El congelamiento del precio de los combustibles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene vigente desde abril de 2022 sitúa a Nicaragua en una posición de precios elevados para la gasolina y el diésel, a pesar del descenso internacional del precio del petróleo en los últimos años y ahora en el marco de la crisis en Medio Oriente. Esta política, que estará vigente al menos hasta finales de marzo de 2026, incrementa los costos económicos estructurales y genera consecuencias directas en la población y los sectores productivos, según un análisis del medio Centroamérica360.
Los combustibles continúan congelados semanalmente por disposición del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), aun cuando en los mercados internacionales el barril de crudo se ubicó entre USD 60 y 90 en el periodo 2023-2025. Sin embargo, debido a la crisis en Medio Oriente, el barril de petróleo ha llegado a sobrepasar los USD 100.
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En marzo de 2026, el costo del galón de gasolina ronda USD 5.05 en Nicaragua, mientras que en Panamá el valor registrado es de USD 3.59 y en El Salvador de USD 3.84. El país solo se ubica por detrás de Belice o, en ocasiones, de Costa Rica, como precisa el medio.
El régimen nicaragüense justifica la medida como un mecanismo para “amortiguar el impacto de las fluctuaciones internacionales” y sostiene que el Estado “asume la diferencia” entre el precio internacional y el interno para evitar variaciones frecuentes que puedan afectar a las familias y los sectores productivos. El presidente del INE, José Castañeda, ha declarado en la prensa estatal que esta política permite a empresas y hogares “planificar sus presupuestos sin incertidumbre”.
El congelamiento del precio de los combustibles se implementó tras el aumento del precio del petróleo impulsado por la invasión rusa de Ucrania en 2022, cuando el barril superó los USD 120. Entonces se fijaron tarifas de 185.10 córdobas (USD 5.1) para la gasolina súper, 180.72 córdobas (USD 5.06) para la regular y 163.33 córdobas (USD 4.57) para el diésel, según datos del INE citados por Centroamérica360.
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Las consecuencias del congelamiento se reflejan principalmente en el mantenimiento de precios que funcionan como base para los costos de producción, transporte y distribución de bienes, con incidencia en la cadena agroalimentaria.
Según la publicación, el economista Enrique Sáenz expresó en Café con Voz, programa periodístico nicaragüense en el exilio conducido por Luis Galeano, que la tarifa se fijó en un punto que no refleja las bajas internacionales: “el congelamiento se estableció en un punto elevado y no refleja las reducciones internacionales”.
En la práctica, la medida influye directamente en el precio de alimentos sujetos al transporte terrestre, como frijoles, hortalizas y lácteos, cuyo costo resulta más alto que en países vecinos. Las actividades agrícolas que emplean diésel para sistemas de riego y maquinaria no logran reducir sus gastos, lo que impide que los consumidores perciban una baja en el costo de vida aunque el precio del petróleo internacional descienda.
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En países como Guatemala o El Salvador, los valores del mercado internacional suelen trasladarse a una reducción de precios en el transporte y los productos básicos.
Distribución, transparencia y márgenes por congelamiento de precios
Expertos consultados por Centroamérica360 advierten que la política de precios congelados favorece a las empresas distribuidoras de combustibles. Durante el periodo 2022-2026, estas empresas consiguieron márgenes importantes al adquirir el producto a precios internacionales más bajos y venderlo con las tarifas establecidas desde el pico de 2022. Estimaciones independientes citadas en el medio calculan ganancias acumuladas en el sector por más de USD 360 millones, aunque no existen registros oficiales desglosados que permitan comprobar esta cifra.
Analistas también destacan la opacidad en la fórmula oficial que determina los precios, bajo control directo del Ejecutivo, sin reformas legales públicas ni sistemas independientes de fiscalización. Las críticas apuntan a que el modelo combina subsidio estatal con la ausencia de traslado real de las rebajas internacionales a los consumidores.
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El régimen sostiene que, sin subsidio estatal, el galón de gasolina podría superar los 200 córdobas, con repuntes de hasta 250 córdobas en periodos de mayor tensión internacional, según información del medio.
No obstante, sectores económicos y especialistas insisten en que la ausencia de ajustes a la baja reduce la capacidad de consumo y afecta el poder adquisitivo nacional, con referencia a indicadores regionales de salario y consumo.
El congelamiento de los combustibles continúa como una de las políticas económicas bajo mayor escrutinio del régimen Ortega-Murillo, según reportes de Centroamérica360 y organizaciones independientes, que fundamentan sus cuestionamientos en análisis de comparabilidad regional, transparencia y efectos en el consumo interno.
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