Liberalismo, democracia y probabilidades de cambio

Una bandera argentina flamea sobre el palacio presidencial Casa Rosada (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Una bandera argentina flamea sobre el palacio presidencial Casa Rosada (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Los liberales ahondamos esfuerzos para cambiar la realidad. Respondiendo a las reglas institucionales que imponen “Armate un partido, preséntate a elecciones y gana los comicios”, la mayoría de los liberales adhieren al camino de la política partidaria. De hecho, entre los partidos y “sellos” de “centro derecha”, que no es lo mismo que liberalismo, se pueden listar por lo menos siete alternativas: Partido Demócrata; Partido Libertario; UCeDe; PAN; Uni2; Despertar y NOS. Sin embargo, este accionar de los partidos liberales difícilmente cambie la realidad, ya que juegan un juego cuyas reglas están todas hechas no sólo para que “nada cambie”, sino para que “todo se profundice”. De hecho, el camino partidario electoral funciona como un antídoto contra el cambio, como un seguro para que el actual sistema colectivista se devore las buenas intenciones de los liberales y así, la casta política prosiga haciendo negocios agrandando el Estado. No es una cuestión de buenas o malas intenciones, sino que es resultado de la (propia) esencia del sistema democrático, universal y republicano. Esto lo explica muy bien Hans Hermann Hoppe en su libro “Monarquía, Democracia y Orden 0

Hoppe explica que la arquitectura de la democracia universal republicana nos condena a un Estado cada vez mayor en el mediano y largo plazo, asegurando un permanente y sostenido avance sobre la propiedad privada y los derechos naturales del individuo. Este fenómeno se explica por varias razones. Primero, la democracia universal y republicana es un sistema gubernamental de propiedad pública. Los “administradores” asumen el gobierno en “comodato” y no son propietario de los activos del gobierno, sino tan sólo sus custodios y por un tiempo finito. En este marco, será inevitable que un gobierno provisional intentará aprovecharse tan rápido como le sea posible de la mayor parte de “sus” recursos, pues lo que no consuma en el momento no podrá consumirlo jamás. Así, el “administrador” intentará maximizar sus ingresos y gastos corrientes, consumiéndose el stock de capital y el valor patrimonial del gobierno. Como explica Hermann Hoppe: “para un gobierno democrático, las ventajas de una política moderada no repercuten en él, mientras que las de una política de explotación fiscal sí que la aprovecha. Para un custodio público, contrariamente a un privado, la moderación sólo tiene desventajas”.

<b>El camino partidario electoral funciona como un antídoto contra el cambio, como un seguro para que el actual sistema colectivista se devore las buenas intenciones de los liberales y así, la casta política prosiga haciendo negocios agrandando el Estado</b>

Segundo, en la democracia universal republicana de propiedad pública, cualquiera (en teoría) puede ingresar en la clase gobernante, alcanzar el poder y gobernar. Es decir, se rompe (en los papeles) la dicotomía entre elite gobernante vs. plebeyos gobernados. De hecho, la educación pública (de gestión estatal y/o privada) trabaja arduamente en derribar esta barrera, adoctrinándonos en: i) los políticos gobiernan por y para el bienestar general y; ii) el Estado no sólo es “nuestro”, sino que cada uno de nosotros “somos parte” del Estado. Claramente, son dos mentiras. El bienestar es un concepto que emana desde la individualidad. Para tres personas diferentes (X; Y y Z), el bienestar consiste necesariamente en tres nociones diferentes (W1; W2 y W3) que no pueden sumarse para llegar a un bienestar general o colectivo. Además, el Estado es tan sólo un conjunto de burócratas que utiliza el monopolio de la violencia y de la ley para sacarnos impuestos por la fuerza y gastar discrecionalmente, redistribuyendo riqueza desde el sector privado (vive de los medios económicos) hacia los burócratas (viven de los medios políticos); ver “El Estado” de Franz Oppenheimer (1908).

En este marco, Hermann Hoppe explica que toda esta diatriba sirve para “generalizar la quimera de que ya no existe semejante distinción, pues con un gobierno público nadie es gobernado por otro y cada uno se gobierno a sí mismo”. De hecho, este accionar vale para “debilitar la resistencia pública contra el poder del gobierno. Consecuentemente, no sólo aumenta la explotación, abiertamente, en la forma de impuestos más altos, sino también con con disimulo, creando dinero (inflación) o reglamentos (legislación). A la vez, el número de empleados del gobierno (funcionarios) aumenta en términos absolutos y relativos con respecto al empleo privado”.

<b>El Estado es tan sólo un conjunto de burócratas que utiliza el monopolio de la violencia y de la ley para sacarnos impuestos por la fuerza y gastar discrecionalmente, redistribuyendo riqueza desde el sector privado (vive de los medios económicos) hacia los burócratas (viven de los medios políticos)</b>

El marketing es perfecto. Si se nos cobran más impuestos, son para nosotros y volverán en forma de más servicios y bienes públicos. Si el gasto sube, dicho incremento es para nuestro bienestar. Si el impuesto inflacionario erosiona nuestro poder adquisitivo, es la soberanía monetaria que “trabaja” para nosotros. Si crece el endeudamiento y los niños actuales (futuros) financian gasto corriente, es para pagar la (imprescindible) obra pública que enaltece nuestro desarrollo y prosperidad. De acuerdo con la democracia universal republicana, somos todos nosotros quienes, a través de nuestros representantes, votamos más impuestos, gasto, emisión monetaria y deuda (estudiar todos los Presupuestos Argentinos entre 1991 y 2019). No nos podemos quejar. Mucho menos defender, porque todo este avance sobre la propiedad privada y el individuo está legitimado por la ley monopólica de los políticos. Y como todo monopolio, sólo cabe esperar que su negocio (tamaño del Estado) aumente, su precio se encarezca (más presión tributaria total) y su calidad de contraprestación (seguridad, justicia, salud, educación, etc.) sea cada vez peor.

Tercero, la forma de gobierno democrático universal y republicano, al implicar un permanente y sistemático avance sobre la propiedad privada, significa un aumento de la preferencia temporal, es decir; una cada vez mayor priorización del presente por sobre el futuro. En este escenario, el ahorro y el ritmo de acumulación de capital tienden a descender o ser menores a los que podrían ser, con lo cual la tasa de crecimiento económico se suaviza o es inferior a la que podría ser. En cualquier caso, la actividad productiva, la independencia (personal) y las previsiones a largo plazo disminuyen, proliferando, en cambio, el consumo, el parasitismo, la dependencia (del subsidio estatal) y el corto plazo. Así, los impuestos a la producción y al trabajo están condenados a aumentar, ya que se necesita subsidiar cada vez más personas que no producen, ni trabajan. Y el punto es que esta redistribución agravará todos los problemas que pretende resolver, ya que sostener la redistribución socialista será cada vez más oneroso, pues su financiación exige que los individuos productivos sean gravados con más impuestos y su propiedad sometida a nuevas confiscaciones. Así, se refuerza aún más la tendencia contra la producción, elevándose más la preferencia temporal y la erosión del proceso de civilización.

<b>El Estado es tan sólo un conjunto de burócratas que utiliza el monopolio de la violencia y de la ley para sacarnos impuestos por la fuerza y gastar discrecionalmente, redistribuyendo riqueza desde el sector privado (vive de los medios económicos) hacia los burócratas (viven de los medios políticos)</b>

En pocas palabras, la teoría explica que la democracia universal y republicana, basada en un gobierno de propiedad pública, expande inexorablemente el tamaño del Estado y avanza contra la propiedad privada. Los datos avalan fuertemente lo que la teoría explica. En la Europa de la preguerra (1913) había tan sólo dos repúblicas: Suiza y Francia. Después de 1918, la era democrática republicana se había extendido por toda Europa. Rusia, Alemania y Austria se convirtieron en repúblicas con sufragio universal y gobiernos parlamentarios. Los Estados sucesores de los viejos imperios (Polonia; Estonia; Letonia; Lituania, Hungría y Checoslovaquia) adoptaron constituciones republicanas y democráticas. En Turquía y Grecia las monarquías fueron derrocadas. Paralelamente, en las monarquías que se mantuvieron (UK; España, Holanda, Bélgica, etc.), los reyes dejaron de ejercer el poder de mando. Cuando estalló la Gran Guerra (1914), el gasto total de los gobiernos europeos era todavía inferior al 10% del PBI. Luego, con la hegemonía de la democracia universal republicana, el gasto total de esos mismos gobiernos saltó entre 20% y 30% del PBI en el transcurso de las décadas del ’20s y ’30s, arrimándose al 50% en los años ’70s. Dejando de lado a Europa y analizando al mundo, hoy en día el gasto público se encuentra en sus máximos históricos.

A comienzos del siglo XX, en Europa el empleo público nunca superaba el 3% de la fuerza laboral total, trepando al 8% en los años ’20s y al 15% en los ’70s. Algo similar sucedió con la oferta monetaria y la inflación. Con la consolidación de los regímenes democráticos universales y republicanos se destruyó en forma definitiva el patrón oro, estableciendo un monopolio estatal de dinero fiduciario puro y total, como nunca en la historia. Desde 1971 y por primera vez en la historia, todo el mundo tiene un sistema de moneda fiduciaria cuyos billetes, emitidos monopolísticamente por cada Estado, fluctúan libremente. En este escenario, las monedas tienen una tendencia permanente hacia la inflación y depreciación. De hecho, en los últimos 25 años que van desde 1993 a 2018, la inflación acumula +200% (mundo); +218% (Asia Oriental y Pacífico); +248% (LATAM) y +449% (África). Lo mismo sucedió con los niveles de deuda que volaron. La deuda del gobierno federal de EEUU pasó de USD 25.000 (1919) a USD 270.000 millones (1946); USD 370.000 (1970) y USD 840.000 (1979) millones, para luego pasar a USD 3 (1992) y USD 6 (2003) billones. En términos del PBI, pasó del 39% (1989) al 99% (2016).

<b>Las constituciones ‘liberales’ han terminado siendo un error ya que, al garantizar que el gobierno puede cobrar impuestos sin consentimiento, no pueden asegurar sus metas primordiales, sino que se convierten en el instrumento de la invasión y la destrucción de los derechos individuales que deben preservar</b>

Después de más de un siglo de gobiernos constitucionalmente limitados, los resultados no admiten controversia. Los gobernantes ordeñan la propiedad pública tan rápido como les es posible. Los gobiernos democráticos universales y republicanos han venido practicando, desde sus orígenes, un implacable expansionismo agresivo sobre el sector privado y los individuos. Las constituciones “liberales” han terminado siendo un error ya que, al garantizar que el gobierno puede cobrar impuestos sin consentimiento, no pueden asegurar sus metas primordiales, sino que se convierten en el instrumento de la invasión y la destrucción de los derechos individuales que deben preservar.

En este marco, el cambio de arriba hacia abajo y desde dentro es una quimera en la democracia universal y republicana. Si bien este tipo de cambio siempre fue muy difícil, al menos era excepcionalmente posible en tiempos de monarquía, cuando no hacía falta el apoyo de las masas y sólo alcanzaba con convencer a un rey inteligente. Por el contrario, ahora que los dirigentes son elegidos por su capacidad demagógica y su culto al Estado presente, son imposibles de convertir a las ideas de la libertad. Además, dado que un gobierno no está vinculado a un hombre o a un grupo de hombres en particular, sino que las funciones gubernamentales son desempeñadas por funcionarios anónimos que cambian periódicamente, la estrategia de conversión desde arriba ya no sirve. Ningún hombre o grupo de hombre tiene el poder para, por ejemplo, disolver el monopolio gubernamental de la seguridad, eliminar la educación pública y/o las jubilaciones, y/o desarmar el sistema de salud estatal. Mucho menos puede asegurar que cualquier cambio en ese sentido sea permanente. Es más, la historia muestra que las reformas promercado suelen ser revertidas con vehemencia. Argentina es un buen ejemplo de esto último.

<b>Dado que un gobierno no está vinculado a un hombre o a un grupo de hombres en particular, sino que las funciones gubernamentales son desempeñadas por funcionarios anónimos que cambian periódicamente, la estrategia de conversión desde arriba ya no sirve</b>

Así pues, Hermann Hoppe sugiere que el cambio debe ser desde abajo. Este autor explica que todo sistema puede ser cambiado o derribado por un cambio de la opinión pública, es decir; por la negativa de esta a seguir prestándole su consentimiento y cooperación. Todos los grandes cambios de la historia política universal fueron iniciados por minorías. Primero, los intelectuales deslegitimaron el régimen, luego se terminó cambiando al régimen. De hecho, así pasó con la monarquía. En este marco, la batalla cultural deberá deslegitimar el Estado y la democracia universal republicana. En este sentido, Hermann Hoppe dice “no es inconcebible que la idea de un gobierno democrático pueda algún día considerarse moralmente ilegítima y anti política”. A su vez, plantea que la reducción del Estado podría alcanzarse mediante la sesión de ciudades, o pequeños distritos, o regiones a lo largo y ancho del país. Y en ese marco de pequeños Estados como Hong Kong, Singapur; Mónaco o Liechtenstein, se podrá devolver la propiedad pública a manos privadas, adoptando los nuevos Estados constituciones que permiten proveer la justicia y la seguridad en libre mercado, con lo cual los impuestos y la legislación pasarían a ser ilegales. Obviamente, es un cambio muy complejo que yo (lo más probable) no veré. Pero no es nada utópico. Por el contrario, utópico es pensar que el Estado puede permanecer pequeño, puede hacer “algo” bien y más aún, utópico es considerar que el actual régimen político es ético y moral desde la perspectiva de las ideas de la libertad.

El autor es economista, profesor adjunto UBA y profesor titular UB

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