En Panamá, cerca del 90 % de los cigarrillos consumidos en 2025 fueron de origen ilícito, según un informe elaborado por KPMG LLP, la firma global de auditoría, a solicitud de Philip Morris Products S.A., filial de la tabacalera internacional. El país centroamericano lidera el consumo regional de cigarrillos ilegales, con un volumen anual que supera los 1,120 millones y una pérdida estimada de recaudación fiscal de USD 183 millones.
El consumo total de cigarrillos en Panamá alcanzó 1,260 millones en 2025, de los cuales 1,120 millones correspondieron a productos clasificados como “Counterfeit & Contraband”, (C&C), una categoría que incluye tanto falsificaciones como contrabando.
Según el informe, la mayoría de estos productos ilícitos pertenece al segmento denominado «Illicit Whites», cigarrillos fabricados legalmente en un país pero destinados casi exclusivamente a la exportación ilegal hacia mercados donde no tienen autorización de venta. En el documento se explica que estos niveles de consumo ilícito permanecen estables desde 2021, consolidando a Panamá como el mercado de mayor incidencia de comercio ilegal de cigarrillos en la región.
El perfil de consumo ilícito en Panamá se distingue por la magnitud del fenómeno y el peso de los productos sin etiquetado específico dentro del mercado ilegal. De acuerdo con los datos recogidos, los flujos de entrada de cigarrillos ilícitos provienen principalmente de marcas sin país de origen visible, con aportes menores desde Nicaragua y otros mercados vecinos. El informe de KPMG LLP muestra que estos flujos han disminuido desde 2022, pero siguen representando la gran mayoría del consumo total.
Las autoridades panameñas han señalado como factor clave el endurecimiento de la regulación sobre los productos derivados del tabaco. En 2022, el país prohibió la importación, venta y uso de cigarrillos electrónicos, vaporizadores y productos de tabaco calentado, una medida que, según el informe revisado por Infobae, coincidió con un repunte en el consumo de cigarrillos convencionales y un aumento del comercio ilícito. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes, en un contexto en el que el acceso a productos legales se redujo y la oferta ilegal cubrió la demanda insatisfecha.
La pérdida fiscal para Panamá por la evasión del impuesto al tabaco se estimó en USD 183 millones en 2025, una de las cifras más altas de América Latina en términos relativos respecto al mercado formal. El informe de KPMG LLP advierte que el comercio ilícito no solo afecta la recaudación estatal, sino que también genera riesgos sanitarios, ya que los productos ilegales eluden controles de calidad y regulaciones de etiquetado.
Costa Rica y Guatemala con menor consumo
En la comparación regional, el informe indica que ningún otro país de Centroamérica ni del Caribe presenta una proporción similar de consumo ilícito como el de Panamá.
En Costa Rica, el consumo ilícito de cigarrillos alcanzó 0.67 mil millones de unidades, lo que representa el 44.6% del total estimado en 1.50 mil millones. La pérdida fiscal asociada a este comercio no regulado se sitúa en USD 89 millones.
De acuerdo con los datos, la oferta ilegal en Costa Rica está compuesta enteramente por productos clasificados como “Illicit Whites”. El volumen de ingreso de estos cigarrillos ilícitos se mantiene constante, mientras que la cantidad exportada desde Costa Rica hacia otros países es marginal.
Por su parte, Guatemala registra un consumo total de 1.45 mil millones de cigarrillos, de los cuales 0.34 mil millones corresponden a operaciones ilícitas, equivalentes al 23.7%. El déficit fiscal derivado en este país se estima en USD 23 millones.
En el territorio guatemalteco, la mayoría de los productos ilegales detectados pertenece también a la categoría “Illicit Whites”. Los principales flujos de entrada provienen de mercancía sin etiquetado específico y de origen hondureño, mientras que la redistribución hacia mercados externos es reducida.
El caso panameño ha generado preocupación en organismos internacionales y dentro de la industria tabacalera, que subrayan la necesidad de estrategias coordinadas para combatir el contrabando y fortalecer la fiscalización.
El informe de KPMG LLP también sostiene que la permanencia de altos niveles de consumo ilícito en Panamá se debe a la capacidad de adaptación de las redes de contrabando y a la rentabilidad que ofrece el mercado local frente a otros países de la región. A pesar de los esfuerzos regulatorios y operativos, la oferta de cigarrillos ilegales continúa en diversos puntos de venta, en detrimento de los canales legales y de la recaudación tributaria estatal.
Impacto económico y respuesta regional
La situación de Panamá se ha transformado en un caso de estudio para otros países del continente, que observan cómo factores regulatorios, fiscales y de control fronterizo influyen en la expansión del mercado ilícito de tabaco. Según el documento al que accedió Infobae, las autoridades panameñas enfrentan el desafío de equilibrar las políticas de salud pública con la implementación de mecanismos destinados a reducir la presencia de productos ilegales y ampliar la capacidad de fiscalización estatal.