Toma de tierras: el kirchnerismo es cómplice de la ilegalidad

Uno de los temas que más preocupa a los argentinos en estos momentos es el de las usurpaciones de terrenos que están ocurriendo en distintos puntos del país. Esto sucede al amparo de gobiernos, sobre todo el nacional y el de la provincia de Buenos Aires, que oscilan entre la justificación de ese proceder o su crítica sumamente tibia y ambigua, que no va a acompañada de las necesarias acciones para su resolución. Más aún, es evidente que son sectores del oficialismo los que promueven las tomas, aunque escondan la mano que arrojó la piedra.

No es un fenómeno nuevo. Es interesante recordar la experiencia obtenida en las usurpaciones masivas ocurridas en la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno kirchnerista, en las que pueden identificarse los siguientes patrones:

1.- Nunca son espontáneas. La necesidad de vivienda motiva expansiones hormiga de barrios ya asentados o instalación de casillas individuales en algún lugar apartado, como el borde del Rio de la Plata o del Riachuelo. Por eso es falso que respondan a una necesidad habitacional imperiosa.

2.- Son siempre organizadas y masivas. Las ocupaciones han demostrado una previa organización, evidente porque ante el arribo al lugar se dividen rápidamente las parcelas y se las ocupa en el marco de un loteo. Siempre son muchas familias, que no se instalan completamente en el lugar, sino que arman una casilla, sin ningún acceso al agua o electricidad, y queda una persona por casilla o cada dos casillas, pero el resto no pernocta en el lugar. Llegan en camiones o camionetas con los materiales o las carpas. En algunos casos, como en el Indoamericano, varias personas declararon que les pagaron para participar de la ocupación.

3.- Los lotes se venden o asignan posteriormente, por parte de los “punteros” organizadores de la toma. Inclusive ha ocurrido que el mismo lote se vende varias veces, echando a los compradores una vez que pagaron. Esta modalidad se pudo comprobar en la toma de la Villa 20, mal llamada Papa Francisco.

4.- En la toma de los asentamientos que habían ocurrido en el Bajo Flores, era evidente que la gente no vivía en las casillas y se presentaban rápidamente ante cualquier movimiento.

5.- En la toma de la Villa 20, hay escuchas en las que se demuestra la connivencia de personal del Ministerio de Acción social a cargo de Alicia Kirchner, que ofrecía materiales a cambio de llenar ómnibus con militantes vinculados al Movimiento Evita para manifestaciones.

6.- En esa toma, cuando se hizo el desalojo se verificó que se habían hecho construcciones que nunca se ocuparon. Los únicos ocupantes del predio eran narcotraficantes que se tirotearon con la policía luego de ser recuperado.

Las tomas actuales que se están verificando en la Provincia responden a la misma metodología. Son calcadas de las anteriores. Tienen apoyo logístico, loteos perfectos, gente que no pernocta en el lugar, etc. Por eso corresponde que se investigue quiénes son los instigadores. Estamos claramente ante acciones de una asociación ilícita, que organiza usurpaciones con fines de clientelismo, “negocios” inmobiliarios y ampliación de territorio del narcotráfico. Parece sensacionalista, pero no lo es en absoluto. Responde a un patrón ya demostrado.

Por si hiciera falta probar la responsabilidad del oficialismo en este festival de la ilegalidad, fue demorado el vicepresidente del Instituto Nacional de Institutos Indígenas, Luis Pilquimán, cuando transportaba a una familia a los terrenos ocupados en Villa Mascardi.

Mientras tanto, las autoridades nacionales y provinciales se van enredando en debates que solo confirman la absoluta falta de rumbo que se puede percibir en todas las áreas del gobierno, pero que en este campo es de una peligrosidad alarmante. Así, mientras Sergio Berni, que fue colocado como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires por Cristina Kirchner y solo responde a ella, se entretiene en shows mediáticos que lo exhiben como un Rambo del subdesarrollo, Sabrina Frederic, su par nacional, sostiene que las usurpaciones no son un tema de seguridad.

La reacción social, que sin dudas se ha reflejado en encuestas que leyó la Suprema Líder del Frente de Todos, motivó un reciente cierto giro dialéctico de Frederic y de otros funcionarios, pero de un modo muy poco convincente.

Por cierto, la cuestión habitacional es un problema que el Estado debe abordar. No se originó, como señaló el nieto de Antonio Cafiero, durante los gobiernos de Macri y Vidal, como si la Argentina del 9 de diciembre de 2015 hubiera tenido los índices de desarrollo humano de los países nórdicos. Fueron los gobiernos peronistas los que casi todo el tiempo gobernaron la provincia de Buenos Aires desde la recuperación de la democracia. Lo que Macri y Vidal pusieron en marcha fue un extraordinario plan de infraestructura para llevar agua potable y caminos, entre otras cosas, a vastas poblaciones desatendidas por quienes los tratan más como clientes que como ciudadanos.

La falta de viviendas dignas que padecen muchos argentinos se debe a décadas de políticas populistas, que desalentaron la inversión y el crédito. Mucho debe hacer el Estado al respecto, pero la solución no consiste en violar el derecho de propiedad, sino en facilitar, a través de diversas iniciativas, el acceso a la vivienda. Fomentar o tolerar la violación de derechos es no solo dejar de lado la Constitución, sino aniquilar la convivencia pacífica entre los argentinos y sepultar cualquier esperanza de desarrollo con equidad.

No es casual que estas acciones se produzcan al mismo tiempo que se ensaya un vasto plan de impunidad y de reforma de hecho de la Constitución mediante el copamiento de la justicia federal y la Corte Suprema. La usurpación de terrenos es un capítulo más de la usurpación de la república.

El autor es diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (Cambiemos)