La inseguridad se manifiesta cada día, y en plena campaña electoral se empieza a hablar de “planes de seguridad” sin que muchos de los políticos o autodenominados especialistas sepan de qué se trata.
Como hemos explicado en varias columnas, el plan de seguridad se diferencia de las políticas criminales de Estado en que éstas son normalmente de mediano y largo plazo, mientras aquél debe incluir recetas probadas para lograr revertir el proceso de alza criminal, en el corto plazo.
¿Qué debe tener entonces el Plan de Seguridad?
1. El primer punto es algo natural en otras latitudes, no tanto en Argentina, y es que quien lo realice y ejecute sea un experto en el área, las distintas aventuras que ha sufrido el país con amigos o cajeros del poder se notan en el resultado.
2. Apoyo político amplio, de ser posible multijurisdiccional. Si bien el Presidente maneja las fuerzas federales, las distintas jurisdicciones deben estar a tono, por ejemplo la Provincia de Buenos Aires con gran parte de su conurbano tomado por el narcotráfico y su alta criminalidad no debería ser ajena a un plan de seguridad nacional.
3. Técnicas probadas antidelictuales, surgidas del diagnóstico criminal y de estructura de fuerzas (auditoría de diagnóstico, primer paso de la aplicación del plan)
Los pilares
A. Narcotráfico: evidenciada la alta incidencia del mismo y sus derivaciones en el crimen urbano, se impondría en nuestro país la creación, por parte del nuevo gobierno, de una Agencia de lucha contra el crimen organizado, surgida de las filas de las fuerzas federales (específicamente contra el narcotráfico, la trata de personas, y el lavado de activos), a más de reforzar la red sanitaria para desintoxicación de adictos, y ampliarla a las cárceles. No sólo se debe perseguir la oferta de tóxicos (carteles o bandas criminales) sino también penalizar, en su medida, a la demanda, dejando de lado cuestiones ideológicas, ya que resulta materialmente imposible luchar contra la oferta de un producto cuando desde sectores “progresistas” de anteriores gobiernos se incitó al aumento de la demanda de tóxicos (adictos).
B. Iniciadores de violencia: especialmente debe prestarse atención a la violencia doméstica, en ello el sistema policial-judicial debe ser duro, se debe arrestar al agresor al primer delito -normalmente leve-, no esperando la escalada que llega al homicidio o las lesiones graves para hacerlo.
C. Buscados: cuando un fiscal o juez anota la captura de un delincuente prófugo, normalmente éste aparece cuando es detenido por un posterior delito. Las policías deben contar con una nueva o mejorada “división buscados” y sus miembros deben salir a encontrar y detener a estos criminales antes que cometan un nuevo crimen.
D. Asuntos internos: Unidad operativa, “policía de policías”, muy distinta de los departamentos de sumarios burocratizados locales. La tolerancia cero debe empezar por casa.
E. Calidad de vida: con leyes de tránsito y contravencionales se recuperará rápídamente la vía pública apropiada ilegítimamente por “limpiavidrios”, “cuida-autos”, ebrios, prostitutas, etc.
F. Programas comunitarios especiales: menores en riesgo, antidrogas preventivos en escuelas; policía voluntaria ciudadana, enlaces con comunidades religiosas y/o étnicas, etc.
4. Un Poder Judicial que acompañe y no se convierta en cómplice de los criminales, imponiendo decisiones enérgicas basadas en la ley, que deberá actualizarse en muchos aspectos a tales fines.
5. Cárceles nuevas. Un Plan de seguridad exitoso remueve de las calles a los criminales, aumentando la población carcelaria. La de Argentina no es numerosa estadísticamente en relación a su población general, las condiciones de hacinamiento y de falta de tratamiento de los internos provienen de la falta de construcción de establecimientos adecuados que nunca siguieron ni el crecimiento poblacional ni el delictual.
No esperemos mejores resultados de gente o procesos ya probados ineficientes.
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