En el debate por la reforma de la ley de glaciares en la Cámara de Diputados se instaló, casi sin discusión, la idea de que se está llevando adelante una “audiencia pública”. La expresión suena bien, remite a participación, a apertura, a escucha. Pero cuando se analiza con un mínimo de rigor, aparece una diferencia importante entre lo que la figura significa en términos jurídicos y lo que efectivamente está ocurriendo en el Congreso.
La ley general del ambiente establece la participación ciudadana y, en particular, la audiencia pública como una instancia obligatoria dentro de los procedimientos de evaluación ambiental. Es una herramienta pensada para proyectos concretos —mineros, energéticos, de infraestructura— donde existe un estudio de impacto ambiental que debe ser puesto a consideración antes de que la autoridad adopte una decisión.
Ese diseño no es casual. La audiencia pública, en ese marco, está vinculada a decisiones administrativas sobre proyectos específicos, con objeto definido y efectos concretos. No es un mecanismo previsto para el trámite legislativo de una ley.
En el mismo sentido, el Acuerdo de Escazú reconoce el derecho de participación pública en la toma de decisiones ambientales. Pero cuando uno mira con detenimiento su alcance, queda claro que está pensado para procesos donde la autoridad debe resolver sobre proyectos, autorizaciones o instrumentos de gestión ambiental, así como en la elaboración de políticas, planes, programas y reglamentaciones.
“La participación puede enriquecer el debate, pero no sustituir la decisión legislativa ni transformarse en un mecanismo informal de plebiscito.”
A partir de ahí es donde empieza el problema.
Porque lo que se está construyendo alrededor de esta supuesta “audiencia pública” no es solamente un espacio de participación, sino una escenificación. Una puesta en escena orientada a acumular intervenciones en un mismo sentido para luego traducirlas en un número, y ese número presentarlo como si fuera una expresión de mayoría social.
No es casual que la discusión empiece a girar en torno a cuántos expositores están en contra, cuántos a favor, o cuál “ganó”. Ese es el objetivo: instalar la idea de que hay un resultado, como si estuviéramos frente a una votación.
Pero eso no es la sociedad. Es, en todo caso, una mayoría construida dentro de una minoría activa, organizada y altamente movilizada, que se presenta como totalidad para condicionar la decisión de los legisladores.
Y acá aparece un punto central que el propio Acuerdo de Escazú deja en evidencia y que se está ignorando. El acuerdo habla de garantizar un plazo razonable para que el público pueda informarse y participar efectivamente. Esa razonabilidad supone un proceso posible: que permita escuchar, procesar y decidir.
Lo que ocurre acá es exactamente lo contrario. Se ha promovido una inscripción masiva, sin ningún criterio de organización ni de representatividad, con un objetivo deliberado: saturar el procedimiento hasta volverlo inviable.
No es participación, es una maniobra. Una estrategia impulsada por organizaciones que conocen perfectamente las reglas del juego y las utilizan para forzar un resultado por agotamiento: impedir que se pueda escuchar a todos y, después, deslegitimar cualquier decisión que no coincida con su postura.
Así se desvirtúa completamente el espíritu de Escazú. El acuerdo habla de participación efectiva, no de bloqueo organizado. No promueve la acumulación infinita de voces para paralizar la decisión, sino condiciones razonables para que el proceso funcione y llegue a un cierre.
Pero incluso si uno dejara de lado esa distorsión, aparece otro problema evidente.
Una proporción importante de quienes participan no pertenece a las provincias cordilleranas, que son las directamente involucradas en el uso de los recursos vinculados a los glaciares y al régimen hídrico de montaña. Son voces legítimas, sin duda, pero que opinan desde realidades completamente distintas, muchas veces urbanas, donde el agua no depende del deshielo y donde las decisiones sobre estos recursos no tienen impacto directo en la vida cotidiana.
Así, mientras provincias como Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy o Catamarca discuten cómo generar desarrollo, empleo y oportunidades a partir de sus recursos naturales, se intenta construir una mayoría desde otros territorios, con otras condiciones y otras prioridades, para incidir sobre decisiones que no les afectan de la misma manera.
Esto no es un problema de participación. Es un problema de encuadre.
La Argentina no es una asamblea permanente. Es una república representativa y federal. Eso significa que las decisiones no se toman por acumulación de voces ni por capacidad de movilización, sino a través del voto de los representantes elegidos por la ciudadanía.
La participación puede aportar, enriquecer, advertir. Pero no puede transformarse en un mecanismo informal de plebiscito que pretenda reemplazar o condicionar la decisión legislativa.
Porque cuando se cruza esa línea, lo que está en juego no es solo una ley.
Es la forma en que decidimos como país.