El Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) de Nicaragua autorizó la importación libre de impuestos de 4,972 toneladas métricas de arroz granza y 1,743 toneladas métricas de leche en polvo, con el objetivo de suplir la escasez de ambos productos en el país centroamericano.
Los nuevos contingentes arancelarios podrán ser cubiertos con compras a cualquier nación miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), según los acuerdos ministeriales difundidos en el Diario Oficial La Gaceta. El permiso para importar estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Dirección General de Comercio Exterior será responsable de la administración de los contingentes, a través de la Dirección de Aplicación y Negociación de Acuerdos Comerciales, detalló el Mific. El proceso de adjudicación se aplicará bajo el criterio de “primero en tiempo, primero en derecho” hasta agotar el volumen definido.
Condiciones de la importación de arroz y leche
Quienes soliciten estos cupos deben ser personas naturales o jurídicas domiciliadas en Nicaragua que hayan registrado importaciones entre 2022 y 2024, o nuevos importadores radicados en el país que no posean récord previo. Para el arroz, la importación exigirá que por cada unidad adquirida del exterior se compre también una igual de producción nacional. La entidad aclaró que ninguna asignación podrá superar el volumen demandado ni ser inferior al umbral comercialmente viable, establecido en 20 toneladas métricas.
Régimen de Ortega y su choque con la FAO ante la crisis alimentaria en Nicaragua
En febrero de 2025, el régimen de Ortega anunció su decisión de abandonar la FAO tras la publicación de un informe de Naciones Unidas que señalaba un deterioro grave en la seguridad alimentaria del país. El documento detalla que el 19.6% de la población nicaragüense —cerca de 1.3 millones de personas— enfrenta hambre, una situación que afecta de manera particular a mujeres y niños, y coloca a Nicaragua como el país con el acceso a alimentos más caro y el salario mínimo más bajo de América Latina y el Caribe, según la FAO.
La medida, anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores Valdrack Jaentschke, respondía a lo que el Ejecutivo consideraba una intromisión política y el uso de información no validada por las autoridades nacionales, según informó Infobae.
Al señalar los motivos de esta decisión, Jaentschke calificó el informe como “carente de objetividad, rigor metodológico, con información falsa, tendencia injerencista y agresiva, mal intencionado y con fines políticos”, rechazo que condujo al cierre “inmediato” de la oficina de la FAO en el país, según sus declaraciones recogidas por Infobae.
El funcionario agregó que los datos del organismo internacional nunca fueron consultados ni validados por instituciones nacionales y criticó que su publicación tiene la intención de desprestigiar al Gobierno y sus políticas en materia de pobreza y seguridad alimentaria.
El informe, elaborado conjuntamente por la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (WFP), revela que el porcentaje de población en situación de hambre aumentó respecto al período 2018-2020, cuando se situaba en 17.8% (unos 1.1 millones de personas). Este incremento equivale a 100,000 nuevos afectados por inseguridad alimentaria en solo cuatro años.