
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación derogó ocho resoluciones fitosanitarias que databan de entre 1992 y 2013, en el marco de un proceso de simplificación normativa impulsado por el Gobierno nacional. La medida quedó oficializada a través de la Resolución 114/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La norma alcanza disposiciones vinculadas al comercio exterior de productos agropecuarios que, según el propio texto oficial, ya habían perdido vigencia práctica frente a los controles sanitarios y aduaneros vigentes en la actualidad para el sector agroexportador.
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El organismo explicó que las normas eliminadas respondían a contextos regulatorios superados, ya sea porque cumplieron el objetivo para el que fueron dictadas o porque fueron reemplazadas por herramientas más modernas de trazabilidad y control sanitario. La decisión se enmarca en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que impulsa la reducción de cargas administrativas en la gestión pública.
Qué disposiciones quedaron sin efecto
Entre las normas derogadas figura la Resolución 878/1992, que extendía por 180 días el plazo para implementar la Autorización Fitosanitaria de Importación (AFIDI), un mecanismo cuyo objeto ya se había cumplido íntegramente. También cayó la Resolución 99/1994, que restringía el ingreso de bananas con determinadas plagas cuarentenarias a la región del Noroeste argentino.
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Se eliminaron además las Resoluciones 648/1994 y 715/1994, que fijaban requisitos fitosanitarios para importar maquinaria agrícola usada y papa semilla, respectivamente, mediante autorizaciones previas hoy reemplazadas por esquemas de evaluación más ágiles. La lista se completa con la norma que exigía el Cuaderno Fitosanitario manual para productores de manzana y pera, sustituido por sistemas digitales de registración.
Otras dos resoluciones abrogadas regulaban los límites de residuos de agroquímicos en productos frescos, incorporados originalmente desde el Mercosur, y las exigencias sanitarias para el tránsito de banano en Formosa y Misiones. Por último, se derogó la norma que había acotado geográficamente a Salta y Jujuy la restricción de 1994, quedando sin sustento jurídico al caer la disposición principal que le daba origen.
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Un ordenamiento jurídico más simple
El fundamento oficial sostiene que el régimen fitosanitario nacional atravesó en las últimas tres décadas una evolución técnica e institucional profunda, con la incorporación de análisis de riesgo, certificaciones electrónicas y mecanismos de fiscalización que dejaron obsoletos los procedimientos manuales originales. La medida busca así consolidar un digesto normativo actualizado y accesible para toda la cadena agroalimentaria.
Según se detalla en los considerandos, la abrogación no afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas ya consolidadas, y tampoco altera la validez de los actos administrativos dictados durante la vigencia de las normas eliminadas. La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación oficial, sin período de transición adicional.
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Impacto en la logística agroexportadora
Para el comercio exterior, la depuración normativa apunta a reducir la dispersión regulatoria que dificulta identificar qué disposiciones están efectivamente vigentes, un problema recurrente para exportadores, despachantes y organismos de control que deben verificar el cumplimiento de requisitos sanitarios en cada operación. Un marco más claro reduce tiempos de consulta y riesgos de interpretación en los trámites aduaneros.
Si bien las normas derogadas ya habían perdido aplicación efectiva, su eliminación formal aporta previsibilidad jurídica a sectores agroexportadores sensibles al cumplimiento sanitario, como frutas frescas, hortalizas y productos con destino a mercados exigentes. La actualización se suma a un proceso más amplio de modernización del Estado que incluye la digitalización de trámites y certificados fitosanitarios.
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La depuración de normas obsoletas se proyecta como parte de una tendencia sostenida: en la medida en que el Gobierno continúe revisando el cuerpo normativo agropecuario, se espera que el marco regulatorio gane coherencia y agilidad, factores que inciden directamente en la competitividad logística del agro argentino frente a mercados internacionales cada vez más exigentes en materia sanitaria.
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