Debilitamiento de la democracia, mal manejo de la crisis social y conflictos internacionales: Los 6 meses de Dina Boluarte en el poder

El miércoles 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo apareció frente a las cámaras a nivel nacional para brindar un Mensaje a la Nación. El entonces presidente de la República permanecía sentado y sostenía unas hojas que temblaban al ritmo de sus nerviosas manos: estaba por comunicar el cierre inconstitucional del Congreso de la República y la reforma total del sistema de justicia. Un autogolpe de Estado se registraba en el país después de 30 años. Esta situación condujo a su vicepresidenta Dina Boluarte a asumir de forma sorpresiva el despacho presidencial y convertirse en la primera presidenta mujer de la historia de Perú.

Desde un inicio, su la gestión de Boluarte Zegarra estuvo acompañada por el conflicto. Las movilizaciones sociales en su contra marcaron un hito en su mandato presidencial por las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos de parte de los agentes del Estado y la falta de intervención de la presidenta como jefa suprema de las Fuerzas Armadas. 49 personas perdieron la vida debido al impacto de un perdigón en alguna zona vulnerable de su cuerpo. Muchas de estas víctimas ni siquiera participaban de las manifestaciones, según denunciaron sus familiares.

La gravedad de estas acusaciones traspasaron fronteras y llegaron hacia organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Right Watch y Amnistía Internacional, quienes denunciaron la existencia de unas posibles ejecuciones extrajudiciales.

“Uno de los aspectos más importantes a considerar es el mal manejo social que ha tenido el gobierno en los últimos meses. Las movilizaciones y las protestas marcaron un punto de quiebre para sentar una percepción del gobierno bastante más cercana a lo autoritario y represivo, etiqueta que no ha podido desprenderse del gobierno, al menos para un gran sector de la población”, explicó el politólogo Fernando Tincopa a Infobae.

Para el investigador del Centro Wiñaq, la intervención de los organismos internacionales en las autoridades peruanas responden al débil Estado que han identificado, lo cual se refuerza con el mal manejo de los conflictos sociales y las denuncias de exceso de fuerza de parte de las autoridades.

“No encuentro registro, al menos en los últimos 20 años, de una presión internacional tan fuerte hacia gobiernos con malos manejos. Quizás uno de ellos podría ser el de Alan García con el conflicto de Bagua. Sin embargo, las situaciones de violación de derechos humanos cuando son combinados con gobiernos con posturas políticas contrarias a los que la mayoría de organismos son afines, entra una situación precisa para explotar una cantera de críticas y de presión internacional a gobiernos débiles y con acciones justificadas de derechos humanos”, agregó.

Durante las últimas semanas el gobierno de Dina Boluarte ha sido sumamente criticado por los cambios de los titulares de importantes entidades. La salida de María Jara, directora de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), la salida de Jesús Solari Díaz de la presidencia ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) y la designación de Josué Gutiérrez como nuevo defensor del Pueblo despertó la preocupación de los peruanos.

Las principales instituciones públicas parecen haber sido captadas por las autoridades de turno, situación que debilita el aparato estatal. Para la politóloga Katherine Zegarra, esto pone en riesgo los principios democráticos del país.

“Uno de los pilares en la democracia es la libertad de los medios de comunicación. Ahora estamos viendo de una forma muy evidente cómo instituciones estatales que son hechas para comunicar, como el canal del Estado y Radio Nacional, están siendo afectadas con el nombramiento de una persona encargada de las relaciones públicas de la presidenta de la República. Eso, sumado al impedimento de ingreso de los reporteros, es una cuestión peligrosa para la democracia”, señaló.

Según la especialista, el debilitamiento de la democracia se ha ido evidenciando en los últimos años como producto de los constantes conflictos entre el Ejecutivo y Legislativo, no obstante, el autogolpe de Estado de Pedro Castillo y el uso excesivo de la fuerza de parte de los agentes del Estado en las movilizaciones sociales han agravado esta situación.

“Hemos sobrevivido a un intento de golpe, las instituciones han buscado preservar la democracia, esto podría suponer una cuestión positiva respecto a régimen. Sin embargo, tenemos al frente a violaciones de derechos políticos de la ciudadanía que se ha expresado con la violencia que el Estado ha ejercido contra los protestantes. Dentro de la democracia, uno de los elementos fundamentales es la protección de los derechos políticos de los ciudadanos y creo que estos se han vulnerado dentro del gobierno de Dina Boluarte”, expresó.

Zegarra resaltó que uno de los factores a considerar para evaluar el riesgo que corre el régimen democrático es que, hasta el momento, la jefa de Estado no ha condenado la violación de los derechos humanos perpetrados en contra de la población peruana en diciembre y enero durante las protestas.

En diciembre de 2022, mientras Ayacucho sufría los estragos de la represión de parte de los agentes del Estado y padecía por la muerte de 9 personas en menos de 24 horas, la presidenta Boluarte escribía en su cuenta de Twitter un mensaje de “empatía” con los familiares de las víctimas. “Lloramos el llanto de las madres en Ayacucho y sufrimos el dolor de las familias en todo el país. Hoy, en una triste jornada de violencia, nuevamente lamentamos la muerte de peruanos”, dijo.

La posición de la abogada generaba indignación entre los peruanos, quienes no comprendían el porqué la jefa de Estado lamentaba estas muertes pero no hacía nada para detenerlas. Para el politólogo y profesor de la PUCP, Aarón Quiñón, esto evidencia una desconexión de la realidad peruana de la mandataria.

“Lo que podemos decir con bastante seguridad es que tenemos altos niveles de desconfianza y desconexión entre los políticos y la ciudadanía. Cuando nos toca evaluar de manera concreta estos seis meses, no podemos ignorar que, por un lado, la relación que ha tenido el Ejecutivo y el Legislativo con los ciudadanos está prácticamente rota. No solamente por las protestas que hemos visto y los resultados de las investigaciones del Ministerio Público respecto a los fallecidos, sino también por las respuestas mismas que luego de las protestas ha tenido el gobierno y también el Congreso”, dijo a Infobae.

Para Quiñón, esta falta de conocimiento de la realidad peruana no solo está enfocada en la jefa de Estado, sino también en los asesores legales y personas que rodean a Dina Boluarte, situación que se evidencia al manifestar su postura ante las movilizaciones sociales en su contra.

“Eso también lo vemos no solamente a nivel político, sino también a nivel de cómo están operando ciertas políticas públicas. Las pocas respuestas frente a algunas situaciones delicadas es una muestra más de la distancia que hay entre los ciudadanos, la presidenta y el Ejecutivo en general”, puntualizó.