La defensa legal del expresidente de la República, Pedro Castillo, quien cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del año pasado, anunció ayer que comenzó el proceso para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se disponga su inmediata libertad y reposición en el cargo.
El exministro de Defensa, Walter Ayala, indicó que la medida se adoptó ante la demora del Poder Judicial por resolver la acción de amparo a favor de patrocinado que busca anular la vacancia por incapacidad moral permanente que el Congreso adoptó contra el exmandatario tras escuchar un mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución de este poder del Estado.
Según el abogado, esta decisión en el fuero parlamentario es nula porque se vulneró el debido proceso, los plazos correspondientes y tampoco se alcanzó los 104 votos requeridos para destituir a Castillo de la presidencia. Con estos puntos, Ayala considera que los congresistas no respetaron su reglamento y la Constitución Política.
Sin embargo, el pedido de la defensa del exmandatario no sería viable y, por el contrario, buscaría cuanto antes salir de la prisión para bloquear las investigaciones de la Fiscalía de la Nación, en opinión de expertos consultados por Infobae.
No tiene base legal
Carlos Rivera Paz, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), señaló a este medio que la solicitud planteada por la defensa legal de Castillo Terrones es “inviable” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, lanzó un poderoso argumento que dejaría sin piso las aspiraciones del expresidente para que el sistema interamericano le dé la razón.
“Es un gesto para la tribuna. La misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el golpe de Estado de Castillo. Incluso, sacaron un pronunciamiento público el 8 de diciembre del año pasado. Lo que tendría que pasar acá es que la comisión se retracte de este comunicado, lo cual no va ocurrir y jamás ha pasado con ningún otro caso”, indicó.
El letrado consideró que la movida de Castillo de llevar su caso al plano internacional confirma que la estrategia legal de sus abogados es “errática” y carece de solidez. “Ha tenido casi media docena de abogados. No veo una estrategia sostenida. Ahora se pretende usar el sistema interamericano para resolver este tema [la liberación y reposición en el cargo], lo cual es desde ya imposible”, acotó.
Rivera explicó que lo siguiente que pasará con Castillo es que la CIDH le va notificar un número ingreso de su caso, el cual se mantendrá en evaluación. Luego, notificarán al Estado peruano sobre supuestas violaciones al derecho internacional para que se avance con las investigaciones en torno al asunto del exmandatario.
Sin embargo, el abogado de IDL recalcó este proceso también se paralizaría por la acción de amparo que la defensa de Castillo presentó ante el Poder Judicial. “Un requisito de procedibilidad que tiene la CIDH es que no existan acciones judiciales vigentes de los demandantes. Es decir, ellos no podrán decidir si el proceso constitucional [acción de amparo] sigue su curso. Cuando termine eso, ahí podrán actuar. Ahí cometieron un error porque debieron presentar una medida cautelar”, finalizó.