El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de sus procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo de 2016 a 2026, en medio de los señalamientos sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo.
La decisión fue aprobada por el Consejo General del INE este 5 de noviembre, como parte de un conjunto de medidas para reforzar los mecanismos de control interno, la transparencia y la rendición de cuentas, así como garantizar la conservación de documentos relacionados con los procedimientos administrativos.
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A través de un comunicado, el instituto informó que colaborará con las autoridades fiscalizadoras y entregará la información que sea requerida para facilitar las revisiones.
No obstante, precisó que corresponderá exclusivamente a la ASF establecer el alcance, la muestra y los procedimientos de auditoría que considere pertinentes.
INE plantea revisar contrataciones y padrón de proveedores
Entre las acciones aprobadas también se encuentra la revisión del padrón de proveedores del organismo electoral, la elaboración de un inventario institucional de adquisiciones y la habilitación de un mecanismo para recibir información relacionada con posibles hallazgos.
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El acuerdo contempla, además, solicitar información a otras autoridades, dentro de sus respectivas atribuciones, y evaluar medidas adicionales para fortalecer los procedimientos de contratación y supervisión.
Otro de los puntos establecidos es la preservación inmediata de la documentación física y electrónica vinculada con las adquisiciones, arrendamientos y servicios del instituto, con el objetivo de mantener disponibles los antecedentes necesarios para las investigaciones.
El INE señaló que cualquier determinación sobre posibles irregularidades o responsabilidades deberá realizarse mediante los procedimientos previstos en la legislación, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
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Consejerías piden fortalecer la fiscalización del INE
Durante la discusión del acuerdo, la consejera electoral Carla Humphrey Jordan respaldó la revisión integral y consideró necesario que los procedimientos de adquisiciones sean examinados sin dejar aspectos pendientes.
La consejera sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y qué acciones emprende la institución ante posibles incumplimientos administrativos.
También planteó la necesidad de modificar prácticas en la gestión de los recursos del organismo, al señalar que se deben privilegiar los procedimientos de licitación frente a las adjudicaciones directas.
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Por su parte, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias de vigilancia y control institucional, incluida la intervención de la ASF.
Asimismo, planteó la importancia de establecer mecanismos para detectar posibles riesgos de corrupción y presentar las denuncias que correspondan.
También hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que valore las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones del artículo 19 constitucional relacionadas con delitos de corrupción.
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INE prepara plan para garantizar las elecciones de 2027
Además de la revisión de sus contrataciones, el Consejo General aprobó la elaboración de un Plan de Acción Crítico para asegurar que continúen los procedimientos administrativos indispensables para el funcionamiento del organismo.
Esta estrategia busca garantizar que las adquisiciones y los servicios necesarios para organizar el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027 puedan realizarse sin comprometer las actividades institucionales.
La medida se presenta en un contexto de cambios en la estructura directiva del INE y de revisiones sobre sus procedimientos de contratación, mientras avanzan los preparativos para los próximos comicios.
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Entre los principales objetivos del plan se encuentran:
- Garantizar la continuidad de las contrataciones necesarias para el proceso electoral 2026-2027.
- Reforzar los mecanismos de control y supervisión institucional.
- Preservar la documentación física y electrónica de los procedimientos.
- Facilitar la entrega de información a las autoridades fiscalizadoras.
- Fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
Auditoría al INE ocurre tras renuncia de Guadalupe Taddei
La solicitud de revisión integral se produce durante la crisis institucional que atraviesa el organismo electoral, luego de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia y de la salida de 15 funcionarios y trabajadores de confianza.
Tras la salida de Taddei, el Consejo General designó a Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento para nombrar a quien ocupará definitivamente el cargo.
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La crisis también está relacionada con los cuestionamientos a los procesos de contratación del instituto.
El 24 de octubre, el INE informó que la ASF había iniciado una investigación de oficio sobre sus procedimientos de licitación.
En los días posteriores, el organismo anunció revisiones administrativas, cambios en su estructura y la salida de personal adscrito a la oficina de la Presidencia.
La presidenta provisional también informó que se evaluaría la permanencia de integrantes de la Junta General Ejecutiva y titulares de unidades técnicas.
En este escenario, la nueva solicitud busca ampliar la revisión de las adquisiciones realizadas durante una década, de 2016 a 2026.
Mientras avanzan las auditorías y las medidas internas, el INE deberá mantener sus actividades administrativas y electorales para cumplir con la organización de los comicios federales de 2027.
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