El Gobierno entabló una notoria lucha contra la inflación, claramente concentrada en cabeza del Banco Central, a través de la combinación de una política monetaria supuestamente restrictiva y el manejo de la tasa de interés en niveles muy por arriba de la tasa esperada de alza de los precios al consumidor, para así influir sobre las expectativas de formación de precios, al desalentar la compra de bienes y el atesoramiento en dólares, y fomentar el aumento del ahorro en la moneda nacional (monetización).
Mientras que, en el lado fiscal, la meta de recorte del déficit aparece más modesta o conservadora, "es el posible dado el cuadro social heredado", tanto primario, y más aún el financiero, el que agrega el pago de intereses de la deuda. Más el costo que asume el Banco Central con su política monetaria y compra de los dólares que ingresan por la política de endeudamiento para financiar el desequilibrio de las finanzas públicas.
Pero aún aparecen como pendientes la emisión de señales que aseguren que no sólo a través de las reformas tributaria y fiscal se buscará alentar la inversión, el empleo y las exportaciones, y con ello también contribuir a la desinflación, con la reducción de la presión fiscal, sino a través de la simplificación de las regulaciones. En particular en lo que se refiere a la libertad de precios de bienes y servicios, así como de las exigencias de dónde y cómo invertir, a grandes actores, como las compañías de seguros.
Los índices de precios
Si bien después del salto inflacionario de 2016 que provocó la "normalización" de la situación macroeconómica, con la eliminación del cepo cambiario; la extinción de la mayor parte de las retenciones sobre las exportaciones; la flexibilización de los ajustes de precios de los sectores regulados, en particular de las tarifas de los servicios públicos; se produjo en el corriente año una clara desinflación de casi veinte puntos porcentuales, y para el año próximo se espera que descienda de 23% a un rango de 15% a 16%, aunque en ambos casos muy por arriba de las metas del BCRA del 17% y 12%, como puntos extremos.
Una de las razones por las que persisten semejantes desvíos entre la realidad y las metas se encuentra en la persistencia de precios administrados o regulados, que a la postre terminan afectando a las expectativas, más allá de la discutible gradualidad de la baja real del gasto público, por sus efectos sobre el resto de los precios de la economía.
De ahí que juntamente con una política monetaria relativamente restrictiva, porque la tenencia de efectivo en poder del público mantiene una expansión que supera largamente la tasa de inflación, sería clave encarar una estrategia generalizada de liberación de todos los precios de los economía, como los de los servicios públicos, pero también privados de salud, enseñanza, cigarrillos, medicamentos, entre otros, para que en la estructura de los índices sólo graviten los estacionales y el resto.
De ese modo, se eliminaría el componente que más influye en la variación d
el Índice de Precios al Consumidor. Desde 2016 hay un proceso gradual de normalización de las tarifas de los servicios públicos, y recientemente se liberó para el mercado mayorista de combustibles, pero del resto nadie habla.
Está claro que muchos, en especial cuando se es funcionario público, a la liberación de una vez y en modo simultáneo de todos los precios regulados y administrados, por el efecto inmediato sobre la inflación. Sin embargo, lo primero que se les enseña a los economistas es que "inflación es un proceso de aumento generalizado y sostenido del nivel general de precios", de ahí que el "salto de una vez" de determinados precios no constituiría "inflación", sino un cambio en el nivel general.
Y todo economista profesional sabe muy bien que cuando se alteran algunos pocos precios relevantes de la economía familiar, como está ocurriendo con las tarifas de los servicios públicos, se produce un cambio en la demanda, de acuerdo a la elasticidad precio y elasticidad ingreso, esto es la respuesta del consumidor en términos de volumen de compra o uso, según sea la variación del valor del bien o prestación, y la correspondiente al salario y otro ingreso monetario principal, jubilación, o renta.
Otras intervenciones relevantes
El afán regulador no sólo se observa en la administración de precios sensibles, como si no lo fueran los de la leche, la carne o el pan, donde la acción de los consumidores vota día a día con su aceptación o su sustitución, y eso no genera conflictos; sino también en otras áreas, como en el caso de cómo deben invertir su liquidez en resguardo de los compromisos que asumen con sus asegurados.
Esta semana la Superintendencia de Seguros de la Nación les anticipó a las empresas del sector que "desde el 1 de enero de 2018 no podrán continuar con la compra de Letras del Banco Central", fenómeno que alteró el humor del mercado financiero, más aún porque la decisión no fue debidamente comunicada a la prensa con sus objetivos, sus alcances y sus efectos.
En algún momento las autoridades deberán saber diferenciar entre las exigencias a las personas y las empresas del cumplimiento de las normas básicas de convivencia, de salubridad de los productos y los servicios que prestan, ética, competencia y tributarias; y entre la intervención en las decisiones de cómo y en qué ahorrar, qué comprar, dónde ir de vacaciones.
Las reformas tributaria y laboral apuntan a una notoria mejora de las condiciones para invertir y crecer, con claras propuestas para bajar los costos y reducir la carga impositiva. Es de esperar que las normas reglamentarias sean simplificadoras y no agreguen obstáculos para acceder a esos beneficios con regulaciones que terminen gravitando sobre la evolución alcista de los índices de precios, al trabar la actividad y demanda agregada, por esa vía agravando el déficit fiscal.