La residencia oficial de la Presidencia de Nicaragua, conocida como la Casa de los Pueblos, ha dejado de ser un escenario de poder y toma de decisiones para convertirse en un salón de eventos privados, incluidos bailes y bodas. El cambio de uso de este emblemático inmueble, determinado tras la negativa del presidente Daniel Ortega a ocuparlo desde su regreso al poder en 2007, ha generado controversia y cuestionamientos sobre su legalidad, transparencia y significado institucional.
La investigación y recopilación de datos, publicada por el medio Artículo 66 de Nicaragua esta semana, aporta evidencia sobre la explotación comercial de este espacio, cuyo valor histórico trasciende la mera función de salón de fiestas.
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Según Artículo 66, la transformación de la Casa de los Pueblos quedó evidenciada en un video difundido en la red social TikTok por Bayardo Cruz, organizador de eventos y miembro de la plataforma sandinista Nicaragua Diseña. Cruz, quien también es ejecutivo de ventas del Centro de Convenciones Olof Palme, mostró la celebración de una boda el pasado 25 de abril en la antigua residencia presidencial. El registro visual exhibe el inmueble acondicionado con mesas para banquete, música en vivo, DJ y hasta la presencia de una gigantona como parte del espectáculo, elementos que confirman su uso como salón para fiestas privadas.
El edificio, reconstruido a finales de los años 90 tras los daños sufridos por el terremoto de 1972, fue financiado con una donación de USD 10 millones del gobierno de Taiwán durante la administración de Arnoldo Alemán. Posteriormente, fue utilizado por el expresidente Enrique Bolaños, pero tras la llegada de Ortega al poder, este decidió no usarlo como residencia oficial, trasladando las funciones presidenciales a su vivienda privada en El Carmen, que también funciona como sede del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
La administración de Ortega prometió en su momento convertir la antigua residencia en una guardería infantil, iniciativa que nunca se concretó, al igual que otras propuestas para darle un uso cultural o institucional. A lo largo de los años, el inmueble rebautizado como Casa de los Pueblos fue escenario de actos oficiales, reuniones diplomáticas y encuentros partidarios, así como de reuniones de Ortega con empresarios. Sin embargo, la evidencia más reciente indica que ahora forma parte de la oferta comercial del Centro de Convenciones Olof Palme para la realización de eventos sociales y privados.
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No existe información pública sobre el proceso de contratación, los beneficiarios de los ingresos ni los criterios para acceder a la renta de este inmueble, de acuerdo con Artículo 66.
El mismo medio señala que la opacidad que rodea la administración y el manejo de los recursos obtenidos por el alquiler de la antigua casa presidencial ha sido señalada por activistas opositores como Israel Lewites y el abogado Juan Diego Barberena. Lewites advierte que la utilización de la residencia para fiestas evidencia el abuso y la falta de transparencia del régimen sandinista en el manejo de bienes públicos. Por su parte, Barberena subraya que este uso podría contravenir la Ley 169 de Nicaragua, que establece la inalienabilidad de los bienes públicos y su destinación exclusiva al interés general, no a negocios privados.
Barberena advirtió que están utilizando a discrecionalidad un bien del Estado para fines privados en el marco de un negocio, como un arrendamiento. Asimismo recalca que la ley exige procedimientos, licitación pública y, en ciertos casos, aprobación parlamentaria, nada de lo cual se conoce en este caso.
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La gestión de la Casa de los Pueblos como salón de eventos privados no solo plantea interrogantes legales, sino que representa una degradación simbólica de un espacio concebido para albergar la institucionalidad del Estado.
El edificio, construido con fondos de cooperación internacional, opera ahora sin transparencia, bajo el control de estructuras vinculadas al poder político y a operadores cercanos a la familia Ortega-Murillo, como lo evidencia la participación de Bayardo Cruz, allegado a Camila Ortega y Rosario Murillo.
La antigua casa presidencial se ha transformado así en un espacio de negocios privados, reflejando la opacidad y los intereses particulares que caracterizan la actual administración. El destino de los fondos generados, los criterios de acceso y la legalidad de este modelo de explotación permanecen sin respuesta, mientras un símbolo estatal se ve reducido a escenario de celebraciones sociales alejadas de su propósito original.
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