Panamá reunirá en septiembre a 80 representantes de 16 países de América Latina y el Caribe para analizar los desafíos de la evaluación, el control y el cumplimiento ambiental y social.
El XIII Diálogo Regional de Política pondrá el foco en los proyectos de alto riesgo ambiental, la gobernanza digital, los estándares regulatorios y la eficiencia de las instituciones responsables de la gestión socioambiental. También abordará la participación ciudadana y la formación de capacidades para mejorar el cumplimiento de las normas.
Durante cinco días, autoridades ambientales, expertos internacionales y representantes de redes regionales participarán en conferencias, paneles y mesas de trabajo. Las actividades estarán orientadas a compartir experiencias, identificar prácticas útiles y establecer criterios técnicos aplicables en distintos países.
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La agenda incluirá asuntos vinculados con la evaluación y el control de proyectos complejos, además de herramientas para hacer más transparentes y eficientes los procesos institucionales. Las delegaciones también examinarán mecanismos para fortalecer la sostenibilidad de las decisiones ambientales.
La actividad contará con representantes de la Red Latinoamericana de Sistemas de Evaluación de Impacto Ambiental (RedLASEIA) y de la Red Latinoamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (RedLAFICA).
Graciela Palacios, directora de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), afirmó que la reunión permitirá ampliar la cooperación regional y promover nuevas políticas ambientales.
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“La realización del diálogo regional en Panamá constituye una oportunidad para impulsar la cooperación entre los países de la región”, señaló Palacios.
La funcionaria también planteó que el encuentro puede contribuir a consolidar a la RedLASEIA como referencia para el intercambio técnico sobre evaluación de impacto ambiental y social.
Para MiAmbiente, la participación en este tipo de espacios favorece el fortalecimiento institucional. Palacios sostuvo que el intercambio con los países miembros y la adopción de buenas prácticas internacionales pueden mejorar los procesos de evaluación y respaldar decisiones más transparentes.
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La organización del diálogo fue precedida por varios meses de trabajo dentro del Plan Operativo Anual 2026 de la RedLASEIA. Las reuniones se realizaron bajo la presidencia temporal de Costa Rica y estuvieron centradas en la cooperación técnica, la transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias.
Las mesas analizaron la normativa general y los instrumentos de viabilidad ambiental. También revisaron alternativas para reducir y optimizar los tiempos de tramitación, en respuesta a los problemas operativos que enfrentan los Sistemas de Evaluación Ambiental.
Otro eje fue la equidad territorial y la identificación de impactos sociales diferenciados. Las discusiones incluyeron propuestas para ampliar la participación ciudadana y hacerla más inclusiva durante los procesos de toma de decisiones.
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La agenda preparatoria también contempló la evaluación de proyectos en zonas costeras y altamar. Ese tipo de actividades plantea desafíos técnicos específicos debido a sus posibles efectos sobre espacios compartidos y recursos ambientales.
MiAmbiente y los demás participantes examinaron, además, el uso de inteligencia artificial y herramientas de transformación digital para modernizar los procedimientos de viabilidad ambiental. El objetivo fue analizar cómo esas soluciones pueden apoyar una gestión más ágil y ordenada.
Las reuniones abordaron también metodologías para medir impactos acumulativos. Estas herramientas buscan anticipar y gestionar las presiones ambientales que pueden producirse sobre recursos compartidos cuando intervienen varios proyectos o actividades.
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En las discusiones participan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Red Internacional para el Cumplimiento y la Aplicación Ambientales (INECE), la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Banco Mundial (BM).
La presencia de esas instituciones forma parte del intercambio técnico que antecede al encuentro de Panamá. Sus aportes se integran a una agenda regional que combina regulación, fiscalización, transformación digital y participación social.
El diálogo reunirá a países con sistemas ambientales distintos, pero con desafíos comunes en materia de evaluación de impacto y cumplimiento normativo. Las sesiones buscarán facilitar la cooperación y permitir que las experiencias nacionales puedan convertirse en insumos para nuevas herramientas de gestión.
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