El Poder Ejecutivo nacional presentó el mensaje presidencial 178/2026 para crear una ley de Transparencia y Publicidad de la gestión de intereses, una iniciativa que busca fijar reglas para las peticiones ante autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo y, al mismo tiempo, reforzar la trazabilidad de los asuntos públicos en un contexto en el que la transparencia impacta sobre la reputación de los funcionarios y la credibilidad del programa económico.
El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión. También prevé multas económicas de 5 a 2.000 salarios mínimos vitales y móviles por incumplimientos a la ley.
La propuesta se limita a los poderes de gobierno en sentido clásico o activo: el Ejecutivo y el Legislativo. El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado.
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El proyecto incorpora un régimen sancionatorio penal de 6 meses a 3 años para quien realice gestión de intereses sin registrarse o sin dar publicidad a la reunión
Uno de los ejes centrales del mensaje es la creación de un doble registro. La obligación alcanzará tanto a quienes gestionen intereses desde el sector privado como a los funcionarios que mantengan audiencias, con un sistema cruzado que coloca en ambas partes la responsabilidad de informar públicamente cada gestión de lobby.
El proyecto crea registros cruzados y fija una puerta giratoria de 24 meses
El mensaje incorpora además una cláusula de “puerta giratoria” con un plazo prudencial de 24 meses para áreas sobre las que una persona hubiera tenido responsabilidad. El texto la presenta como una inclusión relevante por el tipo de información calificada que puede circular en esos ámbitos.
Entre los sectores que quedarían alcanzados por la regulación aparecen de manera directa los actores y agencias de relaciones públicas. El proyecto los ubica entre quienes realizan de forma cotidiana actividades de gestión de intereses.
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La iniciativa también dedica un título específico a la regulación de la gestión de intereses de extranjeros. Ese alcance se combina con las sanciones penales previstas para quienes actúen sin registro o sin publicidad suficiente, incluso cuando lo hagan en representación de personas extranjeras.
El texto no plantea regulación sobre el Poder Judicial ni sobre una concepción más amplia del Estado
La dimensión de control aparece como uno de los rasgos más fuertes de la norma. El texto vincula esa necesidad con la revalorización de la transparencia después de escándalos públicos por reuniones con funcionarios en momentos o por hechos sometidos a reproche moral y legal.
La iniciativa vincula ética pública, mercado y acceso a la información
El mensaje sostiene que esas situaciones no solo afectan la reputación de los funcionarios. También inciden sobre la dinámica económico-política y sobre la credibilidad del programa económico, que el texto asocia con una relación estrecha entre ética y perspectiva liberal.
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Esa lógica se traslada al plano del funcionamiento del mercado. El proyecto parte de que, si el motor económico se apoya en el esfuerzo individual, las reglas de juego deben permitir que quienes producen, invierten o tributan conozcan de qué modo se relacionan funcionarios y otros actores para evitar que la corrupción afecte su propiedad o les impida advertir gestiones opacas.
Desde ese enfoque, los registros previstos por la ley se equiparan en su función con la lógica de la Ley de Acceso a la Información Pública. El objetivo es que operen como una huella o trazabilidad permanente en la gestión de los asuntos públicos.
El texto también propone una lectura social de la norma que excede la idea de control. Presenta la ley como una herramienta de co-gestión o gestión colaborativa, abierta a sectores interesados en un sentido inclusivo y no exclusivo ni extractivo en lo económico.
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Esa concepción se apoya en una idea de democracia en la que individuos y grupos participan de manera regular en asuntos concretos vinculados con su actividad. La publicidad de la gestión de intereses, según el mensaje, debe ampliar los sistemas de información para la toma de decisiones de los actores de la economía, la política y la sociedad argentina, así como de quienes se relacionen internacionalmente con el Estado y la sociedad civil.