Panamá reconoce el derecho al cuidado de personas, una medida que busca transformar la economía y la vida laboral de las mujeres. El país se convierte en el tercero en América Latina y el Caribe en legislar el cuidado como un derecho, sumándose a Uruguay y Colombia. Sin embargo, el desafío ahora se centra en la financiación sostenible y en la profesionalización de las cuidadoras.
Desde 2024, la entrada en vigor de la ley del Sistema de Cuidado de Personas marca un giro en la organización social, al proponer un modelo de corresponsabilidad entre Estado, familias, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. La norma garantiza el derecho al cuidado, el bienestar y la autonomía de quienes lo necesitan, según la cita.
Este avance legislativo pretende redistribuir una labor que ha recaído en las mujeres, muchas veces sin remuneración ni acceso a derechos laborales. Como explicó a EFE la coordinadora de ONU Mujeres para Panamá, Dayanara Salazar, dar visibilidad a los cuidados como tema público es una forma de reconocer oficialmente un trabajo que las mujeres han realizado sin recibir pago.
De acuerdo con Salazar, cuando las mujeres pueden acceder a servicios como guarderías o centros de día para familiares, se produce un "triple retorno“: logran integrarse al mercado laboral, cotizan en la seguridad social y contribuyen con impuestos, todo ello favoreciendo su autonomía económica.
A pesar del marco legal, las expertas advierten que el principal obstáculo es la falta de recursos para implementar el sistema de cuidados de manera efectiva. El reto se extiende a la necesidad de profesionalizar a quienes brindan estos servicios y de involucrar al sector privado en la corresponsabilidad.
La ministra de la Mujer de Panamá, Niurka Palacio, afirmó que la nueva ley ya ha generado un impacto en diversas comunidades. Según detalló a EFE, el objetivo es articular la participación de la sociedad civil, empresas y autoridades locales para avanzar hacia la igualdad de género y la justicia social.
Durante una mesa redonda, la directora del Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, Aracelly de León de Bernal, y otras autoridades judiciales dialogaron sobre los avances del sistema de cuidados en el país centroamericano y los desafíos que aún persisten. El intercambio de perspectivas permitió identificar áreas donde la articulación entre los diferentes sectores puede fortalecer la implementación de la ley.
En Panamá, una gran proporción de mujeres dedica su tiempo al cuidado no remunerado de familiares mayores, menores de edad o personas con discapacidad, lo que limita su acceso al empleo formal y a los beneficios sociales asociados. La falta de servicios de apoyo impide que muchas mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, perpetuando la desigualdad de género en el ámbito económico.
El país apuesta por políticas públicas que promuevan una nueva organización social del cuidado, integrando la participación de actores estatales, privados y comunitarios. Ejemplos recientes incluyen la colaboración entre ONU Mujeres y la Cooperación Española para implementar programas piloto que transformen las economías locales en sistemas de cuidados integrales.
Durante la mesa redonda 'Cuidados y justicia social‘, especialistas y autoridades judiciales coincidieron en la importancia de construir alianzas para que la ley se traduzca en beneficios para las mujeres y sus familias.