Renovación Popular extiende propuesta al Ejecutivo para que el Perú sea retirado de la CIDH

El grupo parlamentario sostuvo que la entidad emite pronunciamientos “con evidente sesgo político”, en el marco de las protestas ocurridas, que van en contra de los “intereses nacionales”.

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El documento está firmado por Jorge Montoya, vocero de la bancada. (ANDINA)
El documento está firmado por Jorge Montoya, vocero de la bancada. (ANDINA)

La bancada de Renovación Popular presentó una iniciativam, este sábado 18, para que el Ejecutivo inicie con celeridad y “urgencia” el procedimiento de denuncia de la Convención Americana y, de esta manera, el consecuente retiro del Perú de la “competencia contenciosa” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Esto ante los reiterados casos de pronunciamiento con evidente sesgo político en contra de los intereses nacionales y las verdaderas víctimas de violaciones de derechos humanos que ese organismo realiza desde hace años”, se lee en el documento.

El texto lleva la rúbrica del vocero del grupo parlamentario, Jorge Montoya, y fue puesto a conocimiento del público a través de las cuentas institucionales de la bancada.

Renovación Popular ratifica que el concepto de soberanía nacional, en materia jurisdiccional, no puede estar sometido al arbitrio de una entidad extranjera, como es la CIDH, cuyos miembros son inmunes y no están sujetos a cualquier tipo de fiscalización, son designados mediante oscuros procedimientos manejados por las ONG’s de izquierda”, agregó.

En otro momento, también se señala que en los últimos años los fallos de la institución internacional “son más políticos que jurídicos”.

En la comunicado se indica a Presidencia que “le corresponde al Congreso apoyar las iniciativas de reforma y modernización de nuestro Sistema de Justicia”.

Asimismo, se denuncia que la CIDH fue presuntamente parcial al abordar las denuncias sobre el terrorismo en el país.

“Desde que el Perú firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, el 27 de julio de 1977, y aceptó la competencia contenciosa de la CIDH el 21 de enero de 1981, los fallos de la referida Corte Supranacional contra el Estado peruano han demostrado parcialidad y desconexión con la brutalidad del terrorismo que afectó a nuestro país. Esa cuya violencia cobró la vida de miles de personas, ocasionando pobreza, daños a la economía y el desarrollo del país”, se destaca.

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