Un impuesto en contra de los pobres

El impuesto a las grandes fortunas busca justificativo en que los ricos tienen que hacer un mayor esfuerzo en esta emergencia y, de hecho, su nombre oficial es “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. La realidad es que, gracias a la vocación por gastar en exceso de nuestros políticos, la Argentina va de emergencia en emergencia y de crisis en crisis. Y todas ellas generan la necesidad de recursos de un Estado gastador que busca recursos aumentando impuestos existentes o creando nuevos. Es el caso de los impuestos “Solidarios” con los que el actual gobierno inició su gestión y que incluyeron ya un incremento de los impuestos a los “Bienes Personales”. En definitiva, el proyecto grava los patrimonios de clase media o ricos en la Argentina.

Se ha instalado en la Argentina que es recesivo ajustar el gasto público. No deja de ser cómico que se piense de esa forma, ya que para no achicar las erogaciones del Estado (que gasta de más) se ajusta al sector productivo con más impuestos “Solidarios” como en la última ocasión. ¡Es decir que achicar con impuestos al que genera los recursos para pagar las erogaciones y sueldos propios del Estado más los del sector público no es recesivo!

De hecho, si se mira la historia del crecimiento del Estado en la Argentina, se observa que los políticos gastan de más, obligando a aumentar la presión tributaria sobre el sector privado, que disminuye la generación de puestos de trabajo. Funcionarios generosos suplen el faltante con empleos en el Estado o les dan planes, y para poder pagarles, aumentan los gravámenes perjudicando a los que producen, bajando sus posibilidades de crear puestos productivos, en un interminable círculo vicioso. Por ello es que se observa un incremento continuo de un Estado que se agranda con respecto al sector privado (en franca decadencia) trastabillando de crisis en crisis. No es casualidad que hayamos llegado al absurdo de que 8.000.000 de argentinos “banquen” más de 21.000.000 de cheques que salen del Estado. Algo que no pasa en ningún país que progrese.

La Argentina tiene el increíble número de más de 165 impuestos nacionales, provinciales o municipales, que amenazan con seguirse incrementando durante este año. Por otro lado, los argentinos trabajan en promedio 214 días para el Estado y, de hecho, recién desde el 3 de agosto la mayoría ha empezado a hacerlo para sí y su familia. Todavía hay una minoría de mártires que siguen llevando la carga del pago de gravámenes. El país está en el puesto 21, de 190, entre los que más exprimen con impuestos a sus empresas. Además, según un informe del Banco Mundial estamos entre los pocos en el que una pyme con buen rendimiento sobre ingresos quebraría si paga todos los impuestos. Nada raro que haya semejante nivel de evasión, es una cuestión de sobrevivir. A pesar de todo esto, nuestros gobiernos siguen incrementando o creando nuevos impuestos mientras esperan que argentinos y extranjeros pongan su plata a producir en la Argentina, habiendo 178 otros países del mundo que les ofrecen tratarlos mejor. Un sueño absurdo.

No es casualidad que según algunas estimaciones los argentinos estemos en el segundo lugar entre los que más fugan capitales por habitante. Es la única forma de proteger nuestros patrimonios de la voracidad de nuestros gobiernos, que no se acota a la enorme presión tributaria, sino suma: a) obligar a cumplir más de 67.000 normas, que se incrementan todos los días, y que buscan decirle a trabajadores y empresarios cómo deben hacer las cosas; b) fijan los precios a quienes producen generándoles pérdidas de beneficios; y c) dominan la Justicia con lo que es muy difícil defender los propios derechos contra los embates de los gobiernos o de sus aliados, por ejemplo los sindicatos.

Así que no sólo estamos hablando de la creación de un impuesto “solidario” a los ricos (además, llamar “solidario” a algo compulsivo demuestra la demagogia y la hipocresía de nuestra dirigencia política). Lo que estamos analizando es una nueva señal de que la clase dirigente “no tiene cura” y que invertir en este país significa estar condenado a que lo expriman cada vez más con tributos. Que un funcionario que nunca administró ni un quiosco te diga cómo manejar tu negocio, que te ordene a qué precios debés vender o qué insumos tenés que comprar, cómo vas a organizar a tus empleados, etcétera, parece un chiste.

Cuando uno pone una empresa, lo hace sabiendo que arriesga su trabajo y capital apostando a su olfato para encontrar un buen negocio, a su capacidad de manejarlo y a los vaivenes del contexto económico. En la Argentina, le tiene que agregar que, aunque todo lo demás vaya bien, un funcionario puede obligarlo a perder plata. No creo que haya muchos que quieran invertir para que el Gobierno les maneje la empresa o lo exprima. ¿Cómo esperamos que se creen empleos productivos para darle oportunidades de progreso a los millones de argentinos que han caído en la pobreza?

Si hasta ahora quedaba alguien sin entender por qué este es un país en decadencia, espero le quede claro que es porque nadie se animó a corregir este rumbo de crecientes abusos tributarios, de estatismo e intervencionismo que nos llevó a que cada vez menos argentinos y extranjeros inviertan en el país.

El autor es economista y director de la Fundación “Libertad y Progreso”