Quiero compartir unas reflexiones sobre el debate que se está dando en relación a la conformación del Consejo de la Magistratura. Sin embargo, es importante empezar por recordar que vivimos en un país que tiene casi la mitad de su población sumida en la pobreza. Es que, mientras no consigamos revertir ese flagelo que se expande y, como un cáncer fuera de control, corrompe nuestra sociedad a pasos acelerados, su erradicación debe ser la prioridad y para ello debemos mantener ese vergonzoso dato bien visible. Además, hay un estrecho vínculo entre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la posibilidad de que consigamos erradicar la pobreza.
En efecto, mientras en el país no se produzcan bienes y servicios de calidad y en cantidad suficientes, y de modo sostenido en el tiempo, no será posible disminuir la pobreza. Es que, aunque parezca una perogrullada, solamente se puede eliminar la pobreza creando riqueza, y la creación de riqueza exige un flujo abundante de inversiones productivas que necesitan de jueces honestos, independientes y eficaces. Jueces que brinden a quienes arriesgan su capital la tranquilidad de que estarán protegidos ante quien pretenda actuar arbitraria o ilegalmente, sea un funcionario público, el Estado o un privado.
En Argentina, como en cualquier otro país, quienes piensan en invertir evalúan si los jueces son honestos, aplican la ley a todos por igual, y no se dejan presionar por el poder político, económico o de organizaciones delictivas (como, por ejemplo, las narcotraficantes que tristemente han estado tan visibles en días recientes).
Y aquí es donde volvemos al Consejo de la Magistratura, una institución esencial en el proceso de selección de jueces, en controlar que cumplan bien su tarea y sancionarlos si no lo hacen. En estos días diputados y senadores nacionales están debatiendo la ley que definirá la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Los hechos muestran una realidad incontrastable: el Consejo de la Magistratura ha dejado mucho que desear en cuanto a su funcionamiento; la consecuencia de eso es un grave deterioro de la calidad del Poder Judicial y del servicio de justicia que éste brinda, lo cual se refleja en los bajísimos niveles de satisfacción que indican las encuestas.
Es cierto que hay muchos integrantes del Poder Judicial dignos de elogio por su desempeño. Pero, lamentablemente, eso no alcanza para revertir el deterioro general señalado.
Los legisladores están entonces frente a una gran oportunidad. Una oportunidad de demostrar a la ciudadanía que lo que los guía es la búsqueda del bien común, que en este caso se traduce en sancionar la ley que asegure el mejor funcionamiento del Consejo de la Magistratura; un Consejo que elija a los mejores candidatos, independientes, honestos, eficaces; un Consejo que a la hora de controlar y sancionar a los jueces lo haga en base a su desempeño, sin mirar con qué facción política simpatiza el magistrado o qué causa tiene o podría tener en sus manos; un Consejo que, al igual que los jueces que debería proponer, sea inmune a influencias externas, de poderes económicos, políticos o delictivos.
Entre los proyectos de ley hay uno, redactado por prestigiosos especialistas del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de FORES, que ha conseguido numerosas adhesiones de instituciones académicas, empresariales y de la sociedad civil. Como han explicado sus autores, dicho proyecto pretende “despartidizar” el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y propone una conformación que cumpla con el equilibrio que buscaron quienes redactaron la reforma constitucional de 1994 y que la Corte Suprema ha instado a alcanzar en su reciente sentencia. Creo que los legisladores de todas las bancadas deben prestar especial atención a este proyecto. Además de la solidez técnica que le otorgan sus autores, tiene la virtud de que su origen independiente de banderías políticas aleja sospechas de que diputados y senadores actúen movidos por intereses partidarios.
Vivimos tiempos que demandan ejemplos. Ejemplos de civismo y de compromiso con el bien común. La sociedad busca, con desesperación, esos ejemplos que le devuelvan la esperanza. Honorables legisladores, sean consecuentes con ese adjetivo con el que el protocolo los adorna, y demuestren que son capaces de consensuar una ley que sea el principio de un proceso virtuoso de mejoramiento del Poder Judicial. Habrán dado así un paso muy importante para erradicar la pobreza.
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