El Estado empresario: la advertencia de Alberdi y la sentencia de la historia económica

Hace pocos días la diputada Fernanda Vallejos, del Frente de Todos, propuso que el Estado se quede con una participación en las empresas a las que asiste por la pandemia.

Si repasamos nuestra historia económica, encontraremos que, a pesar de los esfuerzos del oficialismo, los argumentos ideológicos que intentan justificar la necesidad de una participación estatal o de crear empresas a cargo del Estado no son nuevos; a lo sumo, aggiornados a estos tiempos. En casi todo el siglo XX, paradójicamente, no hubo área donde no haya intervenido, desde teléfonos hasta cines de barrio, ya sea como dueño total o socio minoritario. Los defensores históricos de esta idea, consideran que es necesario que el Estado financie la creación de empresas con fondos públicos, cuando los capitales del sector privado no puedan o no quieran realizar algún emprendimiento que el gobierno considerase “estratégico” –ya aclararemos el significado de este término– para el desarrollo del país. En todo caso, esa incapacidad nunca se debió a la mala voluntad del sector privado sino a que el creciente estatismo impedía el crecimiento de un mercado crediticio bien desarrollado y una legislación que defendiese la propiedad privada y el cálculo a largo plazo.

Estas transgresiones a los derechos de propiedad de la ciudadanía incluyeron, aunque no se agotan acá, la nacionalización de depósitos a través del tiempo, desde las ocurridas en 1946,1973 y 1989 (Plan Bonex); en 2001 con la confiscación de los fondos de las AFJP por parte del Estado, y finalmente, en el 2008, la estatización de las AFJP. Sin olvidar que la reforma de la carta orgánica del BCRA de 1946, abrió las puertas a las altísimas tasas de inflación e institucionalizó la emisión monetaria como método de financiamiento de los enormes déficits fiscales a través del tiempo. Sumado a un festival de “controles de precios” el cual atento contra el desarrollo empresarial.

En referencia al argumento que sostiene la necesidad de buscar a través de estas empresas públicas el desarrollo de “sectores estratégicos”, es bueno recordar que cuando los líderes europeos de izquierda y derecha, mencionaban la necesidad de estatizar el carbón, el acero o los ferrocarriles y decían que eran industrias estratégicas, lo decían en términos bélicos. Europa como territorio principal de las dos guerras mundiales, aun temía por una tercera y el control de las comunicaciones, las vías férreas, los puertos y la producción de acero se justificaba en nombre de la defensa nacional. Aquí durante muchos años se ha mencionado que la telefonía o Aerolíneas Argentinas, por nombrar algunas, son empresas estratégicas sin entender el origen de esta termino.

La participación estatal que se menciona por estos días, a medida que se expanda, buscará al igual que en pleno auge de las empresas estatales del Siglo XX, utilizarse para crear empleo artificial pero redituable electoralmente y seguramente dará origen a la figura del “director empresarial militante”.

Un tema que no debería ser menor, es que la idea de la empresa estatal es contraria a la constitución nacional. Repasando el pensamiento de Juan Bautista Alberdi encontramos su total rechazo, ya que consideraba que: “En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor, siendo estas cosas ajenas de la materia gubernamental, ni las atiende el gobierno, ni tiene tiempo, ni capitales, ni está organizado para atenderlas por la Constitución. La idea de una industria pública es absurda y falsa en su base económica”.

Anticipó uno de los principios de lo que años más tarde sería conocida como la teoría de la “elección pública”. Este nos marca que cuando los agentes de gobierno están en funciones empresariales, al tener un horizonte temporal muy próximo, tienen como objetivo principal ganar las próximas elecciones y acrecentar su influencia. El incentivo político de la gestión pública es más bien el de expandirse de forma descontrolada para influir y ganar poder: “El gobierno toma el rol de simple negociante; sus oficinas financieras son casas de comercio en que sus agentes o funcionarios compran y venden, cambian y descuentan, con la mira de procurar alguna ganancia a su patrón, que es el gobierno. Tal sistema desnaturaliza y falsea por sus bases el del gobierno de la Constitución sancionada y el de la ciencia, pues saca de su destino primordial, que se reduce a dar leyes (poder legislativo), a interpretarlas (judicial), y a ejecutarlas (ejecutivo). Para esto ha sido creado el gobierno del Estado, no para explotar industrias con la mira de obtener un lucro, que es todo el fin de las operaciones industriales”.

Concluye diciendo que: “El gobierno no ha sido creado para hacer ganancias, sino para hacer justicia; no ha sido creado para hacerse rico, sino para ser el guardián y centinela de los derechos del hombre, el primero de los cuales es el derecho al trabajo, o bien sea la libertad de industria". Y advierte sobre el surgimiento de empresarios prebendarios: “Un comerciante que tiene un fusil y todo el poder del Estado en una mano, y la mercadería en la otra, es un monstruo devorador de todas las libertades industriales.”

Tal vez la idea del Estado como socio minoritario, a la mayoría le parezca inocuo, pero dado nuestros antecedentes, deberíamos de tener cuidado con estos pequeños ensayos que parecen insignificantes, pero van fertilizando el terreno para los grandes avasallamientos y una vez que se quiere reaccionar al batacazo final, es demasiado tarde.

El autor es economista e integrante de la Fundación Progreso y Libertad (Neuquén)