Panamá cerró el primer trimestre de 2026 con un saldo total de deuda pública de $60,008 millones, una cifra que refleja una leve caída frente a febrero, pero que confirma un aumento respecto a enero, consolidando una tendencia al alza en el acumulado del trimestre.
El ajuste de marzo estuvo marcado por variaciones cambiarias negativas y descuentos, que compensaron parcialmente los desembolsos y capitalizaciones del período, en una dinámica donde el Gobierno ha optado por administrar el perfil de la deuda más que reducir su saldo de forma inmediata.
El comportamiento en los tres primeros meses del año muestra que la deuda aumentó en enero impulsada por desembolsos relevantes, volvió a incrementarse en febrero, y luego registró una corrección marginal en marzo de aproximadamente $50 millones, lo que no revierte la tendencia general.
Este patrón confirma que, aunque existen operaciones puntuales de manejo de pasivos, el país sigue en una trayectoria de crecimiento del endeudamiento, influida por necesidades de financiamiento y el peso del déficit fiscal.
Al analizar la estructura, la deuda externa se mantiene como el principal componente, con un saldo de $49,222 millones, mientras que la deuda interna se ubicó en $10,785 millones, con un aumento en el mes.
Esta una alta dependencia de financiamiento externo, aunque en los últimos meses se observa un mayor uso de instrumentos internos, especialmente letras y notas del Tesoro, como parte de una estrategia para gestionar liquidez en el corto plazo y reducir exposición a mercados internacionales.
Uno de los cambios más relevantes en la estrategia de financiamiento es el crecimiento de los préstamos directos con bancos, que alcanzan más de $7,354 millones, consolidándose como una herramienta clave del actual gobierno. Este tipo de financiamiento ha ganado espacio frente a los bonos globales, debido a que permite acceder a mejores condiciones de tasas y plazos, en un contexto donde el encarecimiento del crédito internacional ha elevado el costo de nuevas emisiones.
Solo esta semana, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) concretó un nuevo crédito con Citibank por el equivalente a cerca de $2,200 millones, lo que refuerza una tendencia en la que el país busca diversificar sus fuentes y reducir costos frente a los mercados tradicionales.
Pese a ello, los bonos siguen representando el mayor volumen de la deuda, con un saldo superior a $31,096 millones, lo que mantiene al país expuesto a las condiciones de los mercados internacionales.
Este peso se traduce en una carga significativa por intereses, que en el acumulado del primer trimestre superaron los $1,005 millones, reflejando el impacto del mayor endeudamiento y del entorno de tasas elevadas sobre las finanzas públicas.
Desde una perspectiva histórica, el crecimiento de la deuda ha sido acelerado. Panamá pasó de $20,227 millones en 2016 a más de $60,000 millones en 2026, con el mayor incremento concentrado entre 2019 y 2024, durante la administración de Laurentino Cortizo, cuando el saldo aumentó en más de $24,000 millones en cinco años.
En la actual administración, iniciada en julio de 2024, el ritmo ha sido más moderado, aunque el saldo continúa creciendo, con un aumento superior a $8,100 millones hasta febrero de 2026, lo que evidencia que la presión fiscal se mantiene.
En términos de sostenibilidad, la relación deuda/PIB sigue siendo uno de los principales indicadores de seguimiento. Con un PIB nominal proyectado de $95,102 millones para 2026, el saldo de deuda al cierre de marzo implica una relación aproximada de 63.1%, un nivel que se mantiene elevado frente a estándares históricos del país.
En los últimos años, este indicador pasó de 56.44% en 2023 a 65.61% en 2025, reflejando un deterioro progresivo que aún no logra revertirse completamente.
A nivel sectorial, la deuda continúa concentrándose en el sector financiero, con más de $55,000 millones, muy por encima de otros sectores como transporte, salud o educación.
Esta distribución responde a la naturaleza del endeudamiento del Gobierno central, pero también evidencia que el financiamiento sigue enfocado en cubrir necesidades fiscales más que en proyectos sectoriales específicos, lo que limita su impacto directo en áreas productivas.
El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido que la deuda pública continuará creciendo mientras persista el déficit fiscal, señalando que el saldo ronda los $59,000 millones. No obstante, ha insistido en que la estrategia del Gobierno apunta a reducir el déficit de manera progresiva, evitando medidas que puedan afectar el empleo o la actividad económica.
Este enfoque busca equilibrar la estabilidad fiscal con la necesidad de mantener el crecimiento, en un contexto internacional aún exigente.