El Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció las medidas financieras contra el núcleo familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Identificó explícitamente a sus hijos como objetivos prioritarios de sanciones internacionales, en paralelo al avance de propuestas legislativas diseñadas para restringir los canales de financiación de la represión en Nicaragua, según informó el U.S. Treasury Department.
La política de presión financiera sobre Nicaragua sigue un patrón reforzado desde 2019, año en que la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP) y su red de operadores familiares fueron catalogados como sujetos de sanciones, conforme a datos de Reuters.
El precedente mostró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) priorizó sociedades y mecanismos empresariales, entre los que sobresalen empresas como El Goliat, identificadas por el Tesoro como estructuras que generan recursos para la represión estatal.
El Congreso estadounidense avanza con la Restoring Sovereignty and Human Rights in Nicaragua Act of 2026, impulsada por María Elvira Salazar y Chris Smith. La iniciativa contempla intensificar las sanciones, prohibir inversiones estadounidenses en sectores estratégicos y coordinar vetos con la Unión Europea.
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La ley propone restringir exportaciones esenciales, como oro y textiles, para debilitar los últimos motores económicos del régimen. Además, los organismos multilaterales recibirían instrucciones de suspender toda asistencia financiera y se implementarán programas para documentar violaciones cometidas desde abril de 2018.
El control empresarial familiar como mecanismo de represión
De acuerdo con el U.S. Treasury, las operaciones de Rafael, Camila y Juan Carlos Ortega Murillo al frente de conglomerados empresariales han mantenido una relación directa con la provisión de servicios a instituciones estatales.
El Goliat, bajo su gestión, ha monopolizado contratos de seguridad y vigilancia, funcionando como “caja chica” de la familia presidencial. Un consultor financiero exiliado, citado por Reuters, alertó: “Ninguna entidad financiera global quiere verse involucrada con empresas que el Tesoro de EE. UU. califica como lavadoras de dinero”.
Medios y propaganda oficialista bajo el control de los Ortega Murillo
El medio The New York Times reveló que Camila y Juan Carlos Ortega Murillo ejercen control absoluto sobre Canal 13 (Viva Nicaragua) y Difuso Communications.
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Ambas firmas, señaladas como ejes de propaganda por el gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea, han desarrollado campañas de desinformación y silenciamiento de la disidencia, utilizando recursos estatales y fondos de publicidad oficial. El acceso a información independiente resultó prácticamente nulo bajo este esquema de control mediático.
En febrero, se renovaron sanciones europeas contra 21 altos cargos nicaragüenses, entre ellos miembros de la familia presidencial. Según El País, estas medidas bloquearon cuentas bancarias en euros y prohibieron su ingreso a territorio de la Unión Europea.
Analistas económicos describen estos movimientos como el inicio de una “muerte financiera letal” para los Ortega Murillo y advierten de crecientes riesgos legales para entidades financieras extranjeras que operan con sus redes comerciales.
La presión legislativa y sancionatoria contra la familia presidencial de Nicaragua marca un punto de inflexión en el aislamiento global del país. El seguimiento internacional sobre las operaciones de los hijos de Ortega y Murillo se mantiene como una de las principales herramientas para intentar frenar la represión y restaurar condiciones democráticas, según coinciden distintas fuentes diplomáticas y financieras consultadas por The Washington Post y Reuters.
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