La tarde del 22 de junio, la vida de Meyling Suhey Granados Blandón cambió de manera abrupta cuando su hija, Melani Josmary Granados, de apenas un año, fue arrebatada de los brazos de su abuela en el barrio El Alacrán, municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa.
Según reportó Yerlin Cruz Urbina Noticias, la niña habría sido secuestrada por su padrastro, Marlon Antonio López Vivas, de 36 años, quien llegó acompañado de un cómplice a bordo de una motocicleta y actuó con rapidez para huir del lugar.
La madre, originaria del municipio de Muy Muy, había decidido mudarse recientemente a Matiguás, buscando alejarse de López Vivas tras episodios de maltrato. El día del secuestro, Granados Blandón se encontraba trabajando, dejando a la pequeña bajo el cuidado de su abuela.
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Cuando López Vivas irrumpió en la vivienda, tomó a la niña y escapó, mientras la abuela y los vecinos, a pesar de sus esfuerzos, no lograron alcanzarlo. “Él me había dicho: si te vas es sola, pero la niña no sale de aquí”, declaró la desesperada madre a La Prensa.
La denuncia fue presentada ante la Policía Nacional, que activó las diligencias para localizar a la menor. Sin embargo, el proceso burocrático complicó la atención inmediata. La madre acudió también a la delegación policial de Muy Muy, donde le negaron ayuda, argumentando que la investigación correspondía a la jurisdicción de Matiguás. En medio de los trámites, la incertidumbre y el miedo, Granados Blandón manifestó a La Prensa que tiene “miedo que le haga algo a la niña porque él es solo su padrastro, no el padre”.
La búsqueda no se limitó a los despachos policiales. Granados Blandón recorrió más de 20 kilómetros la tarde del secuestro, visitó la vivienda de los padres del sospechoso y contactó a conocidos, pero nadie logró aportar datos concluyentes. La única pista es que algunas personas vieron a López Vivas cargando a la niña, aunque no intervinieron por desconocer que se trataba de un secuestro.
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La desesperación se tradujo en un llamado urgente a la población para aportar cualquier información relevante sobre el paradero de la menor o el sospechoso. Granados Blandón pidió que cualquier dato se comunique de inmediato al número +505 8180 0809. Según lo publicado en las redes de Yerlin Cruz Urbina Noticias, cada minuto sin noticias de la pequeña incrementa la angustia familiar; una familia que se aferra a la esperanza de recuperarla sana y salva.
En Nicaragua, los secuestros de menores han generado preocupación en los últimos años. Reportes de organizaciones de derechos humanos y medios locales han documentado casos en los que niñas y niños son sustraídos por familiares o conocidos, muchas veces en contextos de violencia intrafamiliar o disputas por la custodia. En 2024, la desaparición de dos hermanos en el departamento de Estelí movilizó a la policía y resultó en la recuperación de los menores tras varios días de búsqueda. A pesar de estos esfuerzos, la falta de mecanismos ágiles de respuesta y la revictimización de las familias persisten como desafíos para el sistema de justicia.
De acuerdo con el Código Penal de Nicaragua, el secuestro de menores es sancionado con penas que van de 10 a 15 años de prisión, agravándose si la víctima es menor de edad o si existe vínculo familiar con el perpetrador. La legislación nicaragüense contempla agravantes para casos donde la integridad de la víctima corre peligro o existen antecedentes de violencia familiar. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar y alertar de inmediato sobre este tipo de hechos para activar los protocolos de búsqueda y protección.
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Mientras las autoridades mantienen activa la investigación, la familia de Melani Josmary Granados continúa apelando a la solidaridad ciudadana. Para Meyling Suhey Granados Blandón, la incertidumbre se ha convertido en una angustia diaria, marcada por la esperanza de volver a abrazar a su hija y poner fin a su calvario.