Una enorme oportunidad para discutir en serio el financiamiento de la política

La primera vez que Angelo Calcaterra apostó en blanco por el kirchnerismo fue en el 2005. Cristina Kirchner encabezaba la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires del Frente para la Victoria, escoltada por José Pampuro, que al final le ganaría a Hilda "Chiche" Duhalde en las elecciones de octubre, las primeras legislativas de la era K.

El primo de Mauricio Macri hizo una contribución mínima: $3.000 de los $336.586,18 que el FPV recaudó de empresas para esa elección a través de Calcaterra Sacifi, ya extinta, según la rendición de cuentas de aquel momento.

Dos años más tarde, el empresario fue muchísimo más generoso. Aportó $398.948 a la campaña de Cristina Kirchner y Julio Cobos que ganó las presidenciales del 2007. Fue la más generosa de las 160 compañías que contribuyeron en total con poco más de $10 millones con el FPV. Lo hizo a través de la desarrolladora Creaurban que meses atrás le había traspasado la familia Macri. Calcaterra no aportó un peso más porque la ley se lo impedía.

Rafael G Albanesi SA, del grupo liderado por Armando Losón, uno de los empresarios presos en la megacausa en la que se investigan las supuestas coimas de la obra pública durante la administración K, también colaboró con $150.000 a la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. Carlos Wagner, el ex poderoso presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, hizo lo propio pero a título personal: donó $5.000. Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) y Néstor Otero, concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro, aportaron $9.000 y $150.000, respectivamente, según los informes presentados ante la Justicia electoral.

Wagner volvió a apostar por el kirchnerismo –en blanco– en las elecciones legislativas del 2009 con $10.000. Fue la última elección que permitió los aportes empresarios a las campañas políticas: la ex Presidenta envió al Congreso una ley que prohibió las contribuciones de personas jurídicas, sancionada a fines de ese año. Fue la mejor salida que encontró el gobierno en aquel entonces después del Triple Crimen de General Rodríguez, de agosto del 2008, que emparentó los negocios de la efedrina con el financiamiento espurio de la campaña presidencial de la viuda de Kirchner y Cobos. Una aspirina para combatir un cáncer terminal.

¿Cuánto se recaudó en negro? Los mismos empresarios que, en algunos casos, decidían "colaborar" en los papeles, ¿con cuánto contribuyeron por los canales informales del sistema político y económico? ¿Qué obtenían a cambio?

El 6 de mayo del 2013, Oscar Centeno presuntamente volvió a los cuadernos después de un tiempo. Esta vez, el ex chofer de Roberto Baratta lo hizo en uno marca Rivadavia, rayado y de tapa azul, según el material en manos del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.

"Hoy 06/5/13 vuelvo a escribir después de la muerte de Néstor C. Kirchner que dejé de hacerlo. Pensé que después del fallecimiento no se haría más el 'valijeo'. Pero sí disminuyó la frecuencia, con la diferencia de que no se recolectaba el dinero para el ministro (Julio) De Vido y el propio Baratta, no quise anotar más por temor que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí nuevamente porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la sra. Presidenta Cristina F. de Kirchner, en la cual los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales", escribió Centeno.

Cuatro meses después, el martes 17 de septiembre del 2013 a las 19:55, Baratta y Nelson Lazarte, un estrecho colaborador en el Ministerio de Planificación, retiraron 750.000 dólares de un departamento de la avenida Libertador, según el cuaderno del chofer. En el trayecto comentaron que al día siguiente "se retiraría de Electroingeniería" y aparece el apellido "Calcaterra".

El financiamiento de la política en todas sus variantes es una especie de agujero negro que atraviesa a todos los partidos. De comprobarse las pruebas recolectadas por la Justicia en torno a los cuadernos y la investigación de Diego Cabot en La Nación, el poder político y económico estará frente a la primera posibilidad seria de discutir a fondo la corrupción y cómo se financia y se sostiene el sistema. Un debate no apto para hipócritas. "Todo es de una absoluta hipocresía", reconocía el jueves un dirigente de primera línea del PRO que suele lidiar con empresarios mientras apuraba un café en un bar del centro porteño y el teléfono no le paraba de sonar.

Hace quince días, a última hora del pasado viernes 20 de julio, el Gobierno presentó en Diputados su proyecto de financiamiento político, que entre otras modificaciones bancariza por completo los aportes y levanta la prohibición de contribuciones de las personas jurídicas.

Lo hizo a las apuradas, cuando el oficialismo ya no tuvo manera de gambetear el caso de los aportes truchos de la campaña bonaerense de Cambiemos del año pasado. Algunos de los casi $70 millones rendidos ante la Justicia electoral fueron justificados en el informe final de ingresos y egresos con cientos de beneficiarios de planes sociales y dirigentes que en realidad no pusieron un peso.

¿Quién sí lo hizo? La denuncia contra María Eugenia Vidal reavivó para colmo la interna entre la gobernadora y su entorno y Marcos Peña. En la provincia de Buenos Aires no cayó bien la liviandad con la que el jefe de Gabinete defendió a la dirigente durante las semanas en las que escaló el tema, incluso frente a las supuestas irregularidades en torno a la elección del 2015 de la que Peña fue jefe de campaña.

Vidal anotó en su propio cuaderno quiénes se pusieron a disposición y quiénes no. Al tope de la lista del primer bando ubicó a Horacio Rodríguez Larreta. Es que el jefe de Gobierno porteño es, según propios y extraños, uno de los que mejor y más se mueve dentro del sistema actual de la política.

Entre la primera y la segunda vuelta electoral, Macri declaró que gastó en la campaña presidencial del 2015 que lo llevó a la cima del poder casi $124 millones de pesos. Según altísimas fuentes partidarias al tanto de los detalles de esa campaña, el gasto fue superior a $1.500 millones. Para más precisiones, en torno a los $1.700 millones. ¿De donde salió esa enorme suma no declarada?

El proyecto presentado por el Gobierno no soluciona el financiamiento de la política, pero es un primer paso.

Hace dos semanas, Máximo Kirchner anunció que presentaría su propio proyecto de ley de financiamiento, que "prohíbe el aporte de empresas" y promueve una "participación más activa del Estado". Al revés de la propuesta oficial.

A fines del 2016, el entonces senador Juan Manuel Abal Medina también presentó una iniciativa en ese sentido. "Los partidos políticos o alianzas con motivo de la campaña electoral no podrán recibir recursos provenientes de personas físicas o jurídicas distintas del Estado nacional", subraya uno de los artículos del texto.

Abal Medina está citado a indagatoria por Bonadio para este jueves. Se lo menciona en los cuadernos de Centeno como uno de los que habría recibido bolsos con dinero provenientes de empresarios de la obra pública.