El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a siete empresas mineras de Nicaragua, señaladas por canalizar recursos que, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), fortalecen la posición política de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según información de Diario CONFIDENCIAL 30, el sector minero fue reorganizado mediante la creación de “empresas fachada” y la realización de “traspasos irregulares” para lavar activos sancionados y aprovechar las reservas de oro, facilitando así la obtención de ingresos a pesar de las restricciones internacionales.
Las medidas de sanción, anunciadas por el Tesoro estadounidense, buscan interrumpir el acceso del régimen a fondos provenientes de la minería, al identificar operaciones que incluyen confiscación de activos de inversores extranjeros y triangulación de concesiones mineras entre distintas compañías, muchas de ellas de capital chino.
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Detalles de las empresas y el alcance de las sanciones
- Brother Metal S.A. se constituyó en Nicaragua con capital chino e ingresó al sector minero en febrero de 2025. En su primer año obtuvo catorce concesiones, sumando un total de 208.959 hectáreas ubicadas en Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. La OFAC resaltó que la empresa recibió estos derechos a pesar de contar con “poca o ninguna experiencia” en la exploración de oro. Además, dos de sus concesiones le fueron transferidas por la firma El Porvenir Murra S.A.
- Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A., también de capital chino y registrada en Managua, aparece en registros públicos desde marzo de 2024, cuando recibió su primera concesión. Actualmente mantiene once concesiones que suman 113.300 hectáreas en Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales y ambas regiones autónomas del Caribe. Entre principios y mediados de 2025, exportó más de USD 25 millones en oro a Estados Unidos. Durante 2025, transfirió concesiones a otras empresas chinas, como Linze Excelente Minería S.A. y Jinrun Huaxia Internacional Minería S.A.
- Thomas Metal S.A. ingresó al sector en noviembre de 2023 y se consolidó como la empresa con mayor superficie bajo concesión, con diecisiete lotes que totalizan 228.272 hectáreas en Chinandega, RACCN, RACCS, Río San Juan, Nueva Segovia y Matagalpa. Una de las concesiones fue cedida por la sancionada Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa), en una operación facilitada por su representante legal, también sancionado.
- Zhong Fu Development S.A. fue constituida en Managua en 2023 y mantiene ocho concesiones por 150.431 hectáreas en Chinandega, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, tras haber transferido cinco concesiones a otras empresas chinas, como Waslala Mine S.A. y Y.M. Mining Company S.A. Esta empresa fue señalada, junto a Santa Rita Mining Company S.A., por su vinculación directa con la confiscación de las instalaciones de BHMB Mining Nicaragua S.A., propiedad de inversionistas estadounidenses.
- Santa Rita Mining Company S.A. es de capital chino y cuenta con una concesión minera desde 2019, que abarca 3.356 hectáreas en el Caribe Norte. La OFAC la incluyó en las sanciones por su implicación directa en la expropiación de activos estadounidenses.
- Exportadora de Metales S.A. (EMSA), con sede en Managua, es descrita como una “herramienta clave” del régimen para recolectar y fundir oro sin refinar en seis ubicaciones distintas. El oro se vende a granel, principalmente a Estados Unidos, y las ganancias se transfieren a una cuenta bancaria en Managua. Según Estados Unidos, esos fondos podrían haber servido para equipar, entrenar y pagar a grupos paramilitares subordinados al régimen.
- Grupo Minero Xiloa S.A. (Grumixa) ganó protagonismo tras las sanciones a otras firmas en 2024. Se dedicaba a comprar oro artesanal en efectivo, procesarlo y exportarlo mediante una red de empresas aliadas, usando el sistema financiero estadounidense para legitimar fondos. Diario CONFIDENCIAL 30 destaca que los recursos obtenidos por Grumixa podrían ser utilizados para financiar operaciones que sostienen la maquinaria política y de seguridad del gobierno.
Con estas sanciones, el Tesoro de Estados Unidos pretende cortar los flujos de capital que sostienen al régimen nicaragüense, revelando una estructura de transferencias, triangulación y participación de empresas extranjeras en el sector aurífero, así como la implicación de exfuncionarios de entidades previamente sancionadas.
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