En “Tus derechos frente a la inteligencia artificial”, el último episodio de su podcast disponible en Infobae y Spotify, Ricardo Lorenzetti busca brindar soluciones. ¿Qué puede hacer una persona cuando su imagen es manipulada, sus datos circulan sin control o un algoritmo genera situaciones discriminatorias?, se pregunta. La respuesta, sostiene, no empieza en tecnologías futuras ni en reformas todavía inexistentes, sino en una serie de herramientas jurídicas que ya forman parte del derecho argentino.
Nunca entregamos tanta información personal como ahora. Durante el siglo XX se desarrolló una fuerte reacción contra la recolección excesiva de datos por parte del Estado. Sin embargo, en las últimas décadas ocurrió exactamente lo contrario. “Ahora estamos dando más datos que nunca, es decir, pasamos al polo opuesto”, dice Lorenzetti. La identificación facial, los teléfonos celulares y la actividad cotidiana en Internet produjeron un escenario completamente diferente. “Ponemos la cara y nuestra cara, con todos nuestros datos asociados, está circulando por todas las bases de datos”.
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La novedad introducida por la inteligencia artificial no reside únicamente en la cantidad de información disponible, sino en la capacidad para organizarla y utilizarla con distintos fines. “La inteligencia artificial puede producir muy rápidamente una organización de esos datos para un objetivo expresamente previsto”, explica. En pocos segundos, agrega, es posible reconstruir el perfil ideológico de una persona, sus preferencias, sus opiniones o aspectos muy específicos de su comportamiento.
Ese escenario plantea riesgos que van mucho más allá de la privacidad. “Cualquier amigo, vecino o enemigo puede usarlos para desfigurarnos”, dice al referirse a las imágenes falsas y a la suplantación de identidad mediante inteligencia artificial. “Podemos aparecer desnudos, podemos aparecer sentados o almorzando con personas con las cuales no deberíamos estar”. El problema, advierte, ya no consiste solamente en que alguien tenga información sobre nosotros, sino en la posibilidad de manipularla y utilizarla para producir daños concretos.
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A partir de allí, el episodio recorre algunas de las respuestas jurídicas que comenzaron a desarrollarse frente a estos desafíos. Lorenzetti menciona el caso de Dinamarca, donde se impulsó una legislación que reconoce que “el rostro, la voz y el cuerpo de los ciudadanos son propiedad intelectual protegida frente a la inteligencia artificial y las deepfakes”. La propuesta busca otorgar a cada persona un control más amplio sobre su propia identidad y permitir acciones para detener la circulación de contenidos falsificados o reclamar por los daños ocasionados.

En la Argentina, dice, existen mecanismos de protección similares a través de los derechos personalísimos reconocidos por el Código Civil y Comercial. “Uno puede solicitar judicialmente la detención porque es ilegal”, señala al referirse a la circulación de imágenes manipuladas o contenidos que afecten la identidad de una persona. Además de reclamar la supresión de esos materiales, también es posible exigir una reparación económica.
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La discusión se extiende incluso al terreno económico. Detrás de buena parte de las grandes fortunas construidas en Internet aparece una pregunta cada vez más presente: quién produce los datos y quién se beneficia con ellos. “Las empresas que operan en Internet han crecido rápidamente y han ganado fortunas”, dice Lorenzetti. Buena parte de ese crecimiento, agrega, se apoyó en contenidos producidos por terceros y en la utilización de datos que circulan gratuitamente en las plataformas. De allí surge un debate cada vez más intenso sobre el valor económico de la información y sobre la posibilidad de reconocer derechos de propiedad o formas de remuneración para quienes producen esos contenidos.
La expansión de la inteligencia artificial también abrió una discusión sobre los sesgos de los algoritmos y su capacidad para reproducir o amplificar situaciones de discriminación. “Los sesgos discriminatorios que pueden desplegar los algoritmos son muy importantes y pueden causar mucho daño”, dice. En algunos casos los efectos recaen sobre individuos concretos; en otros, alcanzan a grupos enteros mediante la difusión y amplificación de discursos de odio. Según explica, el derecho argentino ya cuenta con herramientas para reclamar judicialmente en ambos supuestos.
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Las relaciones de consumo aparecen atravesadas por problemas similares. Las compras realizadas a través de aplicaciones y plataformas digitales crecen de manera sostenida, aunque muchas personas desconocen los derechos que las amparan frente a incumplimientos o cláusulas abusivas. “Hay una obligación del que obliga al otro a utilizar un medio electrónico a explicarle”, señala al referirse al deber de información que pesa sobre las empresas.
La cuestión adquiere especial importancia cuando los conflictos deben resolverse judicialmente. Durante años, muchas plataformas incluyeron condiciones que obligaban a litigar en países lejanos o ante tribunales inaccesibles para los consumidores. “Esto provocaba prácticamente la indefensión”, dice. Los cambios incorporados en la legislación argentina, explica, buscan garantizar que las personas puedan reclamar en el lugar donde viven y conforme a las normas de su propio país.
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Frente a un ecosistema tecnológico que genera preocupación por sus efectos sobre la privacidad, la identidad y la libertad, las personas no se encuentran desprotegidas. “Lo importante es saber que hay acciones”, concluye. La inteligencia artificial abre desafíos inéditos, pero también obliga a redescubrir herramientas jurídicas que, en muchos casos, ya existen y pueden convertirse en una primera línea de defensa frente a los abusos del mundo digital.
Todos los lunes a las 9, un nuevo episodio de El podcast de Ricardo Lorenzetti en Infobae y Spotify.
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