convicción son los que van a hablar. Las investigaciones son reservadas, pero estamos realizando todas las diligencias necesarias, indispensables, para recabar todos los elementos de convicción y comunicar a la población el resultado [de cara a una investigación preparatoria]”, declaró.
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