El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aceleró en mayo de 2026 uno de los movimientos geopolíticos más delicados de los últimos años en América Latina: la ampliación de su alianza estratégica con Rusia.
En menos de un mes, Managua autorizó ocho acuerdos con Moscú, varios de ellos relacionados con seguridad, cooperación penal, extradición, inteligencia y coordinación económica.
Laureano Ortega Murillo y Daniel Edmundo Ortega, los hijos de la pareja gobernante, Murillo, fueron designados como operadores directos de esa relación.
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Laureano Ortega recibió “plenos poderes” para suscribir siete acuerdos con la Federación Rusa, entre ellos un tratado de extradición, otro de asistencia legal mutua en materia penal y un convenio sobre traslado de personas condenadas.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, por su parte, fue encargado de un acuerdo vinculado al área de comunicación y propaganda.
Todo ocurre mientras el Senado ruso ratificó definitivamente el nuevo acuerdo marco de cooperación militar con Nicaragua, considerado por analistas como el instrumento castrense más amplio entre ambos países desde los años de la Guerra Fría.
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La secuencia de acuerdos forma parte de una relación construida durante décadas, primero entre el sandinismo revolucionario y la Unión Soviética en los años ochenta, y después entre el orteguismo y la Rusia de Vladimir Putin desde el regreso de Ortega al poder en 2007.
Hoy, esa alianza incluye inteligencia, vigilancia, propaganda, entrenamiento policial, ciberseguridad, presencia militar y respaldo político mutuo en escenarios internacionales.
El primero de los cuatro acuerdos autorizados esta semana, el Acuerdo Presidencial 70-2026, autoriza la firma de un “Plan de Actividades Conjuntas entre la Comisión Económica Euroasiática y el Gobierno de Nicaragua para el período 2026-2029”.
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La Comisión Económica Euroasiática, dominada por Rusia e integrada además por Bielorrusia, Kazajistán, Armenia y Kirguistán, funciona como una especie de mercado regional ampliado impulsado por Moscú para contrarrestar la influencia económica occidental. Aunque el régimen no ha explicado los alcances concretos del convenio, expertos consideran que abre la puerta a mayor integración comercial, tecnológica y logística entre Nicaragua y el bloque ruso-euroasiático.
Un segundo acuerdo, identificado como el 71-2026, corresponde a un “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal”. Este tipo de instrumentos permite intercambio de información judicial, cooperación entre fiscalías, traslado de pruebas, interrogatorios, investigaciones conjuntas y apoyo procesal entre ambos Estados.
El tercero, el Tratado de Extradición entre Nicaragua y Rusia, crea un mecanismo formal para que ambos países soliciten la entrega de personas acusadas o condenadas. Aunque los textos completos no han sido divulgados, analistas advierten que este tipo de acuerdos suele incluir cláusulas amplias sobre delitos políticos, terrorismo, seguridad nacional y crimen organizado.
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El cuarto acuerdo firmado por Laureano Ortega regula el “Traslado de Personas Condenadas para la Ejecución de Sentencias Penales Privativas de Libertad”. Formalmente, permite que ciudadanos rusos condenados en Nicaragua, o nicaragüenses condenados en Rusia, puedan cumplir penas en sus países de origen.
A estos acuerdos se suman otros tres autorizados previamente durante mayo y el convenio en materia de comunicación que será firmado por Daniel Edmundo Ortega Murillo, operador clave del aparato propagandístico del régimen y director del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
El analista en Seguridad, Javier Meléndez, dice que Nicaragua ha mostrado un acercamiento sostenido con Rusia que se ha hecho notablemente más visible y explícito a partir de la invasión a Ucrania en 2022. “Ortega busca demostrarle a Putin una lealtad incondicional, utilizando esta alianza como un mecanismo de protección y un ´escudo político´ ante cualquier intento de presión o intervención de los Estados Unidos orientado a desplazarlo del poder“, señala.
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Según el informe “Huella estratégica de Rusia en Nicaragua”, elaborado por Expediente Abierto, los medios rusos RT y Sputnik funcionan como piezas centrales de la proyección de influencia del Kremlin en Nicaragua, reproduciendo narrativas antioccidentales y legitimando tanto la guerra en Ucrania como la represión interna del orteguismo.
La investigación sostiene que Rusia ha construido en Nicaragua una estrategia híbrida basada en “soft power”, “hard power” y “sharp power”, combinando propaganda, cooperación militar, inteligencia y legitimación política.
Según el estudio, entre 2008 y 2025 se documentaron 411 incidencias de influencia rusa en Nicaragua, de las cuales 335 correspondieron a poder blando, 53 a cooperación militar o policial y 23 a operaciones de influencia mediática y control informativo.
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La relación entre Managua y Moscú tiene raíces profundas. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, Nicaragua se convirtió en el segundo aliado estratégico más importante de la Unión Soviética (URSS) en América Latina, después de Cuba. Moscú financió armamento, entrenamiento militar, infraestructura y cooperación energética.
Durante esa década, Nicaragua recibió alimentos, tanques, helicópteros, radares, fusiles AK, asesoría militar y apoyo técnico soviético. El Ejército Popular Sandinista fue moldeado bajo doctrina soviética y miles de oficiales fueron entrenados en academias rusas.
La caída de la URSS debilitó la relación durante los años noventa, pero el vínculo resurgió con fuerza tras el retorno de Ortega al poder en 2007 y el ascenso global de Vladimir Putin.
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Desde entonces, Nicaragua se transformó progresivamente en el principal enclave político ruso en Centroamérica. Rusia instaló en Managua la estación satelital GLONASS, oficialmente presentada como un centro de monitoreo satelital para prevención de desastres y lucha antidrogas, pero señalada por expertos estadounidenses y opositores nicaragüenses como una plataforma de espionaje electrónico.
El informe de Expedienté Público sostiene que oficiales rusos instalaron además sistemas de interceptación de señales en al menos nueve bases militares nicaragüenses, incluyendo Cerro Mokorón, Cosigüina, Bilwi, Peñas Blancas y Las Manos. Según la plataforma nicaragüense Confidencial, la base de Mokorón opera como el principal centro de espionaje ruso en América Latina y utiliza el sistema SORM-3, una sofisticada tecnología de interceptación de comunicaciones.
Para el investigador Douglas Farah, analista de seguridad y consultor de IBI Consultants, “Nicaragua es el centro más visible de la vigilancia rusa en Latinoamérica”. El estudio agrega que Rusia ha proporcionado tecnología de vigilancia “vital para la supervivencia de los regímenes represivos en Nicaragua, Venezuela y Cuba”.
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“La apuesta principal de Nicaragua es enviarle un mensaje contundente y directo a los Estados Unidos de que Ortega no está solo y la Casa Blanca no puede actuar libremente en su contra porque sus aliados extraregionales no lo van a permitir”, indica Meléndez.
Otro paso decisivo ocurrió en 2024 con la aprobación del Centro de Instrucción Policial Ruso en Managua. El acuerdo, ratificado por la Asamblea sandinista con trámite de urgencia, concede inmunidad a funcionarios rusos y establece que las instalaciones pertenecerán a la Federación Rusa durante diez años. Ortega llegó incluso a afirmar públicamente que el centro serviría para “enfrentar mejor a los golpistas”, término utilizado por el régimen para referirse a los manifestantes de abril de 2018.
En paralelo, Nicaragua se convirtió en uno de los aliados diplomáticos más leales de Moscú. Managua respaldó públicamente la invasión rusa a Ucrania y reconoció como legítima la anexión de territorios ucranianos ocupados por el Kremlin. En septiembre de 2025, Laureano Ortega Murillo firmó un acuerdo de cooperación económica con la autoproclamada “República Popular de Donetsk”, territorio ocupado ilegalmente por Rusia.
La decisión colocó a Nicaragua entre los escasos países del mundo que validan la ocupación rusa de territorios ucranianos. Ucrania respondió rompiendo relaciones diplomáticas con Managua y calificó a Ortega de “títere” de Putin.
Pero quizás el elemento más delicado sea el acuerdo marco de cooperación militar ratificado definitivamente este mes por el Senado ruso. El convenio establece intercambio de inteligencia, entrenamiento conjunto, cooperación en guerra radioelectrónica, protección radiológica y coordinación militar permanente. Además, incluye una cláusula de “protección jurisdiccional especial” que blinda a militares rusos frente a la justicia nicaragüense.
El opositor Félix Maradiaga calificó el acuerdo como “la formalización de un proyecto político inadmisible: la conversión de Nicaragua en un estado satélite de Vladimir Putin”. Para Brian Nichols, subsecretario de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, la autorización permanente de tropas rusas constituye una “provocación”.
La apuesta del régimen Ortega-Murillo es múltiple. Primero, busca blindaje político internacional frente al creciente aislamiento occidental y las sanciones. Rusia se ha convertido en uno de los pocos aliados con capacidad de veto en organismos internacionales y con disposición a respaldar diplomáticamente al orteguismo.
Segundo, el régimen obtiene cooperación en inteligencia, vigilancia y control interno. Tras las protestas de 2018, Ortega y Murillo apostaron por fortalecer los mecanismos represivos y tecnológicos del Estado. Diversos informes sostienen que Rusia ayudó a profesionalizar estructuras de vigilancia y represión policial utilizadas contra opositores.
Tercero, Nicaragua ofrece a Rusia una plataforma política y estratégica en el hemisferio occidental. El propio Laureano Ortega ha definido a Nicaragua como “el aliado estratégico de Rusia en Centroamérica” y como una “plataforma regional de Rusia en todos los ámbitos”.
La dimensión económica, sin embargo, sigue siendo relativamente limitada. El comercio bilateral ronda los 120 millones de dólares anuales y está dominado por exportaciones rusas de fertilizantes, maquinaria y productos químicos. El informe de Expediente Abierto sostiene que la relación económica es “asimétrica, limitada e intermitente”, con escasa profundidad estructural.
Eso explica por qué Moscú apuesta más por influencia política, militar y propagandística que por inversiones masivas. El propio informe concluye que Rusia desarrolla en Nicaragua una asociación “low cost” (barata), basada principalmente en seguridad, propaganda y cooperación estatal.
El acercamiento también tiene un fuerte componente dinástico. Laureano Ortega Murillo se consolidó como el principal operador internacional del régimen para Rusia y China. Aunque formalmente ocupa el cargo de asesor presidencial para inversiones y cooperación, en la práctica funciona como canciller paralelo y emisario familiar.
Daniel Edmundo Ortega Murillo, mientras tanto, dirige la dimensión comunicacional de la alianza. Bajo su estructura operan los medios oficiales y las plataformas que reproducen contenidos de RT y Sputnik, construyendo una narrativa antiestadounidense y favorable al Kremlin.
La nueva oleada de acuerdos firmados en mayo convierte a Nicaragua en una pieza funcional dentro de la estrategia global rusa para ampliar presencia en América Latina, mientras Ortega y Murillo utilizan a Moscú como sostén político, militar y tecnológico para garantizar la supervivencia de su régimen.
“Putin utiliza el territorio nicaragüense para proyectar poder hacia Washington en la idea que tienen la capacidad de interferir de forma indirecta en la estabilidad de la región a través de la cooperación en inteligencia, ciberseguridad, manipulación del ecosistema digital y el uso dual de tecnologías como la estación satelital GLONASS”, dice el analista Javier Meléndez.
“Moscú valora a Ortega como un agente disruptivo y molesto para la seguridad nacional de los Estados Unidos en su propio entorno geográfico”, concluye.