
A pocos días de iniciar el nuevo año escolar, el ministro de Educación, Óscar Becerra, en la Comisión de Educación del Congreso de la República, informó que en el Perú hay 30 mil colegios que requieren sustitución total o parcial de su infraestructura; y de ellos, al menos 1.041 están en riesgo de colapsar.
Ante esta situación, Becerra señaló que se necesita más de S/80 mil millones para cerrar la brecha en infraestructura educativa. También, sostuvo que este año se tienen programadas 21 obras a cargo del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied).
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Asimismo, el funcionario dijo que no hay un stock de aulas prefabricadas para atender la emergencia y agregó que los gobiernos locales y regionales están proporcionando ambientes temporales para que los niños puedan iniciar el año escolar. “En el 2023 se implementarán 75 escuelas de contingencia donde los estudiantes van a estudiar mientras la antigua infraestructura es demolida”, añadió.
Por su parte, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), Rudolf Giese, advirtió que al menos 26 mil escuelas y colegios necesitan ser demolidos en el Perú porque ponen en riesgo la vida de los estudiantes.
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“La situación es sumamente preocupante. De las 54.800 instituciones educativas que tenemos en el país, para los 6.8 millones de niños que iniciarán clases este año, el 48% debe ser demolido con urgencia, el 18% requiere reforzamiento estructural y el 10% necesita mantenimiento. Solo el 24% de centros educativos se encuentra en óptimas condiciones”, apuntó Giese.
No obstante, para el experto, la condición estructural de las escuelas y colegios no es el único problema, pues muchos de ellos incluso carecen de servicios básicos. “El 30% no tiene luz, el 40% no tiene agua, el 36% no tiene desagüe y el 40% carece de saneamiento físico legal por haberse construido en terrenos que no le pertenecen”.
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Colegios en Lima
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, un total de 354 colegios de Lima Metropolitana presentaban riesgo estructural debido a su antigüedad, lo cual podría poner en peligro la vida de miles de estudiantes.
En ese sentido, Milagritos Anderson, representante de la Oficina de Lima de la Defensoría del Pueblo, en una entrevista para Diario Correo, detalló que del total de colegios con observaciones, 78 requieren demolición total, 182 demolición parcial y 89 inmediata intervención para dar mejorar y dar mantenimiento.
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En los últimos días, Defensoría del Pueblo supervisó 10 colegios públicos calificados de alto riesgo, según la base de datos de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), los cuales atienden a un total de 13.914 estudiantes, y se comprobó su mal estado y el alto riesgo que representa para los alumnos y personal de cada uno de ellos.
En el recorrido, se verificó que algunas aulas cuentan con techos de calamina en mal estado por donde se filtra el agua cuando llueve, columnas rajadas, cercos perimétricos colapsados, servicios higiénicos no acondicionados en favor de las/los estudiantes con discapacidad.
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Además de módulos educativos que tienen una antigüedad de más de 20 años y que requieren ser sustituidos a fin de garantizar espacios educativos seguros y adecuados para el servicio educativo brindado a niñas y niños en educación de nivel inicial.
Asimismo, los comisionados de la Defensoría del Pueblo constataron que las salas de cómputo requieren mantenimiento en su infraestructura y el equipo de cómputo debe ser sustituido por elementos modernos, la gran mayoría de ellas fueron dejadas de usar por el contexto de la pandemia. También, se observaron paredes con alto nivel de humedad que son cubiertas con papelógrafos, así como cercos perimétricos en pésimo estado.
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