El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que convocará la próxima semana una reunión en la Presidencia de la República con tres representantes de los gremios de jubilados y tres de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, para buscar alternativas que permitan aplicar el Proyecto de Ley 226.
Mulino informó que participará personalmente en el encuentro, cuyo objetivo será encontrar fórmulas que hagan viable la ampliación de los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.
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El mandatario expresó su confianza en alcanzar una salida para los problemas generados por la aprobación de la iniciativa legislativa.
El anuncio abre un espacio de negociación después de que la Cámara de Comercio solicitara al Ejecutivo vetar completamente el proyecto. El gremio empresarial considera que la reforma aumenta las obligaciones económicas de los comercios, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, sin resolver previamente cómo se financiará sosteniblemente esta política social.
La organización reconoció la necesidad de proteger a los adultos mayores, pero sostuvo que los descuentos obligatorios reducen directamente los ingresos de los negocios, mientras los costos de planilla, alquiler, electricidad, insumos, financiamiento e impuestos permanecen iguales o aumentan. Esta situación podría obligarlos a reducir márgenes o trasladar los costos a los consumidores.
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Entre las posibles consecuencias, la Cámara mencionó aumentos de precios, aplazamiento de inversiones, reducción de contrataciones y cierres de empresas.
También planteó que los beneficios dirigidos a jubilados y pensionados no deben descansar de manera creciente sobre determinados sectores productivos, sino responder a una política pública compartida y financieramente sostenible.
El proyecto reconoce que los descuentos concedidos podrán utilizarse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta, ampliando ese tratamiento a todos los sectores obligados a aplicar los beneficios. Sin embargo, la Cámara advirtió que el mecanismo necesita un análisis sobre su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo.
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Según el gremio, reconocer el 100% de los descuentos como crédito fiscal no elimina el impacto inmediato sobre el flujo de caja de las empresas. Los negocios deben aplicar la reducción al momento de vender, pero recuperarían posteriormente ese dinero mediante el sistema tributario, siempre que tengan suficientes obligaciones fiscales para compensar las cantidades acumuladas por los beneficios.
La Asociación Panameña de Hoteles también solicitó revisar la propuesta, aunque no rechazó el propósito social de ampliar la protección a los adultos mayores. Apatel pidió reconsiderar particularmente el aumento del descuento obligatorio en hospedaje al 40% durante viernes, sábados y domingos, por su posible efecto sobre la liquidez de la hotelería formal.
El beneficio hotelero se mantendría en 50% de lunes a jueves, mientras el porcentaje vigente durante los fines de semana aumentaría del 30% al 40%. Los descuentos se aplicarían sobre tarifas regulares y promocionales e incluirían expresamente a hoteles, moteles, pensiones y hostales dentro de los establecimientos sujetos al nuevo régimen.
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Apatel señaló que los fines de semana concentran una parte importante de la facturación de hoteles pequeños, medianos e independientes, especialmente en el interior del país.
Esos ingresos permiten cubrir salarios, electricidad, proveedores, mantenimiento, seguros e insumos, por lo que una reducción inmediata podría comprometer la operación y las inversiones de los establecimientos.
El Proyecto de Ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y amplía descuentos en medicamentos, servicios básicos, productos financieros, equipos médicos y actividades recreativas. La iniciativa fue aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional con 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía requiere la decisión del Órgano Ejecutivo.
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Entre los cambios, el descuento en medicamentos aumentaría del 20% al 30%, mientras el servicio de agua recibiría una reducción del 30% cuando el consumo mensual no exceda $30. También se incorporaría un beneficio igual para internet y televisión por cable en contratos residenciales de hasta $50 mensuales a nombre del beneficiario.
La reforma establece descuentos del 20% para pañales desechables de adultos y del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y otros equipos de asistencia.
Además, elevaría del 1% al 2% la reducción aplicable a la tasa de interés de ciertos préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda propia.
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Los jubilados han defendido el proyecto y solicitado su sanción, al considerar que la ampliación responde al encarecimiento de medicamentos, servicios y productos esenciales.
Sus dirigentes también cuestionaron que algunos establecimientos aumenten previamente los precios para presentar promociones que terminan limitando el alcance real de los descuentos reconocidos legalmente a los beneficiarios.
La iniciativa incorpora una regla según la cual, cuando una promoción resulte inferior al precio obtenido mediante el descuento legal, el establecimiento deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre la oferta.
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También aumenta las multas por incumplimiento, que pasarían del rango actual de $50 a $5,000 a sanciones de entre $500 y $10,000.
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