
Cuenta la leyenda que Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía en 1971, afirmó una vez que los países podían dividirse en cuatro categorías: los países desarrollados, los países en desarrollo, Japón y Argentina.
En esta clasificación, Argentina quedaba sola porque era realmente difícil de explicar por qué, habiendo sido un país rico en el pasado (a principios del Siglo XX), ahora era un país de mitad de tabla, empobrecido. La decadencia argentina, entonces, no es una ocurrencia del presidente Javier Milei, sino un tema de estudio a nivel global.
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Ahora bien: ¿cuáles son las causas de esta decadencia? En un reciente libro de fama internacional, los académicos Daron Acemoglu y James Robinson establecieron que los países que lograron el desarrollo lo hicieron a través del establecimiento de instituciones inclusivas. Es decir, que protegían los derechos de propiedad privada y, con ello, promovían la innovación y el crecimiento.
Contrariamente, los países pobres (o los empobrecidos como Argentina), tenían instituciones extractivas, donde una elite política solo buscaba tomar recursos de la ciudadanía a cualquier costo y sin respetar las reglas básicas del capitalismo.
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La introducción viene a cuento porque no es una posición radicalizada ni propia de un pequeño grupo de “economistas austriacos” o “ultraliberales” el pensar que los problemas de Argentina tienen relación con su excesivo intervencionismo o con el abierto rechazo que le hemos dado a las ideas del libre mercado. Todo lo contrario, esta es una posición que tiene mucho consenso a nivel global.
Para el caso argentino, son relevantes otros dos consensos fuertes en economía. El primero: que la inflación es un fenómeno monetario y que la única forma de reducirla es dejando de emitir y ordenando las cuentas públicas. El segundo: que los déficits fiscales, si no se perciben como transitorios, llevan a crisis de inflación o a crisis de deuda. Todo esto es lo que ocurre en Argentina, donde lejos de “no aplicar ninguna ley de la economía”, se cumple todo lo que predicen los libros de texto más básicos.
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En este contexto, resulta absolutamente fascinante y refrescante escuchar al presidente reivindicar al capitalismo, a la libertad económica y explicar con toda claridad que lo que Argentina necesita es un pacto firme para respetar la propiedad privada.
En su discurso de Milei en el Congreso fue crítico con el estatismo dominante en nuestra historia, citó al Premio Nobel Milton Friedman, uno de los más grandes divulgadores de la historia del liberalismo, y también hizo referencia al Camino de Servidumbre que Argentina estaba condenada a transitar si no cambiaba el rumbo. Esto fue una clara referencia al libro de 1945 escrito por Friedrich A. Hayek, otro Premio Nobel de economía y también líder del movimiento liberal.
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Milei no oculta su devoción por la libertad económica, y lo hace de forma hábil al confrontar abiertamente con actores sociales que hoy están en los últimos escalones en los ránkings de aprobación popular. El presidente critica con dureza a la política tradicional, a los sindicalistas y a las autodenominadas “organizaciones sociales”, que de sociales tienen poco porque atentan contra la paz social cuando cortan las calles más de una vez por semana. Al elegir estos enemigos, el presidente consolida su popularidad, a pesar de tener un número minoritario en el Congreso, y busca apoyarse en ella para que se pueda finalmente avanzar en reformas que permitan al país volver a crecer.
Llegamos entonces al “Pacto de Mayo”. Es que, si bien Milei fue duro con lo que denomina la “casta política”, hacia el final de su alocución invitó a los gobernadores a firmar un pacto, el día 25 de mayo, con 10 puntos, entre los cuales destaco 7 que considero absolutamente fundamentales: 1) Inviolabilidad de la Propiedad Privada; 2) Equilibrio Fiscal; 3) Reducción del Gasto Público; 4) Reducción de la presión fiscal; 5) Apertura al Comercio Internacional; 6) Reforma Laboral; 7) Reforma Previsional.
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El Pacto es absolutamente revolucionario si se tiene en cuenta que, al menos en los últimos años 25 años, hicimos exactamente lo contrario: aumentamos el gasto público y el déficit fiscal, cerramos la economía, subimos los impuestos y, como corolario, destruimos la propiedad privada porque regulamos todos los precios cuando vino la inflación y, cuando el estado se quedó sin plata, expropió las jubilaciones privadas (año 2008) y dejó de pagar la deuda (año 2001, 2014 y 2020).
El Pacto, también, va en línea con lo que hacen los países normales. Hoy en día es poco discutido el hecho de que es conveniente tener una economía abierta al comercio, tender al equilibrio fiscal y respetar la propiedad privada. Claro, cualquiera puede rechazar estos principios, pero el consenso –al menos en la Ciencia Económica– es que rechazarlos tiene consecuencias negativas, las cuales, como venimos describiendo, Argentina enfrenta en su totalidad.
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En este contexto, las ideas del Pacto de Mayo se presentan como una nueva esperanza para nuestro país. Ahora bien, por su contenido tan contracultural, yo tengo mis dudas de que alguna vez logre ser firmado por una mayoría de la dirigencia política.
Sin embargo, me queda claro que, si las ideas que este pacto propone efectivamente logran implementarse, nos espera un futuro próspero, con más inversión, más producción, mejores empleos y menor pobreza.
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El autor es Investigador Asociado del centro FARO de la Universidad del Desarrollo, en Chile, profesor universitario y consultor de empresas
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