Un tiro en el pie del Gobierno

Poco queda en pie de los anuncios en la conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández hace apenas 13 días. Marchas y contramarchas, el revés judicial de las últimas horas y varios cambios de estrategia en el medio no hacen más que confirmar que lo de Vicentin fue un arrebato, un tiro en el pie, como suele decirse.

Tres argumentos ensayó el Gobierno: la empresa está quebrada, la administración de la empresa es fraudulenta, y la expropiación es una herramienta para garantizar la soberanía alimentaria. Repasemos uno por uno.

Que la empresa está quebrada es una mentira de muy sencilla comprobación. Está en concurso preventivo de acreedores, con un juez que interviene en la causa y que acaba de firmar un fallo en el cual dice: “los administradores naturales de la concursada han desarrollado efectivamente aquella tarea, tanto durante el período de cesación de pagos como luego de la apertura del proceso concursal, hasta el momento de su desplazamiento, con la consiguiente responsabilidad patrimonial y societaria que ello entraña”.

La empresa tiene clara responsabilidad por haber llegado a esta situación, y debe ser investigado si se cometió algún ilícito, pero eso justifica el escenario de “incerteza jurídica”, que el juez refiere en su dictamen. Pero, más allá del fallo que generó la inmediata reacción del Gobierno de volver -una vez más- sobre sus pasos, y de la cuestionable gestión de la empresa, Vicentín no está en quiebra.

El segundo argumento es el de la administración fraudulenta en la financiación de la empresa. Hay una causa en la Justicia en ese sentido, que tiene imputados y que avanza en las responsabilidades. Pero no obstante eso, también se abrió una comisión en el Senado de la Nación para su investigación. Es decir, no es necesaria la sobreactuación del Poder Ejecutivo declamando una expropiación. Si de las investigaciones se desprendiera que corresponde, quienes sean responsables deberán responder por su conducta ante la Justicia, pero no es fundamento para que un Estado avance sobre empresas privadas.

Finalmente, la cuestión de la soberanía alimentaria. El concepto de “soberanía alimentaria” ha sido discutido y mejorado por los especialistas. En su reemplazo, los objetivos del milenio de la ONU hablan de “seguridad” alimentaria, porque centra su atención en garantizar “acceso físico, social y económico a los alimentos seguros”. La noción de “soberanía”, en cambio, se enfoca en las condiciones del comercio mundial y en el cuestionamiento a la agricultura a gran escala. Es decir, sus objetivos son distintos.

Dicho esto, el Gobierno utiliza mal el concepto de “soberanía alimentaria” y, además, lo utiliza sobre una producción que, en su mayoría tiene que ver con un producto que no forma parte de la dieta principal de los argentinos: la soja. Casi toda la soja que se produce en el país, se exporta. Y de ese mercado, Vicentin es solo un actor entre varios más. Pero, además, el Estado se vería en serias dificultades para sostener la participación en el mercado que hoy tiene Vicentin, porque en la agroindustria la competencia es mucha y los privados se mueven más rápido que el Estado. Es decir, tampoco se garantizaría la soberanía ni la seguridad alimentaria con esta decisión.

El Gobierno volvió para atrás porque se encendieron todas las alertas: si, como sostuvo el Presidente en la conferencia del 8 de junio, iban a expropiar todas las empresas del grupo, también avanzarían sobre las que no tienen problemas de caja ni de financiación (Vicentin, además de la aceitera, produce y exporta biodiesel, vinos, miel, cereales y oleaginosas) El mensaje era muy claro: el Estado puede avanzar sobre cualquier empresa, sin importar cómo estén sus cuentas. La seguridad jurídica en la Argentina tiene el mismo valor que cero.

En apenas 13 días se vieron los hilos de una decisión caprichosa, con sesgos ideológicos y con la pretensión de un Poder Ejecutivo de avanzar sobre los demás poderes del Estado. Pero es hora de que el gobierno entienda que, muy a pesar de ellos, en Argentina no se puede hacer cualquier cosa.

El autor es jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires