Nuevas medidas. Betssy Chávez enfrenta un panorama legal cada vez más difícil. Luego de verse implicada en el fallido golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo, la abogada ahora enfrenta una denuncia constitucional, impedimento de salida del país, investigación por enriquecimiento ilícito y un posible pedido de prisión preventiva.
Cada vez son más los procesos legales que enfrenta la actual congresista. Fuentes de la Fiscalía consultadas por el diario La República aseguran que Chávez podría atravesar una prisión preventiva por presuntamente participar del golpe de Estado perpetrado por Castillo Terrones.
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, ratificó esta afirmación y precisó que la exprimera ministra podría ser acusada de actuar como cómplice o haber sido la coautora del presunto delito de rebelión.
En paralelo, la abogada también se encuentra investigada por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. El proceso fue abierto por el Ministerio Público, quien compareció para solicitar información sobre la compra que realizó la parlamentaria de un inmueble en Tacna.
Por otro lado, el Poder Legislativo también emplea sus propias medidas para sancionar a la expresidenta del Consejo de Ministros. El pasado 6 de marzo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó el informe final que recomienda denunciar a Chávez por el supuestos delitos de rebelión y conspiración en agravio del Estado peruano. A la letrada se le acusa de ser la coautora del mensaje a la Nación del 7 de diciembre.
De ser aprobada la denuncia constitucional contra la izquierdista, esta sería inhabilitada por 10 años y perdería su rol como parlamentaria. Sin embargo, mientras transcurre este proceso legal, la legisladora Norma Yarrow y Diego Bazán, de Avanza País, han presentado un pedido de suspensión de funciones como congresistas mientras que la investigación penal continúe vigente. La solicitud fue aprobada también por la SAC.
Pero eso no es todo. Betssy Chávez enfrenta todos estos procesos sin poder salir del país luego de que la Superintendencia Nacional de Migraciones emita una alerta migratoria contra la exprimera ministra y los ministros Willy Huerta y Roberto Sánchez. La solicitud de Migraciones fue presentada por la parlamentaria Patricia Chirinos.
Betssy Chávez se pronuncia
Este viernes, la exministra de Trabajo señaló ante los medios de comunicación que no tiene planeado fugarse del país luego de que se suspenda el servicio de protección personal. Luego de enfrentar una serie de procesos legales que complicarían su situación legal, una de las preocupaciones de las autoridades era una posible fuga del país.
Tras ser preguntada por su ausencia en el Congreso de la República para cumplir con sus labores parlamentarias, Chávez enfatizó que no ha estado cumpliendo con sus funciones debido a que se encontraba mal de salud.
“Ayer estuve mal de salud, presenté el documento a Oficialía Mayor [del Congreso de la República]”, declaró.
Procesos que enfrentará Chávez
La abogada está acusada de ser presuntamente coautora del delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión. El acto está previsto y sancionado en el artículo 346 del Código Penal.
En el caso de la investigación por conspiración, ilícito penal, este se encuentra previsto y sancionado por el artículo 349 del Código Penal, también en agravio del Estado.
Además, el informe de la SAC, el cual fue elaborado por el legislador Wilson Soto, de Acción Popular, también incluye a los congresistas y exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta.
Este último se pronunció sobre estos procesos y sostuvo ante la Comisión de Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) la que “No existe una explicación razonable de por qué la premier asumió el encargo de dicha coordinación tanto para hacer ingresar al grupo como para escoltarlos en su salida”.