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Graciela Domínguez hace cambios en el gobierno de Sinaloa: deja su cargo Yeraldine Bonilla, cercana a Rocha Moya

La salida de la funcionaria forma parte de los cambios que ha realizado la gobernadora que sustituyó a Rubén Rocha Moya

Yeraldine Bonilla se va del gobierno de Sinaloa. (Foto: X/@YeralBonillaV)

Yeraldine Bonilla Valverde deja el cargo como titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Sinaloa, el cambio se suma a los que ha hecho la mandataria interina Graciela Domínguez, quien asumió funciones luego de que Rubén Rocha Moya pidiera una segunda licencia al cargo.

La decisión fue tomada la mañana de este miércoles 11 de noviembre de 2026 y todo apunta a que regresará a sus funciones como diputada en el Congreso local. Cabe destacar que, Bonilla Valverde fue la primera gobernadora interina que tuvo Sinaloa tras las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Rocha Moya, funcionarios y exservidores de la misma administración.

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Esta salida, se suma a los movimientos internos que han dejado fuera a funcionarios cercanos al mandatario con licencia. Antes de que terminara octubre, fue anunciada la designación de Mercedes Ibarra como presidenta del Sistema DIF estatal, quien relevó a la hija del morenista, Eneyda Rocha Ruiz.

A través de un comunicado, se dio a conocer que César Julio Saucedo Barrón fue nombrado nuevo secretario general de Gobierno, a quien Domínguez Nava le tomó protesta.

De diputada a gobernadora interina de Sinaloa

El pasado 2 de mayo, Yeraldine Bonilla se convirtió en la primera mujer gobernadora de Sinaloa, aunque de manera interina, durando alrededor de cuatro meses en el cargo. Las acusaciones en contra de Rocha Moya, quien es vinculado a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, es lo que motivó el primer cambio en el Ejecutivo estatal.

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Yeraldine Bonilla se va del gobierno de Sinaloa. (Foto: X/@YeralBonillaV)

Antes de que se sumara al gobierno estatal, se convirtió en diputada local por segunda ocasión en 2024, representando a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), sin embargo, dejó el encargo para sumarse al gobierno rochista como secretaria general de gobierno.

La política cercana a Rocha Moya es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Entre 2021 y 2024 se desempeñó como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo, así como encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Administración de Yeraldine Bonilla estuvo marcada por señalamientos

Durante los meses que Bonilla Valverde se mantuvo al frente del gobierno de Sinaloa fue señalada por inconsistencias y decisiones polémicas que acompañaron su interinato.

El 13 de mayo, la legisladora desmintió un reportaje de la revista Proceso que ubicaba a Rocha Moya resguardado en el Palacio de Gobierno de Culiacán, bajo vigilancia aérea con drones y un helicóptero tipo Little Bird. La funcionaria sostuvo que el exmandatario se encontraba en su casa y gozaba de buena salud, versión que contradijo el reporte de inteligencia citado por el semanario.

El 18 de junio, en su función como gobernadora interina firmó ante el Congreso de Sinaloa la solicitud de pensión por retiro anticipado para Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de recibir sobornos de Los Chapitos.

Yeraldine Bonilla solicitó la pensión anticipada de Alberto Jorge Contreras Núñez, acusado por Estados Unidos de vínculos con Los Chapitos. (Foto: Especial)

El monto de la pensión asciende a 67 mil 477.75 pesos mensuales, en un documento con membrete oficial del Gobierno del Estado que generó cuestionamientos por el momento político en que fue presentado.

Estos son los acusados de colusión con el Cártel de Sinaloa en la administración de Rocha Mota

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicas las acusaciones contra 10 funcionarios de Sinaloa —activos, con licencia y en retiro— por presuntos vínculos con Los Chapitos.

El expediente señala que los implicados recibieron sobornos a cambio de protección institucional, logística territorial y filtración de información sobre operativos respaldados por Estados Unidos.

  • Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia. Acusado de conspiración para narcotráfico y posesión de armas automáticas. Según el expediente, Los Chapitos lo ayudaron a llegar al poder en 2021 mediante secuestros e intimidación contra sus rivales.
  • Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa. Se le imputa haberse reunido con líderes de Los Chapitos para acordar planes de protección a cambio de favores políticos.
  • Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (noviembre de 2021 a septiembre de 2024). Vinculado a la red de protección financiera al cártel durante su gestión.
  • Dámaso Castro Zaávedra, subprocurador de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Habría recibido alrededor de 11 mil dólares mensuales del cártel a cambio de proteger a sus miembros.
  • Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal (2017-2022). Acusado de los mismos tres cargos que el resto del grupo.
  • Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, excomisario general de la Policía de Investigación. Habría recibido 16 mil dólares mensuales entre noviembre de 2022 y febrero de 2026, y ordenado la liberación de miembros de Los Chapitos detenidos.
  • Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa. Imputado por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
  • José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa.
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia. Señalado de ordenar a corporaciones policiales estatales y municipales proteger cargamentos de droga.
  • Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Varios funcionarios de la administración rochista fueron acusados de nexos con Los Chapitos. (Foto: Jesús Aviles / Infobae México)

Todos los mencionados podrían recibir una sanción de entre 40 años y cadena perpetua en Estados Unidos, sin que hasta el momento, la administración de Donald Trump haya aportado pruebas al gobierno mexicano para proceder contra los acusados.

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