El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, reiteró que la prohibición para que empresas europeas participen en licitaciones públicas del Estado panameño seguirá vigente mientras la Unión Europea mantenga al país dentro de listas que el gobierno considera discriminatorias.
El mandatario insistió en que la decisión responde a una medida de reciprocidad, ante lo que calificó como un trato injusto hacia el país dentro del sistema de clasificación europeo.
Mulino sostuvo que Panamá ha realizado reformas y ajustes regulatorios durante los últimos años para cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal, por lo que considera que no existe justificación para mantener al país en listados que afectan su reputación financiera internacional.
En ese contexto, explicó que la restricción aplicada por su gobierno busca presionar para que la Unión Europea elimine completamente a Panamá de esos mecanismos de clasificación.
El mandatario también aclaró que la medida no afectará proyectos que ya se encuentran en ejecución con empresas europeas, ya que el gobierno no tiene intención de paralizar contratos vigentes ni inversiones en marcha.
Según indicó, la decisión aplica únicamente para nuevas licitaciones públicas convocadas por entidades del gobierno central, a partir del anuncio realizado por su administración.
Durante sus declaraciones, el presidente afirmó que la reacción del sector empresarial europeo ya comenzó a sentirse, al mencionar que una importante naviera con sede en Europa anunció gestiones ante su propio gobierno para impulsar la salida de Panamá de esas listas.
Para Mulino, ese tipo de gestiones demuestra que las listas tienen un componente político que puede corregirse mediante diálogo y presión diplomática.
En medio de este contexto, el mandatario fue consultado sobre las licitaciones portuarias vinculadas al Canal de Panamá, particularmente en relación con los procesos que desarrolla la Autoridad del Canal para nuevas terminales portuarias.
Mulino señaló que espera que el Canal actúe como parte del país en un tema de interés nacional, aunque reiteró que el Ejecutivo no tiene facultad constitucional para intervenir en las decisiones de la entidad canalera.
“Yo espero que el Canal sea parte del país en un tema país como este, pero no me puedo meter en el Canal”, expresó el mandatario, al recordar que la Autoridad del Canal de Panamá opera bajo un régimen de autonomía establecido por la Constitución.
Aun así, el presidente dejó entrever que sería conveniente que la institución tome en cuenta el contexto diplomático que enfrenta el país al momento de evaluar la participación de empresas europeas en procesos de licitación.
Mulino también expresó preocupación por la posibilidad de que un mismo operador termine controlando varias terminales portuarias estratégicas vinculadas al Canal, al señalar que una concentración excesiva podría afectar la competencia dentro del sistema logístico panameño.
El mandatario indicó que permitir que una sola empresa opere múltiples instalaciones portuarias sería un error estratégico para el país.
En esa línea, recordó que cuando se otorgó la concesión original en 1997, las terminales de Balboa y Cristóbal quedaron bajo la administración de un mismo operador, lo que consolidó un modelo altamente concentrado dentro del sistema portuario panameño. Según explicó, la nueva etapa de licitación debería evitar repetir ese esquema.
El presidente reiteró que cuando se convoquen las nuevas licitaciones para estas terminales, el enfoque del gobierno es que cada puerto sea adjudicado a operadores distintos, con el objetivo de introducir mayor competencia en el sector portuario vinculado al Canal de Panamá.
Actualmente, los puertos de Balboa y Cristóbal atraviesan un proceso de transición operativa, luego de que la Corte Suprema de Justicia anuló la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), una decisión que obligó a reorganizar temporalmente la administración de ambas terminales mientras se estructuran los nuevos procesos de licitación.
Mulino explicó que la intención del Ejecutivo es que el nuevo esquema portuario promueva un modelo más competitivo, en el que dos operadores distintos gestionen las terminales ubicadas en los extremos del Canal, en lugar de concentrar ambas instalaciones en manos de una sola empresa.
A pesar de sus comentarios sobre la estructura futura del sistema portuario, el mandatario reiteró que las decisiones finales sobre las licitaciones relacionadas con el Canal de Panamá corresponden exclusivamente a la Autoridad del Canal, cuya autonomía administrativa y financiera está protegida por la Constitución.
En ese sentido, el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, explicó que el proceso actual corresponde a una etapa de precalificación para operadores interesados en participar en nuevas terminales portuarias, entre ellas Corozal y Telfer.
Icaza indicó que las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes de precalificación hasta el próximo 8 de abril, como parte de un proceso que busca seleccionar operadores portuarios bajo criterios de competencia, eficiencia y apertura del mercado.
El ministro también subrayó que la Autoridad del Canal busca evitar concentraciones excesivas de operadores portuarios en un mismo lado del Canal, ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, con el objetivo de garantizar mayor competencia dentro del sistema logístico que utiliza la vía interoceánica.
Además, explicó que la intención es promover terminales abiertas, es decir, puertos que puedan ser utilizados por diferentes líneas navieras y no exclusivamente por la compañía que opere la terminal, un modelo que busca ampliar las oportunidades comerciales dentro del hub logístico panameño.