Los nuevos desafíos del Estado

A partir del coronavirus casi todo ha cambiado entre nosotros y este cambio ha desnudado nuestro mundo globalizado y nuestras instituciones.

El mundo globalizado no ha sido capaz de encontrar respuestas conjuntas ante la pandemia, sino que cada Estado decide y resuelve según su propio criterio. El caso más paradigmático en este sentido es, quizás, el de la compra y distribución de insumos básicos sanitarios entre los países ricos y pobres. El mundo globalizado no ha sido capaz de crear reglas e instituciones eficientes con el objeto de proteger los derechos fundamentales (entre estos, el derecho a la salud a través de la OMS). Por el contrario, sí construyó instituciones capaces de proteger los derechos de los inversionistas (es el caso de las deudas externas de nuestros países).

Entre nosotros, es cierto que el Estado ha limitado fuertemente los derechos individuales por el coronavirus (así, por ejemplo, el aislamiento social, preventivo y obligatorio y los cierres de las fronteras, entre tantos otros); y, a su vez, el Presidente ha concentrado poder básicamente a través del ejercicio excepcional de dictar leyes en sustitución del Congreso (es decir, los DNU). Asimismo, es posible advertir que los órganos inferiores del presidente (jefe de gabinete y ministro de salud, entre otros) han ejercido un poder regulatorio mayor por delegación de él.

En síntesis, el cuadro en el espacio local es así: mayor poder al Estado y mayor poder al presidente y a sus ministros.

Este cuadro institucional debe enmarcarse, según los fundamentos de los propios DNU, en el estado de emergencia declarado por el Congreso en el mes de diciembre del año pasado y, en particular, la emergencia sanitaria (v. Capítulo X), extendida y prorrogada por el decreto 260/20.

En primer lugar y más allá del contexto actual, cabe reconocer que el paradigma normal de gobierno en nuestro país es el de las emergencias, las limitaciones de derechos y las leyes presidenciales; y, a su vez, debemos reconocer que el control de este escenario institucional es menor y deficiente (por ejemplo, el alcance de la ley 26.122 sobre el control de los DNU por el Congreso).

Sin perjuicio de la razonabilidad de las decisiones presidenciales por el Covid-19, el aspecto más crítico es el control limitado sobre el ejercicio excepcional del Poder Ejecutivo de hacer leyes. Como sabemos este control le corresponde al Congreso y al Poder Judicial.

En particular, el Congreso al no reunirse ha justificado el dictado de leyes por el presidente, pues una de las razones por las cuales este puede constitucionalmente -y según el criterio interpretativo de la Corte- dictar leyes es ante la imposibilidad del Congreso de sesionar. Asimismo, el Congreso no ejerce el control posterior a través del plenario de las Cámaras. La Constitución habilita al presidente para dictar este tipo de decretos bajo circunstancias excepcionales, pero también impone al Poder Legislativo la obligación de pronunciarse de inmediato sobre su validez.

En segundo lugar, es importante advertir que el Estado no solo limitó derechos, sino que afortunadamente también los expandió a través de subsidios sociales (ingreso familiar de emergencia y bonos); subsidios económicos (asistencia a empresas, créditos a tasa cero, reducción de aportes patronales) y regulación de los contratos privados (alquileres, créditos hipotecarios y prendarios, y prestación de servicios públicos).

Entonces, nos encontramos con un Estado con mayores poderes, derechos individuales más limitados, y más derechos sociales.

Así, súbitamente, se suspendió temporalmente el efecto globalizador, los Estados locales regularon fuertemente al mercado y, por último, volvió aparentemente el Estado de Bienestar, pero ¿cuál será el modelo de Estado después del coronavirus?

¿Quizás un Estado autoritario con poder casi ilimitado? El Estado actual, por razón de la información que maneja sobre todos nosotros, no solo es capaz de conocer nuestros movimientos, actividades, consumos y relaciones, sino cómo construimos nuestros pensamientos y percepciones. Incluso es posible imaginar sin mayores esfuerzos al Estado desarrollando el mapeo de nuestros deseos y, sobre todo, de nuestros temores.

¿Quizás un Estado consolidando las desigualdades estructurales cada vez más profundas? Evidentemente, las consecuencias del Covid-19 no son solo la concentración de poder en el Estado y sus eventuales desvíos, sino la creación de mayores desigualdades. Es posible encontrarnos con Estados más fuertes (en términos de limitación de derechos) y sociedades más pobres.

¿Quizás un Estado respetuoso de las libertades y garante de la igualdad?

Ante estos desafíos es necesario reflexionar sobre cómo repensar al Estado.

El primer aspecto por considerar es si el Estado debe seguir delegando poder en ciertos círculos internacionales. Así, por ejemplo, el caso de las deudas, el CIADI y el proceso de incorporación a la OCDE, entre otros.

El segundo aspecto es si se fortalece o no al derecho internacional de los derechos humanos. Tengamos presente que el modelo internacional de los derechos humanos (en especial, el Sistema Interamericano) es más limitado y menos eficiente que el derecho internacional económico.

El tercer aspecto es si se resuelve regular al mercado y proveer fuertemente los derechos sociales, pues solo así es posible crear mayor igualdad.

El cuarto aspecto es el fortalecimiento de los controles y el papel fundamental e irrenunciable que le corresponde al Congreso en términos de diálogo, cooperación y construcción de políticas públicas.

Por último, y más allá de estos desafíos y sus dilemas, creo que el mayor riesgo es negar y creer que nuestro mundo sigue vestido.

El autor es juez de Cámara y profesor titular de la UBA. Premio Konex Platino 2016