El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo activó este lunes una nueva ofensiva diplomática en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). A través de una carta oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, fechada el 25 de mayo de 2026 y dirigida a todos los cancilleres del bloque regional, Nicaragua denunció la existencia de “un bloqueo injustificado, injustificable, ilegal e ilegítimo” contra su país y exigió una reunión urgente de ministros de Relaciones Exteriores para tratar el tema.
La nota diplomática, redactada con el tono grandilocuente habitual de la cancillería sandinista —que se identifica como el “Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, Bendita y Siempre Libre”— llegó como respuesta directa a una propuesta de Costa Rica para conformar ternas de candidatos a la Secretaría General del organismo.
Costa Rica, que ejerce actualmente la presidencia pro tempore, envió una comunicación a los estados miembros sugiriendo nombres para ocupar el cargo que Nicaragua lleva años disputando. La reacción del régimen sandinista no se hizo esperar.
PUBLICIDAD
La carta nicaragüense recuerda que el país ha presentado ya tres propuestas de candidatos para la Secretaría General, todas bloqueadas en distintos momentos.
La primera, el 16 de noviembre de 2023, incluyó a Valdrack Jaentschke, Violeta Irías e Iris Montenegro. La segunda, el 9 de octubre de 2024, propuso a la doctora Arling Patricia Alonso, María Amelia Coronel y la doctora Sonia Castro. La tercera, el 8 de noviembre de 2024, presentó al canciller Denis Moncada Colindres, acompañado nuevamente por Arling Patricia Alonso y la doctora Johana Flores.
Todas fueron rechazadas.
PUBLICIDAD
“Reiteramos que Nicaragua tiene el Derecho a la Secretaría General del SICA, en concordancia con las Normas Comunitarias de nuestra Región y con los Protocolos que nos rigen”, señala la carta.
Advierte que cualquier decisión de trasladar la sede del SICA o su Secretaría a otro país “estaría violentando las Normativas que reconoce nuestro Sistema”.
“Urgimos una reunión de Cancilleres que nos permita abordar estos y otros temas urgentes”, demanda la nota que es el último capítulo de una crisis institucional que lleva casi cinco años devorando por dentro al principal organismo político y diplomático de Centroamérica.
PUBLICIDAD
El origen formal del conflicto se remonta a 2017, cuando los presidentes centroamericanos acordaron establecer un sistema de rotación geográfica para elegir al secretario general.
Según ese acuerdo, tras el mandato del guatemalteco Vinicio Cerezo —quien dirigió el organismo entre 2014 y 2021—, el turno correspondería a Nicaragua para el período 2021–2025.
Cuando se acercaba el fin del mandato de Cerezo, Managua intentó primero reelegirlo. Belice bloqueó esa maniobra. Entonces el régimen pasó a proponer sus propios candidatos. La primera terna, presentada en junio de 2021, incluyó al diputado sandinista Orlando Tardencilla, a la ministra del Interior María Amelia Coronel Kinloch y a la funcionaria Luz Marina López Escobar. Todos militantes del partido de gobierno. Todos rechazados.
PUBLICIDAD
Los gobiernos centroamericanos argumentaron que ninguno cumplía los requisitos del Protocolo de Tegucigalda, que exige independencia de criterio, imparcialidad, integridad y vocación integracionista. Nadie en la región estaba dispuesto a colocar a un operador político del orteguismo al frente del organismo regional.
El 30 de junio de 2021 terminó el mandato de Cerezo y, por primera vez en la historia del SICA, el organismo quedó sin secretario general.
Tras más de un año de parálisis, los cancilleres lograron consenso alrededor de Werner Isaac Vargas Torres, un abogado nicaragüense con experiencia dentro del propio sistema regional. Había sido director ejecutivo de la Secretaría General y tenía un perfil más técnico que político. Fue nombrado oficialmente en agosto de 2022.
PUBLICIDAD
La tregua duró apenas quince meses.
El 14 de noviembre de 2023, Vargas presentó una renuncia repentina sin explicar públicamente sus razones. La carta de dimisión no la comunicó él mismo, sino el canciller Denis Moncada. Eso disparó sospechas inmediatas dentro del organismo. Fuentes diplomáticas aseguraron que nadie creía que Vargas hubiera renunciado voluntariamente. Versiones extraoficiales indicaban que se encontraba en Managua sin pasaporte y sin posibilidad de salir del país.
La interpretación que circuló en los pasillos diplomáticos centroamericanos fue que Ortega y Murillo lo habían removido porque no cumplía con los objetivos que Managua esperaba: expulsar a Taiwán del sistema regional y facilitar el ingreso de China y Rusia como observadores.
PUBLICIDAD
Nicaragua había roto relaciones con Taiwán en 2021 y reconocido a la República Popular China. Entre marzo y abril de 2023, el régimen impulsó activamente el ingreso de Rusia como observador regional. Guatemala y Costa Rica se opusieron.
La siguiente terna nicaragüense, presentada en noviembre de 2023, empeoró todavía más el conflicto. El nombre que encabezaba la lista era el del hora cocanciller Valdrack Jaentschke, considerado por opositores y analistas como uno de los principales operadores de inteligencia del orteguismo.
A Jaentschke, un exmiembro de la Seguridad del Estado sandinista de los años 80, activistas nicaragüenses en el exilio lo señalan como articulador de redes de espionaje y vigilancia contra disidentes en Costa Rica y otros países centroamericanos. Los gobiernos de la región rechazaron la propuesta.
PUBLICIDAD
En noviembre de 2024 Nicaragua propuso directamente a su propio canciller, Denis Moncada, un ex militar de probada fidelidad a Ortega. Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana respondieron con una nota conjunta rechazando los nombres y exigiendo nuevos candidatos.
El régimen de Ortega y Murillo respondió acusando a sus vecinos de actuar bajo “intereses foráneos” y de practicar “colonialismo”. Jaentschke llegó a declarar que Nicaragua no le tenía “ni miedo, ni siquiera respeto” a Costa Rica.
Rosario Murillo acusó públicamente a Panamá de conspirar junto a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para bloquear al régimen. En junio de 2024, Nicaragua anunció incluso un retiro temporal del organismo.
PUBLICIDAD
Desde diciembre de ese año, la dictadura de Nicaragua dejó de presentar nuevos candidatos y se dedicó simplemente a bloquear cualquier salida. El organismo quedó sin conducción por más de dos años. El analista costarricense Carlos Murillo Zamora describió ese período como “uno de los puntos más bajos en la historia de la integración regional”.
Mientras Nicaragua elevaba el tono, el resto de los países construyó en silencio una estrategia diferente: dejar de discutir nombres y cambiar las reglas.
Bajo las normas anteriores, cualquier decisión importante requería unanimidad, lo que le otorgaba a cada miembro un poder efectivo de veto. Ortega y Murillo descubrieron que bastaba negarse a negociar para paralizar toda la institución. Y eso fue lo que hizo durante años.
El 24 de abril de 2026, reunidos en Santo Domingo bajo la presidencia pro tempore de República Dominicana, los cancilleres y vicecancilleres de Costa Rica, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador, Belice y Honduras aprobaron un nuevo reglamento para la toma de decisiones.
El cambio fue histórico. El sistema abandonó la exigencia de consenso absoluto y adoptó un mecanismo de mayoría calificada. El veto nicaragüense dejó de tener capacidad de paralizar al organismo.
El canciller costarricense Arnoldo André Tinoco explicó que durante años se había aplicado una “incorrecta interpretación” del protocolo fundacional que permitía a cualquier país bloquear el funcionamiento del sistema.
La reforma abrió además el camino para que Costa Rica, a quien le corresponde el próximo turno de la Secretaría General a partir de agosto de 2026, pueda presentar candidatos sin depender del aval de Managua.
Nicaragua estuvo ausente de la reunión de Santo Domingo y no reconoció la legitimidad de la reforma.
El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, calificó la decisión del 24 de abril como “un jaque mate” a las aspiraciones políticas de Ortega, quien buscaba convertir la Secretaría General del SICA en “una herramienta política al servicio de los intereses de Rusia y China”.
La carta publicada este lunes es la respuesta del régimen a ese escenario. Con el veto ya neutralizado y Costa Rica preparando nuevos candidatos para la Secretaría, Nicaragua recurre ahora a la presión diplomática, la denuncia de conspiraciones y la exigencia de reuniones urgentes que en el pasado le servían para ganar tiempo y paralizar decisiones.
El diario nicaragüense La Prensa ya advertía en un editorial, antes de que llegara esta carta, que no podía esperarse que el problema estuviera resuelto: “Habrá que esperar la reacción del régimen de Nicaragua, que por su naturaleza antidemocrática recurre a acciones de fuerza y chantajes para imponer sus condiciones, cuando no se las aceptan voluntariamente”.