Posicionamiento estratégico de América Latina en los mercados de carbono

La región busca liderar en sostenibilidad ambiental, priorizando iniciativas de inversión que promuevan la conservación y reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) sin los costes de los esquemas regulados

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Argentina tiene una gran oportunidad para participar de este esquema
Argentina tiene una gran oportunidad para participar de este esquema

Para definir el posicionamiento estratégico de América Latina en los mercados de carbono, es importante comprender primero la diferencia histórica y actual y las responsabilidades ambientales de todos los países en el esquema de obligaciones globales en lo que respecta a la crisis climática y ecológica. América Latina es uno de los pocos pulmones que quedan en el planeta con vitalidad y, además, una de las regiones que menos contaminación ha generado en términos de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Por ello hay que entender que el posicionamiento de los países de la región, debe ser el de recibir inversiones de aquellos que tienen la responsabilidad histórica de haber contaminado y aún lo siguen haciendo significativamente, y por ende, tienen la obligación de pagar por ello tal como prevén los marcos normativos firmados al respecto.

Por lo tanto, América Latina tiene que aprovechar su capacidad para recibir inversiones tanto para conservación como para reducción de GEI, fortaleciendo los mercados voluntarios, en lugar de tratar de avanzar con mercados regulados, que solo le van a causar mayores costos internos a las empresas locales y no necesariamente mejorar su competitividad, al no poder adaptarse tecnológicamente por falta de financiamiento climático.

En este escenario, Argentina tiene una gran oportunidad para participar de este esquema, si hace bien los deberes.

Encuadre

Los mercados de carbono son de dos tipos, el regulado de cumplimiento con control estatal, y el voluntario, cuyas operaciones se pactan libremente entre las partes.

Los mercados de carbono regulados de cumplimiento son aquellos en los que las empresas obtienen y entregan derechos de emisión o permisos para cumplir con los objetivos reglamentarios ambientales predeterminados de GEI definidos por un gobierno. Este mercado es un régimen de comercio de derechos de emisiones que opera sobre un principio de “cap and trade”, en el cual las empresas son reguladas por el Estado y reciben permisos de emisión o asignaciones para contaminar por parte del gobierno por un monto máximo total o limitado de GEI. Las empresas obligadas pueden comercializar emisiones que se ahorren, pero esto no genera ni inversión genuina extranjera ni una real mejora; solo basta con ver lo que está pasando en los países obligados, que cuentan con mercados regulados de cumplimiento y cuyas emisiones no han bajado sino todo lo contrario.

Los mercados de carbono voluntarios no están regulados por el Estado, sino que involucran la compra y venta de certificados de carbono equivalentes a una tonelada, entre privados. Estos mercados se caracterizan por incorporar una amplia variedad de transacciones que pueden ocurrir fuera de cualquier ámbito regulado, pero a través de plataformas de trading como la Bolsa Argentina de Carbono, o negociaciones entre privados conocidas como OTC (Over-the-Counter, por sus siglas en inglés). Las transacciones se originan a partir de los certificados que genera un proyecto de conservación o tecnológico de mitigación o adaptación climática, verificado y certificado por un estándar internacional competente, que garantiza la reducción de emisiones de GEI. Estos mercados incluyen todas las transacciones voluntarias que se adquieren para compensar las emisiones de GEI y reducir la huella de carbono.

Una de las condiciones para que se pueda generar ese crédito, es que exista “adicionalidad”, esto es, que no existan normas que obliguen a la reducción de emisiones. Los mercados de carbono voluntarios dependen, justamente, del esfuerzo que efectivamente las empresas realizan para avanzar en su carbono neutralidad, y por ese esfuerzo adicional, consiguen capitales en el propio mercado con la venta de sus certificados actuales o futuros con los que financian esos esfuerzos que se traducen en inversiones para el país, a diferencia del regulado, que encarece los costos internos, fomentando una inflación de oferta, y que tampoco genera inversiones para conservación de los ecosistemas.