El 25 de agosto de 2025, las autoridades entregaron a su familia el cuerpo sin vida de Mauricio Francisco Alonso Pietri, después de 38 días en calidad de desaparecido, según el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). El caso expone las condiciones que enfrentan los presos políticos en Nicaragua, así como la respuesta represiva dela dictadura Ortega-Murillo frente a voces disidentes.
El arresto de Mauricio Alonso ocurrió el 18 de julio de 2025, en medio de una redada contra opositores en la ciudad de Jinotepe, a 45 kilómetros al sur de Managua. Durante ese operativo, fue detenido junto con su esposa e hijo. Mientras su esposa fue liberada al poco tiempo, su hijo, Mauricio Alonso Estrada, permaneció recluido y en condición de desaparecido hasta el 10 de enero de 2026, bajo estricta vigilancia. GREX sostiene que la familia vivió un prolongado periodo de angustia, sin contacto ni información sobre el paradero de ambos.
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El relato sobre sus días en prisión reconstruido por exiliados y exreclusos políticos describe la celda donde permaneció recluido: una galería de cinco por cuatro metros, compartida con otros doce hombres. Todos dormían casi uno sobre otro, sobre colchonetas delgadas en el suelo, sin acceso a literas ni camastros.
Condiciones extremas, aislamiento y falta de atención médica agravaron la salud de Mauricio Alonso
El calor y el hacinamiento generaban un ambiente sofocante y estresante. Según testimonios recogidos por GREX, Mauricio Alonso sufría insomnio, episodios de ahogo, arritmias cardíacas y una salud frágil, agravada por la falta de medicación adecuada y la ausencia de atención médica especializada.
El aislamiento constituyó una de las principales formas de maltrato. No recibió noticias sobre su familia ni pudo ver a su hijo, quien se encontraba en celdas cercanas. Solo se comunicaban a gritos durante los servicios religiosos. Esta privación de información y contacto directo incrementó su angustia y depresión.
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Los registros señalan que en los días previos a su fallecimiento, experimentó mareos, palpitaciones y episodios de inestabilidad. El 21 de agosto de 2025, sufrió un primer ataque mientras intentaba buscar aire fresco en la ventanilla de la celda. Una doctora, tras medirle la presión, atribuyó el episodio a un ataque de ansiedad y le entregó una pastilla sin diagnosticar su condición real.
Media hora después, el segundo ataque resultó más severo. Convulsionó y se tornó morado, perdiendo la conciencia mientras sus compañeros pedían auxilio. Un médico y un oficial acudieron al lugar, lo trasladaron en estado grave y no volvió a ser visto por sus compañeros de celda.
Esa noche, las autoridades revisaron la celda y preguntaron insistentemente por medicamentos, sin encontrar nada. Al día siguiente, los funcionarios regresaron solicitando un número telefónico, lo que aumentó la confusión y el desconcierto entre los presos.
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El destino de Mauricio Alonso permaneció en la incertidumbre hasta noviembre de ese año, cuando finalmente se confirmó su fallecimiento. La familia recibió el cadáver bajo la condición de realizar el entierro de inmediato y en secreto, lo que acentuó el hermetismo y la intimidación oficial. GREX enfatiza que su muerte ocurrió bajo custodia directa del régimen, en un entorno donde la negligencia médica y el trato inhumano fueron factores determinantes.
La figura de Mauricio Francisco Alonso Pietri tiene un trasfondo político relevante. Nació en Managua en 1961 y se integró al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1978. Posteriormente, se exilió en México y Costa Rica, participando en el Frente Sur Benjamín Zeledón contra la dictadura de Somoza.
Tras su regreso a Nicaragua, colaboró en diversas instituciones públicas durante la década de 1980, aunque se alejó gradualmente de la política partidista en los años siguientes. En los años 2000, se unió al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actual UNAMOS, donde ejerció la presidencia departamental hasta 2018. Su activismo creció durante la Rebelión de Abril de 2018, manteniendo vínculos cercanos con líderes opositores y religiosos como Tomás Maldonado y Rudy Palacios
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El caso ilustra la situación de los presos políticos en Nicaragua y la política de represión, vigilancia y acoso implementada por el matrimonio dictatorial. GREX sostiene que su muerte constituyó un asesinato con alevosía, al conocerse las condiciones críticas de salud del detenido y someterlo a un régimen de aislamiento y privaciones. Su muerte transmite un mensaje de advertencia y terror, en un contexto donde la sociedad nicaragüense busca romper el ciclo de violencia e impunidad.
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