El Poder Judicial rechazó este miércoles una tutela de derechos presentada por la defensa del legislador Américo Gonza (Perú Libre) que buscaba excluir la documentación, celulares y otros materiales probatorios incautados en marzo pasado, durante un allanamiento por el caso ‘Los Niños’.
El titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, Juan Carlos Checkley, declaró infundado el requerimiento que cuestionaba a los fiscales que participaron en el descerraje y registro de su despacho y su vivienda, pues, según la defensa, se habría vulnerado “el derecho al debido proceso”.
Checkley replicó que la diligencia siguió las normas y, sobre todo, no registró observaciones de la defensa de Gonza, quien, según la Fiscalía, habría intervenido ante el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) para que el general Javier Gallardo devenga en Comandante General de la Policía Nacional (PNP).
El documento judicial, citado por El Comercio, consignaba que su despacho congresal era el 104, aunque el equipo fiscal allanó las oficinas 107 y 108. Anteriormente, el Ministerio Público ya había referido que la numeración, tomada de la web del Parlamento, no había sido actualizada.
De igual modo, detalló que la asesora principal del congresista y una de sus abogadas estuvieron presentes en la diligencia, sin cuestionarla. En tanto, el mismo congresista permitió el ingreso del equipo a su departamento en Lince, donde también fue incautada abundante documentación, tres celulares, una CPU HP, una Laptop Lenovo color negro y una memoria externa marca Toshiba, entre otros elementos de prueba.
El juez basó su decisión en estos argumentos y dejó sin efecto la solicitud del legislador, actual presidente de la Comisión de Justicia e incluido en una nómina de al menos veinte congresistas que pedían beneficios al Ejecutivo a cambio de apoyarlo con votos, un caso abierto con la colaboración eficaz de la empresaria Karelim López.
La Fiscalía ha verificado que, en efecto, Gonza votó en contra de las cuestiones de confianza, procesos de vacancia y censuras con la finalidad de garantizar la permanencia de Castillo, acusado de liderar una organización criminal desde el sillón presidencial.
El exgobernante cumple prisión preventiva desde diciembre pasado en el penal de Barbadillo, donde también están recluidos Alberto Fujimori —por una condena de 25 años― y Alejandro Toledo ―procesado por presunto lavado de activos.
Fue arrestado el pasado 7 de diciembre, después de anunciar que iba a cerrar el Congreso, intervenir todas las instituciones del sistema de Justicia y conformar un Ejecutivo de emergencia para gobernar por decreto. Tras su mensaje, que fue rechazado por todas las instituciones, el Congreso lo destituyó y la vicepresidenta Dina Boluarte fue nombrada jefa de Estado por sucesión constitucional.
Checkley, el mismo juez supremo que desestimó el requerimiento de Gonza, ordenó esta semana levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo como parte de las investigaciones abiertas por el fallido autogolpe.
El magistrado tomó esta decisión un día después de que el exmandatario asegurara que fue víctima de “un complot” por el que ha sido arrestado. “Estoy convencido de que la Fiscalía es un verdadero colaborador eficaz de este Congreso y del Gobierno de facto. Ha habido todo un plan, un complot”, dijo antes de agregar que él no está detenido, sino secuestrado.
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