Cómo se construyó el régimen de sanciones a Venezuela que Biden está comenzando a desarmar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida por sus siglas en inglés como OFAC y perteneciente al Tesoro de los Estados Unidos, autorizó el pasado sábado 26 de noviembre a la petrolera americana Chevron a producir crudo en Venezuela por los próximos seis meses. Lo que parece una simple decisión administrativa, se da luego de que Maduro y parte de la oposición retornarán a la mesa de negociación en México y marca un acercamiento, aún solapado, entre Washington y Caracas. Luego de tres años y medio de una política de “máxima presión” que el presidente Trump implementó a partir de su llegada al Salón Oval, la posibilidad de una normalización parcial de las relaciones económicas entre Venezuela y Estados Unidos ya no parece tan lejana.

Sin embargo, en estos años EEUU sancionó a más de 430 entidades venezolanas y los principales sectores de la economía legal del país, en particular el petrolero, están prácticamente aislados de los mercados del mundo. Para entender cómo podría desarmarse uno de los regímenes de sanciones más fuertes en el mundo, es necesario comprender las motivaciones y estructuras detrás de su existencia.

A grandes rasgos, podemos hablar de cuatro etapas en la construcción del régimen de sanciones sobre Venezuela. La primera se extiende entre 2008 y 2013, con la aparición de las primeras designaciones de OFAC en el país caribeño. En un contexto donde el chavismo confrontaba con EEUU y se acercaba a Irán, la administración Bush designó a entidades venezolanas por colaborar con las FARC y Hezbollah en actividades ilícitas. Como sabemos, de poco sirvieron estas acciones en torcer el comportamiento del régimen bolivariano, y luego de la muerte de Chávez y la profundización del autoritarismo en Venezuela, EEUU comenzó a expandir las herramientas de sanciones. En esta segunda etapa, que duró hasta la llegada de Trump al poder, el Congreso americano tomó la posta y a través de la creación de la Ley para la Defensa de Los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, obligó al entonces presidente Obama a sancionar a 6 altos funcionarios del gobierno, la justicia, y de las fuerzas represivas por violaciones a los derechos humanos.

Con la asunción de Trump en 2017, la política exterior estadounidense viró hacia una posición mucho más dura en América Latina, sobre todo en cuanto a Cuba, Nicaragua, y Venezuela. La Casa Blanca ya no apuntaba a modificar el comportamiento de régimen bolivariano, sino a terminar con él. Las designaciones a funcionarios llegaron al más alto nivel, sancionado a figuras como Diosdado Cabello, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, la ministra Delcy Rodríguez, y hasta al propio Nicolás Maduro. Aún más importantes fueron las sanciones sectoriales a través de decretos presidenciales. Con la Orden Ejecutiva 13808, Trump impidió a la economía venezolana de acceder a capitales financieros estadounidense. Luego de la proclamación de Guaidó como presidente encargado, la Casa Blanca tomo la drástica decisión de ir por sectores petroleros y mineros al sancionar a PdVSA y Minerven, las dos principales empresas estatales de los respectivos sectores. Teniendo en cuenta que el petróleo representaba el 97% de las exportaciones de Venezuela, Maduro quedó prácticamente sin acceso legal al dólar. Frente a esto, numerosos líderes mundiales y analistas internacionales, esperaban la caída del chavismo luego de 20 años en el poder.

Para la sorpresa de muchos, la dictadura socialista no solo sobrevivió, sino que el FMI pronostica que Venezuela crecerá 6% en 2022, luego de 10 años de caída del PBI. Las razones detrás de esto son varias, y entre ellas se encuentra la proliferación de actividades criminales transnacionales como el narcotráfico y la minería ilegal con la complicidad de Maduro. Pero a fines de este análisis, lo importante es que la Casa Blanca de Biden considera que la “buena salud” del régimen prueba que las sanciones no funcionan. Es así como llegamos a la cuarta y actual etapa, donde hay una marcada intención de parte de la actual administración de volver a revitalizar la industria petrolera venezolana para reemplazar así el combustible ruso y, en menor medida, el saudí. Si bien el futuro de estas negociaciones es incierto, lo que está claro es que mientras construir el régimen de sanciones fue un proceso con muchos componentes técnicos, legales, y de derechos humanos, el desarmarlo será casi exclusivamente una empresa de pragmatismo político.

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